Policarpo

POLICARPO

Catolicismo, espacio público y oposición política. Chile 1981-1983

Martín Bernales Odino

Marcos Fernández Labbé

Editores

Este libro es producto del Fondecyt Regular 1170613, “Catolicismo y política.

Vocabulario conceptual, opinión pública y acción política desde una perspectiva comparada”.

Ediciones Universidad Alberto Hurtado

Alameda 1869 · Santiago de Chile

mgarciam@uahurtado.cl· 56-228897726

www.uahurtado.cl

Primera edición: diciembre 2021

El presente libro constituye el segundo volumen de un trabajo de investigación orientado a la recuperación de las revistas clandestinas No Podemos Callar y Policarpo, editadas por José Aldunate s.j.

Los libros de Ediciones UAH poseen tres instancias de evaluación: comité científico

de la colección, comité editorial multidisciplinario y sistema de referato ciego.

Este libro fue sometido a las tres instancias de evaluación.

ISBN libro digital: 978-956-357-344-2

Coordinador colección Historia

Daniel Palma Alvarado

Dirección editorial

Alejandra Stevenson Valdés

Editora ejecutiva

Beatriz García-Huidobro

Diseño de la colección y portada

Francisca Toral

Diagramación interior

Alejandra Norambuena

Imagen de portada

Manifestación por los derechos humanos. Fundación de Documentación

y Archivo de la Vicaría de la Solidaridad. Se agradece la generosa donación.

Diagramación digital: ebooks Patagonia

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Índice

Prefacio

Estudio preliminar. La revista clandestinaPolicarpo ante la consolidación de la Dictadura de Pinochet

Artículos

Cronología: 1981-1982

Bibliografía

Prefacio

El presente libro es el resultado del trabajo de investigación realizado durante el año 2020 por el Grupo de Estudios “Intervenciones Político-Religiosas en Dictadura” de la Universidad Alberto Hurtado. Para llevar a cabo su investigación, el Grupo de Estudios contó con el apoyo del Instituto de Teología y Estudios Religiosos (ITER), la Facultad de Filosofía y Humanidades y la rectoría de la Universidad.

Durante el año 2020 el Grupo de Estudios “Intervenciones Político-Religiosas en Dictadura” estuvo conformado por Juan Ignacio Sepúlveda, Stephan Ruderer, Enrique Rajevic, Félix A. Jiménez Botta, Boris Hau, Marcos Fernández Labbé, Juan Diego Galaz s.j., Pedro Espinosa s.j., María Soledad del Villar, y Martín Bernales Odino. Contó, además, con el indispensable trabajo de investigación de Mauricio Canals y Natalie Jeanmarie que permitió la realización de las notas al pie de página que conforman el aparato crítico del presente volumen, y de Alejandro Cisternas, quien transcribió minuciosamente los textos seleccionados. MarcosFernández Labbé y Martín Bernales Odino fueron los coordinadores del grupo de estudios y son los editores del presente volumen.

El libro consta de cuatro secciones. En la primera se presenta un estudio preliminar realizado por María Soledad del Villar y Enrique Rajevic Mosler donde se contextualizan históricamente los artículos seleccionados y se proponen claves de lectura. En la segunda se ofrece una selección de artículos publicados entre los años 1981 y 1983 en Policarpo. En la tercera se entrega una cronología que permitirá al lector tener información sobre los eventos más relevantes del período. En la cuarta, finalmente, se transcribe la bibliografía secundaria que los editores tuvieron presente para elaborar el aparato crítico que acompaña a los artículos seleccionados. Aunque la presente publicación no es facsimilar, hemos decidido respetar la ortografía utilizada por los artículos si ella es correcta según las reglas en uso al momento de su escritura. Sin perjuicio de ello, se corrigieron errores ortográficos y de concordancia entre el sujeto y las formas verbales cada vez que fueron detectados y se adicionaron sintagmas donde faltaban. En escasas ocasiones se agregaron frases usando [corchetes] para clarificar el sentido del texto.

