La fundamentalidad del derecho a la salud en Colombia

Portada

Jackeline Granados Ferrerira

Universidad Industrial de Santander

Facultad de Ciencias Humanas

Escuela de Derecho y Ciencias Políticas

Bucaramanga, 2021

Página legal

La fundamentalidad del derecho a la salud en Colombia

Responsabilidad social y equilibrio financiero

Jackeline Granados Ferreira

Profesora, Universidad Industrial de Santander

© Universidad Industrial de Santander

Reservados todos los derechos

ISBN: 978-958-5188-04-4

Primera edición, junio de 2021

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Introducción

En Colombia, el derecho a la salud se ha abordado desde múltiples enfoques sobre derechos fundamentales, derechos sociales y postulados contrapuestos que han generado inseguridad jurídica y obstáculos en el camino hacia su exigibilidad. A este inconveniente se suma la escasa claridad sobre las obligaciones derivadas del derecho a la salud. En este trabajo se pretende examinar y establecer criterios sólidos sobre su naturaleza y alcance, para la construcción de un planteamiento teórico, analítico y descriptivo de las condiciones jurídicas y de significación social que determinan la naturaleza del derecho a la salud.

Este libro está dividido en seis capítulos. En el primero, la sección introductoria, se plantean el problema jurídico, la hipótesis desarrollada y los objetivos y métodos de la investigación. En el segundo capítulo, se presenta la fundamentación teórica y de contexto; allí se exponen conceptos de gran importancia para entender el alcance del derecho a la salud en el ordenamiento colombiano, como los de constitucionalismo, derechos fundamentales y derechos sociales. En el tercero, se analiza la naturaleza fundamental del derecho a la salud en la órbita de la teoría jurídica. En el cuarto, se revisan las políticas públicas en el sistema de salud. En el quinto, se examina el principio de corresponsabilidad en el sistema de salud colombiano. Finalmente, en el capítulo de conclusiones se discuten las implicaciones y el alcance del derecho fundamental a la salud en el ordenamiento jurídico colombiano, según sus características estructurales; asimismo, se expone cómo se superan las concepciones difusas que dificultan su aplicabilidad.

El problema jurídico

Desde la promulgación de la carta política de 1991, en el ordenamiento jurídico colombiano han coexistido tres diferentes concepciones sobre el derecho a la salud y sus derivaciones. La primera concepción niega su condición de derecho, considerándolo más como un servicio; lo ubica como una prestación que se suple a través de un servicio público esencial, que figura en la Ley 100 de 1993. La segunda lo considera como un derecho fundamental, por su conexión con el derecho a la vida y la integridad personal, precedido por un sistema de reglas y subreglas que permiten garantizar este derecho. Finalmente, la tercera, sobre una base jurisprudencial y recientemente legal, lo comprende como un derecho fundamental autónomo exigible por la totalidad de la población, sin ninguna exclusión o limitante.

Ante la inexistencia de un fundamento jurídico concreto sobre la naturaleza del derecho a la salud, corresponde determinar si este se caracteriza como un derecho fundamental autónomo, a partir del sistema de significaciones sociales construidas en nuestro ordenamiento jurídico bajo la estructura de principios y valores y bajo el concepto de dignidad humana sobre el que se soporta el Estado social de derecho que rige en Colombia, y así proponer la elaboración de una política pública basada en el principio de corresponsabilidad. Frente a este problema jurídico, surge la siguiente pregunta: ¿es posible, en la concepción de los derechos fundamentales, estimar el derecho a la salud como fundamental dentro del marco del Estado social de derecho?

Objetivos de estudio

El objetivo general de esta investigación es construir un planteamiento teórico, analítico y descriptivo de las condiciones jurídicas y de significación social que determinan la naturaleza fundamental del derecho a la salud en Colombia.

En cumplimiento de este objetivo, se desarrollan los siguientes objetivos específicos:

• Documentar el desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental a la salud impulsado por la Corte Constitucional.

• Determinar, desde los antecedentes del derecho a la salud y los sistemas jurídicos que nutren el constitucionalismo colombiano, la condición en que se materializó su desarrollo como derecho social, para de allí develar el proceso evolutivo de este derecho, y con ello proponer la elaboración de una política pública basada en el principio de corresponsabilidad.

• Establecer el marco de interpretación dentro del contexto de la teoría jurídica y constitucional, que explica las consecuencias políticas y sociales para el Estado frente al desconocimiento del derecho a la salud como derecho fundamental.

Método y metodología de análisis

La investigación se llevó a cabo a partir de un método analítico-descriptivo del problema jurídico planteado, basado en la documentación y análisis de cada uno de los componentes y elementos teóricos que integran el marco conceptual del derecho a la salud como derecho social y fundamental, desde su causa, naturaleza y efectos.