Estudio preliminar. La revista clandestina

Policarpo ante la consolidación

de la Dictadura de Pinochet

María Soledad del Villar T.

Enrique Rajevic M.

De No Podemos Callar a Policarpo:

cambios en el contexto histórico y cambios en las revistas

La revista Policarpo, iniciada en julio de 1981, es la continuación de la revista No Podemos Callar (NPC ) que cambia su denominación “por razones de seguridad”, tras cinco años de clandestinidad (1975-1980) y 57 números. Según el director de ambas, el padre José Aldunate s.j., esto no alteró su identidad sustantiva, pues se trataba, a fin de cuentas, del mismo medio1.

Si se comparan ambas revistas puede apreciarse que Policarpo exhibe un mejoramiento de la calidad gráfica y un ligero aumento de la extensión de los ejemplares, con un promedio de 17 páginas, pero sigue siendo un texto sin mayores pretensiones en su diseño, reproducido a través de un mimeógrafo, al modo de un boletín de colegio, con una periodicidad mensual que se interrumpe cuatro veces en números que abarcan dos meses. Según José Aldunate, Policarpo adquiriría algunos matices propios: “Menos denuncias (había ya otras revistas), más eclesial, más teológica”2.

El último ejemplar de NPC llega a enero de 1981. Ignoramos qué ocurrió entre febrero y junio de ese año con el equipo de la revista —puede haber sido una opción ante la sensación de peligro que motivó el cambio de nombre a Policarpo3—, pero es evidente que constituyó un período difícil para quienes estaban en contra de la Dictadura de Augusto Pinochet, pues su oposición y malestar se estrellarían contra la aprobación plebiscitaria de la Constitución propuesta por la Junta Militar el 11 de septiembre de 1980, por un 67,04% de los votos. Por mucho que este acto estuviese rodeado de condiciones de ilegitimidad, su resultado constituía un fuerte espaldarazo comunicacional para el Gobierno y le permitía impulsar y consolidar la profunda transformación institucional que había iniciado tras el golpe. NPC lo reduce a un “balón de oxígeno” que permitiría a este último sortear algunos meses sin mayores crisis4. Pero, evidentemente, más que eso constituía la base para un cambio mucho más profundo y permanente que lo que expresaba o imaginaba el equipo de NPC. La Constitución de 1925, tras la reforma del Estatuto de Garantías Constitucionales de 1971, reconocía “el derecho a participar activamente en la vida social, cultural, cívica, política y económica con el objeto de lograr el pleno desarrollo de la persona humana y su incorporación efectiva a la comunidad nacional”, y exigía al Estado “remover los obstáculos que limiten, en el hecho, la libertad e igualdad de las personas y grupos”5. Apuntaba, así, al conseguir una igualdad material a través de la acción directa del Estado. La Constitución de 1980, en cambio, hablaría de “asegurar el derecho de las personas a participar con igualdad de oportunidades en la vida nacional”, exigiendo al Estado “contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible”, así como reconocer y amparar “a los grupos intermedios a través de los cuales se organiza y estructura la sociedad” garantizándoles “la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos”6. El foco es la igualdad formal y se abre paso a la gestión privada y con fines de lucro de servicios públicos que se proyectará, por ejemplo, en las pensiones, la salud o la educación. Dos concepciones muy diferentes, y cuya tensión ha quedado de manifiesto en el estallido social de 2019, pues la inequidad que han generado estos sistemas (pensiones, salud y educación) parece estar en el corazón de las protestas.

La llegada de 1981 empieza a evidenciar algunas de esas transformaciones. En enero se publican los decretos con fuerza de ley que reestructuran el sistema universitario, facilitando la creación de universidades privadas y desgajando de la Universidad de Chile sus sedes regionales y su instituto pedagógico, para luego transformarlos en un conjunto de universidades regionales y en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE). Esto desahucia el modelo de una universidad pública nacional y abre paso a uno nuevo que, aunque plagado de reformas, se ha consolidado al punto que en la actualidad apenas cerca del 27% de quienes estudian en la universidad lo hacen en instituciones estatales, correspondiendo el resto de la matrícula a universidades privadas7.

En marzo de 1981 entra en vigor la nueva Constitución, con un bombardeo de propaganda y promesas y las ceremonias de rigor8. Se reemplazaba el orden previo, ese que había terminado con La Moneda en ruinas y que era “consecuencia del desenfreno de la demagogia” que llevó al país “al desastre moral, político, social y económico”9, concretándose la promesa refundacional que la Dictadura expresara ya en 1973. Ya no se dictarían decretos leyes sino leyes, a secas, como antes del golpe. Las medidas de represión aplicadas ahora tendrían base en la propia Carta Fundamental, concretamente en el tristemente célebre artículo 24 transitorio, que consistía en un estado de excepción que operaría solo hasta marzo de 1990 —y cuya declaración quedaba al solo criterio presidencial, con una duración de 6 meses “renovables”10— que permitía al Jefe de Estado imponer relevantes restricciones a los derechos fundamentales, como arrestar personas hasta por 15 días en lugares que no fuesen cárceles, relegarlas hasta por tres meses y restringir nuevas publicaciones11. Incluso en el plano físico se reinaugura el Palacio de La Moneda, devastado tras el bombardeo e incendio del 11 de septiembre de 1973, lo que permite que Pinochet fije allí su sede de trabajo, en el lugar histórico de los presidentes chilenos desde 1845, con todo el efecto simbólico asociado.

En mayo de 1981 empieza a operar el nuevo sistema previsional de capitalización individual que reemplazó al sistema de reparto preexistente administrado por cajas previsionales públicas y privadas12. En él, las cotizaciones son gestionadas por entidades privadas denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a cambio de una comisión. Estas desarrollaron en esos meses una fuerte campaña publicitaria para captar a quienes trabajaban y cotizaban en el sistema de reparto, quienes podían mantenerse en él o cambiarse voluntariamente al nuevo sistema, a diferencia de quienes ingresaban por primera vez a trabajar en forma dependiente pues estos debían afiliarse obligatoriamente a una AFP. Dichas campañas hablaban, también, de un futuro mejor, y fueron respaldadas por el Gobierno de manera que a fines de 1981 el 80% de la fuerza laboral con opción al cambio, 1.605.000 trabajadores, había ingresado a una AFP13.

El mismo mes de mayo se publica el decreto con fuerza de ley14 que permite a las personas depositar sus cotizaciones de salud en entes privados y no en el fondo público (Fonasa). Aquellas se denominan “Instituciones de Salud Previsional” (Isapres) y, en la práctica, serán una opción solo para la minoría que cotice el equivalente al valor de los planes que ellas ofertan, separándose el sistema de salud en dos mundos diferentes.

Un último dato de contexto: en enero de 1981 asumía la presidencia de Estados Unidos el republicano Ronald Reagan, quien sustituía al demócrata Jimmy Carter, y que previsiblemente tendría una sensibilidad más amable para tratar con Pinochet, como lo demostró rápidamente la visita a Chile de la embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Jeane Kirkpatrick, en agosto de 198115. Ya en 1979 había triunfado en Reino Unido Margaret Thatcher, cuyo Gobierno conservador restableció las relaciones diplomáticas a nivel de embajador con Chile, suspendidas desde el retiro del embajador británico en 1975 a raíz de las torturas experimentadas por la británica Sheila Cassidy, sobre lo que volveremos más adelante. Así, las señales internacionales también parecían sonreírle (al menos tibiamente) a Pinochet.