El primer paso para la realización de este análisis fue recopilar la información sobre al derecho a la salud en archivos, normas, jurisprudencia, doctrinas, etc., y clasificarla según su validez, vigencia y reconocimiento. Después, se hizo un estudio documental del material seleccionado, fundamentado bibliográficamente. Posteriormente, se realizó un muestreo de casos de la Corte Constitucional en los que se involucraba este derecho, con el fin de identificar el problema planteado y derivar, a partir de allí, las reglas jurisprudenciales aplicables, estableciendo su vigencia en el marco jurisprudencial, se revisó y se analizó el tema de las políticas públicas, asociadas al principio de corresponsabilidad. Finalmente, se analizó la información y se cotejó con los principios y valores constitucionales que enmarcan el Estado social de derecho.

A través de esta metodología, se abordó el derecho a la salud como un todo, analizando cada uno de los elementos teóricos que lo integran, así como su relación jurídica y política con el Estado social de derecho. El resultado es una contribución teórica interpretativa sobre el problema propuesto de utilidad en el marco de la teoría jurídica para sustentar la exigibilidad del derecho fundamental a la salud.

Hipótesis

Los derechos fundamentales en el Estado social de derecho son más que cláusulas de diferenciación entre condiciones de bienestar social. Son elementos significativos para la garantía del principio y del derecho fundamental de la dignidad humana. Si el Estado colombiano reconoce positivamente a la salud como derecho fundamental, pero aun así no se responsabiliza de su prestación y garantía, sino que solo cumple con las obligaciones de respeto y protección, entonces los principios básicos de solidaridad y dignidad humana que constituyen el Estado se verán gravemente afectados.

En teoría, el Estado colombiano cumple con la concepción de Estado social de derecho al reconocer la salud como un derecho fundamental autónomo a través de la Sentencia T-760 de 2008 y la actual vigencia de la Ley 1751 de 2015. Sin embargo, la tinta sobre el papel no es suficiente: la naturaleza de un derecho fundamental exige que se garantice su efectividad y protección jurídica. Esto, a su vez, requiere la intencionalidad de la acción protectora del Estado, para lo que se propone la elaboración de una política pública de salud basada en el principio de corresponsabilidad.

Marco teórico

Como primer paso en la elaboración de este trabajo, se realizó un estudio exhaustivo de la literatura relacionada con el tema de la salud en el ordenamiento jurídico colombiano. Sin embargo, se hallaron muy pocos trabajos y escuelas que lo abordaran directamente o que teorizaran sobre el derecho objeto de estudio. Por esta razón, se emprendió el desarrollo del trabajo de investigación a partir de las perspectivas teóricas del Estado social de derecho, los derechos fundamentales, los derechos sociales y el contexto de la génesis del derecho fundamental a la salud. Asimismo, se tomó como base la literatura existente en instrumentos internacionales, la normativa colombiana y la jurisprudencia con miras a sustentar la naturaleza fundamental de este derecho.

El estado social de derecho

Los postulados de Noberto Bobbio1 son el punto de partida para la fundamentación teórica de esta investigación. Bobbio caracteriza al Estado social como un intento de adaptación del Estado tradicional, o Estado liberal burgués, a las condiciones sociales de la civilización industrial y posindustrial, que presentan problemas nuevos y complejos. El objetivo de esta adaptación es aliviar las difíciles condiciones de vida de los sectores más abatidos de la población. Este es el origen del Estado social de derecho de los países de Europa occidental durante la posguerra de la Segunda Guerra Mundial. Aquel modelo se constitucionalizó por primera vez en 1949, en la Ley Fundamental de la República Federal Alemana, y fue finalmente adoptado por la Constitución Política de Colombia de 1991.

Generalidades del Estado social de derecho

El Estado social de derecho es un marco jurídico instaurado mediante la Constitución Política de Colombia de 1991. En este marco jurídico se asume una dogmática compuesta por valores, principios y derechos que están encaminados a la protección del ser humano como sujeto de derechos y destinatario de la justicia. Siguiendo esta definición, el Estado debe garantizar unos mínimos de bienestar en las condiciones de vida, haciendo imperativo el reconocimiento de los derechos sociales, económicos y culturales, entre los que se contempla el derecho a la salud.

De esta manera, el término ‘social’ que se suma a la fórmula clásica del Estado derecho está lejos de ser una muletilla filantrópica. Más bien, implica acciones significativas por parte del Estado, que tiene responsabilidades con respecto a sus ciudadanos. Estas responsabilidades están encaminadas al logro de la dignidad de la persona, que es la razón de ser del Estado social de derecho, y comprenden cambios institucionales, producto de transformaciones y luchas históricas.