Tal vez todo lo anterior pueda explicar el semestre de silencio tras el último ejemplar de NPC, contra el que Policarpo reacciona precisamente en el momento más desalentador. Su primera editorial —titulada, expresivamente, “Nuevas situaciones piden nuevas respuestas”— constata estos hechos con crudeza poco habitual para una revista que muchas veces describirá un deseado, pero ilusorio, colapso de la Dictadura16. Afirma que “…el 11 de marzo se institucionalizó, en forma estable y permanente (por 8 años al menos, y tal vez por 16) un Gobierno no precisamente nuevo sino el que habíamos conocido y sufrido por 7 años y medio. Junto con él se oficializó una nueva Constitución…”. Luego, con un guiño, marca un ambicioso punto de inflexión con NPC: “Ya no bastará pues denunciar lo que no podemos callar [cursivas nuestras]. Será necesario analizar juntos esta nueva situación y elaborar estrategias de resistencia y de lucha que permitan no solamente la sobrevivencia de una fe viva y evangélica, sino también su plena expresión en la reconstitución de la convivencia nacional”17.

Se comprende, así, la elección del obispo de Esmirna, allá en los inicios de la era cristiana, para darle nombre a esta revista. Un obispo perseguido y mártir que muere por defender la fe en una sociedad romana que le resulta adversa, tanto como puede haberle resultado la chilena de entonces al equipo de Policarpo.

El período revisado en este libro se extiende hasta la publicación de Policarpo N.° 18, que corresponde a los meses de marzo y abril de 1983, pues se proyecta revisar los números posteriores en publicaciones análogas a esta. Los casi tres años examinados corresponden, posiblemente, al punto en que la Dictadura militar vive sus días más dulces, proyectando una imagen exitosa a la sociedad, con un cambio fijo del dólar (establecido en $39, lo que facilita las importaciones y brinda una sensación de estabilidad), un Festival de Viña del Mar de 1981 lleno de artistas internacionales connotados18, la llegada de la televisión en color, y —en una situación afortunada— la clasificación de la selección nacional de fútbol a la Copa Mundial celebrada en 1982 en España (mientras Argentina, país con el que todavía se vivía la tensión del conflicto del Beagle en medio de la mediación papal, padecía la Guerra de las Malvinas).

Este cuadro parece dejar en un segundo plano las violaciones a los derechos humanos y la falta de libertad, y va acompañado por un abatimiento del movimiento sindical, afectado por el crimen de Tucapel Jiménez, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), el 25 de febrero de 1982, y sumido en una desmovilización que con frecuencia es interpelada, infructuosamente, por Policarpo19.

Todo este panorama va siendo erosionado por una progresiva crisis económica que empieza en 1981, y que reventará cuando el 14 de junio de 1982 el peso se devalúe en un 18% respecto del dólar estadounidense, en la primera de múltiples devaluaciones que a octubre acumularían una depreciación del 70% (rompiendo una política que parecía inmutable y que generó una disputa interna en el Gobierno que marcó un momentáneo ocaso de los llamados “Chicago boys”20). Esta decisión afectó fuertemente a toda la economía, pero especialmente a quienes, confiando en la mantención del cambio fijo, se habían endeudado en dólares, pues, simplemente, se arruinarían.

Tres días después, el 17 de junio, el delantero estrella de la selección chilena, Carlos Caszely, desperdiciaba un penal en el debut mundialista ante Austria que podría haber significado el empate, marcando el inicio del fin de esa aventura y, tal vez, el de esa imagen exitista que se había instalado en Chile. Los meses siguientes estarán marcados por una recesión económica que golpea fuertemente al país. Si en el período 1975-1981 hubo 275 quiebras a nivel nacional, en 1982 fueron 810. El Producto Geográfico Bruto cayó un 14,4%, la deuda externa y el desempleo se dispararon (este último superaría el ¡30%! en 1983), la inflación superó el 20% anual y el 13 de enero de 1983 el Estado debió liquidar o intervenir un conjunto de bancos que habían “disimulado” la crisis concediendo préstamos a clientes insolventes, lo que los hacía inviables21. Todo ello va siendo registrado en las páginas de Policarpo22, a veces con un voluntarismo candoroso como cuando en julio de 1982 anuncia el “principio del fin de este sistema”23 y, en otras, reflejando una mirada certera del contexto y del malestar social que estallará en mayo de 1983, cuando señala a propósito de una marcha en el centro de Santiago de diciembre de 1982, que es la mayor manifestación de masas desde el golpe y anticipa otras semejantes a “corto plazo”24. Precisamente el 11 de mayo de 1983 se realizará la primera jornada de protesta nacional en contra de la Dictadura, consolidando un cambio en el estado de ánimo en el país. Pero ese hito será materia del próximo volumen de esta serie.

Criterios de selección de los artículos

La selección de artículos que ofrece este volumen fue realizada por el Grupo de Estudios “Intervenciones Públicas-Religiosas en Dictadura”, del Centro de Investigaciones Socioculturales de la Universidad Alberto Hurtado (CISOC), compuesto por Martín Bernales (UAH-CISOC), Soledad del Villar (Boston College-Teología), Marcos Fernández (UAH-Historia), Juan Diego Galaz s.j. (Trinity College-Derecho), Boris Hau (UAH-Derecho), Félix Jiménez (Miyazaki International College), Enrique Rajevic (UAH-Derecho), Ignacio Rojas (UAH-Historia), Stephan Ruderer (PUC Chile-Historia) e Ignacio Sepúlveda (U. Loyola Andalucía-Filosofía). Es, además, la continuación del trabajo ya realizado por el mismo Grupo de Estudios con los 57 números de su ya mencionada antecesora, la revista No Podemos Callar, que también dio origen a una publicación25.

Realizamos el trabajo de análisis de documentos mediante una lectura individual, votación de los mejores artículos y discusión compartida de los números de Policarpo en reuniones mensuales (virtuales debido a la pandemia). Martín Bernales y Marcos Fernández lideraron la redacción de las notas, orientadas a que el lector actual pueda entender referencias que el tiempo ha oscurecido o que luego tuvieron secuelas que conviene consignar, con el apoyo de Natalie Jeanmaire y Mauricio Canals como ayudantes, y la revisión de Enrique Rajevic en las que envolvían aspectos jurídicos.

En estos 18 ejemplares de Policarpo existen 184 artículos, incluyendo las editoriales, que pueden clasificarse en siete categorías: 1) Derechos Humanos (tortura, desaparición, muerte, derechos económicos, sociales y culturales, etcétera); 2) Política nacional (la oposición, creación de la “nueva institucionalidad”, etcétera); 3) Debates eclesiales (conductas de los obispos, comunidades eclesiales de base, etcétera); 4) Políticas económicas y sociales (economía, campamentos y poblaciones marginales, grupos económicos, etcétera); 5) Situación de los trabajadores (reformas a la legislación laboral, por ejemplo); 6) Temas internacionales (Iglesia latinoamericana y mundial, papado, debates internacionales, etcétera); y 7) Textos breves (chistes, poesías, etcétera).

El grupo discutió si buscar una representación porcentual proporcional al peso de las categorías en el total del período, pero predominó la idea de seleccionar los artículos según su relevancia y atributos intrínsecos, procurando que el resultado fuese lo más representativo posible de la revista. La selección final comprende 54 de los 184 artículos publicados, de los cuales 22 corresponden a debates eclesiales, cinco a derechos humanos, seis a política nacional, cinco a políticas económicas y sociales, seis a temas internacionales, tres a la situación de los trabajadores y siete a textos breves. Si bien en muchos artículos se entremezclan las categorías, la suma anterior deriva de asignar a cada uno la que nos parece predominante. En cualquier caso, es notoria la prevalencia del tema eclesial.

Algunas “claves hermenéuticas” para leer a Policarpo

Como parte de la presentación de esta selección de artículos hemos querido profundizar en cinco focos que nos parecen especialmente interesantes para leer los primeros números de Policarpo: la ausencia de libertad de expresión, la iglesia popular, la jerarquía eclesial, la mirada a Latinoamérica y el rescate de la memoria en casos de violaciones a los derechos humanos. Todos estos temas centrales a la revista que se entretejen en sus artículos, ofreciendo una lectura teológico-política del pasado dictatorial, que los redactores de Policarpo habitan, interpretan y critican.