Así pues, la salud resulta ser un derecho fundamental contemplado en el Estado social de derecho. Ahora bien, se puede argumentar que la garantía y realización de este derecho también es competencia del Estado, puesto que en el artículo primero de la Constitución Política de Colombia2 se consagra una serie de deberes de extrema trascendencia. Entre estos deberes se debe resaltar no solo la producción y aplicación del derecho, sino también el compromiso con la defensa de los contenidos jurídicos materiales. Por tanto, el Estado social de derecho solo podrá ser tal en la medida en que sus componentes esenciales tengan relación directa con los ciudadanos, quienes han de gozar del pleno ejercicio de sus derechos.

Por otro lado, la seguridad y legalidad propias del Estado derecho se suman a la materialización del catálogo de derechos que ha de procurar el Estado. De modo que la consagración, efectividad y respeto de estos principios normativos se constituye bajo nuestra moderna forma de Estado en principios rectores de su actuar y en la extensión práctica de su filosofía.

Bajo esta finalidad, el reconocimiento de los derechos prestacionales, como la salud y la seguridad social, garantiza uno de los fines principales del Estado social de derecho: proteger la posibilidad de autodeterminación de sus individuos3.

En vista de la enorme relevancia del derecho a la salud en el marco jurídico colombiano, es necesario revisar el origen, evolución histórica, características y desaciertos del Estado social de derecho, puesto que este es el modelo por excelencia para el reconocimiento de derechos fundamentales de carácter prestacional.

Origen del Estado social de derecho

El origen del Estado social de derecho se sitúa a mediados del siglo XIX. Nace como respuesta a las crisis sociopolíticas ocasionadas por el naciente individualismo y la negligencia estatal, y cuyas consecuencias se manifiestan a mediados del siglo XX. Como lo señalan Marie Picard y Judith Useche4, estas crisis demostraron la incapacidad del modelo de Estado de la época para resolver los problemas sociales.

Muchas situaciones intervinieron en el nacimiento del Estado social de derecho. En primer lugar, se encuentra la pugna de la clase trabajadora o, como la denomina Marx, citado por Durán5, el proletariado; una clase sometida a la precariedad causada por la desigualdad laboral, que trae consigo la eterna contradicción de acceso al capital y su propiedad. El proletariado fue una clase social explotada en el proceso de industrialización de la sociedad moderna. Las condiciones de miseria e inequidad creadas por el sistema generaron mucha tensión entre la clase dominante y los trabajadores. Motivadas por este ambiente, las manifestaciones sociales, huelgas y, en algunos casos, revoluciones conllevaron disputas entre las familias con poder, afiliadas al gobierno de turno, y los grupos de trabajadores organizados. En consecuencia, ocurrieron grandes reformas institucionales que pusieron en entredicho los beneficios del sistema capitalista y el Estado liberal para las grandes mayorías.

En segundo lugar, se encuentra el desarrollo de la teoría político-económica marxista y su puesta en práctica en los nuevos Estados socialistas. Esto hizo tambalear la idea del sistema capitalista de Estado liberal como la única opción posible. Además, el marxismo recogió las reivindicaciones de la clase proletaria y las trasformó en su estandarte. Sumado a esto, la publicación del Manifiesto del Partido Comunista en 1848 abrió las puertas a una alternativa política y económica para el mundo. En el documento se exponían las contradicciones que son propias del capitalismo, su tendencia a las crisis y su inminente autodestrucción. Este fracaso definitivo e inequívoco del capitalismo presenta la oportunidad para que el movimiento obrero ponga en marcha un nuevo proyecto de sociedad, basado en la propiedad social, la supresión del Estado liberal y la dictadura del proletariado6. En Rusia, este sistema se implantó a través de la Revolución de 1917, que significó el triunfo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) sobre la Rusia zarista. En el socialismo soviético se aumentó el control del Estado, se repartió la riqueza y se impulsó la organización común. Además, se constituyó un frente que pretendía derrotar el modelo de Estado liberal-capitalista y las políticas que lo constituían7.

Karl Marx y Friedrich Engels hicieron un análisis exhaustivo de la sociedad capitalista de la época, enriquecido por las teorías liberales inglesas, las primeras propuestas francesas de socialdemocracia y la filosofía alemana clásica, particularmente, el pensamiento de Hegel. En su obra representativa, El capital, Marx reveló la contradicción histórica entre la clase burguesa y el proletariado, lo que allanó el camino para la redefinición del Estado como un ente con la facultad de crear las condiciones necesarias para la participación de las masas en la dirección estatal. Como resultado de lo anterior, el proletariado de todas latitudes comenzó a organizarse para exigir al Estado garantías sociales y económicas. Si bien no en todos los casos hubo una reivindicación de carácter socialista, la obra de Marx y Engels representó una crítica científica al capitalismo y fue la base para posteriores propuestas teóricas reivindicatorias y progresistas en el mundo.