Policarpo y la ausencia de libertad de expresión.

La necesaria clandestinidad de una visión contestataria

Que Policarpo fuese una revista clandestina no parece una opción tan obvia. En 1981 había revistas de oposición que obtuvieron la autorización para circular de modo abierto, como las revistas APSI, autorizada en 1975 como boletín destinado al análisis internacional —y que solo llegó a los quioscos en 1981—, Hoy y Análisis, estas dos últimas autorizadas en 197726. También había publicaciones ligadas a la Iglesia Católica, como la revista Mensaje, que había sido fundada por el padre Alberto Hurtado s.j. en 1951, y, en especial, Solidaridad, nacida en 1976 y dependiente de la Vicaría de la Solidaridad27.

Esto no quiere decir que hubiese libertad de prensa, pues los medios fundados en esos años debieron ser autorizados previamente y podían ser suspendidos, primero en virtud de las normas previas a la Constitución y, luego, de los estados de excepción contenidos en la Carta de 1980 (aplicando facultades que fueron eliminadas con las reformas de 1989 y 2005)28. Así, los estados de sitio y asamblea permitían “suspender o restringir” el ejercicio de la libertad de información y de opinión e imponer censura a la correspondencia y las comunicaciones, todo ello por decreto supremo. Lo mismo ocurría en el estado de emergencia —renovado continuamente durante la mayor parte del período 1981-1990—, salvo que la libertad de información y de opinión podía únicamente restringirse y no suspenderse29. A ello se sumaba el artículo 24° transitorio, en vigor hasta el 11 de marzo de 1990 (expresamente derogado en 2005)30, que disponía que si el presidente de la República declaraba que se habían producido “actos de violencia destinados a alterar el orden público o hubiere peligro de perturbación de la paz interior”, podía —entre otras facultades— restringir la libertad de información “solo en cuanto a la fundación, edición o circulación de nuevas publicaciones” (cursivas nuestras). Súmese a todo lo anterior que la Ley N.° 18.015, de 198131, sancionó el quebrantamiento o infracción de las medidas adoptadas en virtud del estado de emergencia, o del artículo 24 transitorio en relación con la libertad de información, con una elevada multa32.

A las restricciones ya mencionadas debe añadirse la posibilidad de suspender por orden judicial la circulación de un medio hasta por seis ediciones e, incluso, de ordenar “el requisamiento inmediato de toda edición en que aparezca de manifiesto algún abuso de publicidad penado por esta ley”, cuando por medio de la imprenta se cometiere algún delito contra la seguridad del Estado, conforme al artículo 16 de la Ley de Seguridad Interior del Estado modificada en 197533, cuestión que era especialmente delicada dada la amplitud de esos tipos penales y su difícil —sino imposible— deslinde con una crítica u oposición legítima34. Debe considerarse que en estos casos la conducta en sí misma implicaba la participación en un delito para autores, directores, propietarios o impresores de los medios, según el caso (artículos 17 a 21 de la Ley de Seguridad del Estado en el texto refundido de 1975), con el consiguiente riesgo para la libertad y el patrimonio de todos ellos.

Pese al panorama recién descrito, las revistas mencionadas no se amilanaron. Basta, por ejemplo, revisar el primer ejemplar de Solidaridad en 1981 para ver cómo habla de detenciones en recintos secretos de la CNI y de torturas, critica el nuevo sistema de AFP y la nueva Ley de Universidades, publica una carta pastoral sobre la persecución de la iglesia salvadoreña firmada por el obispo de la Arquidiócesis de San Salvador, se refiere a las tomas de terreno —recordando el destino universal de los bienes— o relata el caso de los 18 campesinos desaparecidos y asesinados en Mulchén —en que el juez a cargo debió declararse incompetente por haber intervenido personal militar—35. En el caso de la revista APSI, el riesgo se hizo realidad. Su número 115, correspondiente a la primera quincena de agosto de 1982, tenía como titular principal “Chile hoy: Crisis, rumor y fantasía” y su editorial hablaba de la “crítica situación nacional”. Ese mismo mes fue conminada a tratar solo temas internacionales, pues solo ese había sido el ámbito de su autorización en 1975. El siguiente número reincidió en temáticas nacionales, y en septiembre se prohibió su circulación. Acudió a los tribunales a través de un recurso de protección y, si bien la Corte Suprema ordenó que se permitiese su distribución a inicios de 1983, validó la restricción ya mencionada lo que la obligó a solicitar una nueva autorización al Gobierno (había estado de emergencia) para poder incluir informaciones nacionales, la que tardaría cerca de 100 días en otorgarse36.

Con todas estas limitaciones se entiende que el padre Aldunate dijese que Policarpo había bajado el tono de denuncia que tenía NPC porque “había ya otras revistas”37 que desarrollaban ese rol. Sin embargo, al mantener la clandestinidad de NPC pudo operar como un medio asertivo y atreverse a formular juicios de valor que van más allá de los que podían realizar las revistas autorizadas para circular, constituyéndose en una visión contestataria y contrahegemónica, una suerte de espacio católico y político que hoy nos permite contar con una memoria subterránea o subalterna en tiempos de dictadura. Así, y solo a título ejemplar, habla de la “La corrupción de un régimen” que incluso contamina al Poder Judicial (“la cobardía de los jueces”) y lleva a una crisis social y económica derivada de “invertir los valores y por hacer crecer el dinero, hundir al hombre”38. O relata los problemas de cesantía, hambre, desamparo sanitario y de vivienda que quedan al descubierto con los temporales del 82 en los campamentos de Lo Hermida, revelando el “pecado social”, y consignando, con nombres y apellidos concretos de autoridades, la ineficiencia gubernamental/municipal para atenderlos, a la par que la vitalidad de las comunidades cristianas populares y la necesidad de reconstruir el tejido social39. Por esto último reivindica a las ollas comunes, pues no solamente atienden el hambre: “Satisfacen la necesidad de agruparse, de juntar fuerzas y buscar una salida”40. Algo semejante puede verse cuando denuncia el hostigamiento gubernamental contra el personal religioso extranjero comprometido con sectores populares, que arriesga su permanencia en el país constantemente41, o cuando ante la expulsión del país de tres sacerdotes extranjeros que trabajan en barrios populares afirma que esto responde a “perseguir una Iglesia comprometida con el pobre y defender los intereses económicos de una plutocracia”42. Un talante más activo, incluso, se aprecia al llamar al movimiento sindical a reaccionar a la crisis económica entrando “a luchar en el nivel de la política económica nacional. Obligar al Gobierno a cambiar el modelo y si rehúsa hacerlo, cambiarlo a él”43.

Este tipo de opiniones pasan el cerco de lo que toleraría la dictadura, lo que es aún más claro con el poema en forma de salmo (“Salmo de los relegados”) en que presos y relegados por esta piden ser liberados “del Dictador”44, o cuando se justifica, como última opción, el recurso a una violencia proporcionada en resistencia a la opresión, apoyándose en la figura del asesinado arzobispo Romero45, pero refiriéndose a la situación nacional46 y avanzando más allá de lo que en esta materia había hecho NPC que, sin descartar el derecho de rebelión, apostaba por una “desobediencia civil creadora”47 (lo que puede explicarse por responder a etapas distintas de la Dictadura y por el cariz dado a Policarpo en su primera editorial). Este tipo de artículos habría generado, sin duda alguna, persecución y cárcel aplicando los tipos penales de la Ley de Seguridad Interior del Estado, por lo que no podían ser incluidos en una revista de circulación autorizada.

Hay, también, otra dimensión que hace conveniente el anonimato. La crítica dentro de la propia iglesia, que por definición es una institución jerárquica, al punto de exigir del personal consagrado un voto de obediencia. El público objetivo al que se dirige Policarpo, en primer lugar, son los católicos, pues es una revista llena de referencias eclesiales, como indica su propio nombre, aunque parte importante de su contenido no tenga un carácter estrictamente