Por otra parte, una vez finalizó la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en dos hemisferios políticos y geográficos: el Estado liberal, dominado por los Estados Unidos de Norteamérica, y las Repúblicas Socialistas, lideradas por la URSS: «… el sistema socialista liderado por la URSS empezó a expandirse vertiginosamente por todo el mundo, principalmente por Europa, en países como Alemania Oriental, Checoslovaquia, Hungría, Polonia y Yugoslavia»8. Posteriormente, en 1949, el socialismo se expandió a la República China, bajo el mando del líder comunista Mao Tse Tung. Otros países también acogieron el modelo, como Corea del Norte, Vietnam del Norte, Laos y Camboya. «Por su parte, en el continente africano, el sistema socialista fue acogido por Angola y Mozambique, y en América por la isla cubana en 1959»9.

En tercer lugar, se encuentran los aportes hechos por la Revolución mexicana y la Constitución de Weimar. La Revolución mexicana empieza en 1910 y acaba en 1917, con la proclamación de la Constitución de Querétaro, que consagra, por primera vez en el desarrollo histórico de la humanidad, «los derechos sociales de los trabajadores asalariados (artículo 123) y los derechos de los campesinos (artículo 27)»10. Esto es producto de las reclamaciones en materia agraria y laboral, que fueron los pilares de la Revolución mexicana. Luego, en 1919, la constitución de Weimar se aprobó en el estado alemán. Esta carta magna estableció el deber del Estado de actuar positivamente, encaminando su política a la satisfacción y cumplimiento a los derechos sociales que fueron perjudicados por la guerra. Este mandato reveló, tal y como relata Víctor Durán11, la «necesidad de una mayor intervención y posición activa por parte del Estado, trasladándolo a una posición más dinámica en la implementación de políticas urgentes en la gestión económica y social de Nación»12. De este modo, la Constitución de la República de Weimar es un referente histórico, pues es la primera constitución que instaura disposiciones sobre los derechos sociales y concretamente sobre seguridad social en salud, avances que fueron impulsados por la socialdemocracia de la época.

Dicho lo anterior, es claro que, desde la perspectiva europea, o bien desde la perspectiva de la Constitución de Weimar, el Estado social de derecho está intrínsecamente relacionado con la clase trabajadora y todas las formas de reconocimiento de sus derechos. Desde la perspectiva de la Constitución de Querétaro, se evidencia una tendencia notoria hacia la inclusión de los sectores marginados y discriminados, tanto agrícolas como urbanos, es decir, se entiende que la esencia del Estado social «es de carácter heterogéneo compuesto, pues aparece integrada tanto por elementos de origen latinoamericano como europeos»13.

En cuarto lugar, se encuentra la crisis del sistema capitalista en 1929, que fue otro de los catalizadores de la consolidación del Estado social de derecho. En sus múltiples estudios sobre aquel sistema, Marx14 expuso que este atravesaba por fases cíclicas compuestas por dos etapas: la expansión y la depresión. Esta última trajo consigo graves crisis en el siglo XX: «El llamado crack que acaeció en 1929, que condujo al surgimiento del Estado intervencionista keynesiano en el año 1970»15. Las consecuencias de la crisis de 1929 fueron muy significativas. Hubo cambios bruscos en la especulación financiera con la baja de acciones, desastrosas quiebras empresariales, disminución de la producción industrial, alza en las tasas de desempleo y condiciones de miseria mundial. Esta situación obliga a los Estados Unidos a plantear una política de transformación institucional, que convierte al Estado en regulador del mercado. A estas políticas se les denominó New Deal (Nuevo Pacto Social) y fueron planteadas por el presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, con el propósito de contrarrestar los efectos de la Gran Depresión en los Estados Unidos. De ahí que el economista John Maynard Keynes, citado por Durán, expusiera que «los principales defectos de la sociedad en que vivimos son su incapacidad para proporcionar pleno empleo y su arbitraria y desigual distribución de riquezas y rentas»16.

Keynes propuso la adopción de los modelos denominados Welfare State y New Deal, que le otorgan al Estado más dinamismo e influencia en la economía mediante la generación de empleos, grandes inversiones públicas y la retribución de las rentas. Esto último se logra a través de un sistema equitativo de hacienda pública, que incorpora la noción de impuestos progresivos, es decir, que tengan en cuenta el poder adquisitivo del contribuyente. El New Deal fundamenta la denominada economía mixta, que es la política económica nacional que unifica dos tipos de agentes económicos: por una parte, la iniciativa privada ofrecida por particulares, y, por otra, el Estado nacional. Según Víctor Durán17, este modelo keynesiano tuvo gran influencia en la Alemania de Bismarck después de terminar la Primera Guerra Mundial, y en Inglaterra, en la que también se aplicaron las leyes sociales del Lord Beveridge, implementadas a través de New Deal.

En quinto lugar, la corriente socialdemócrata contribuye de forma trascendental a su desarrollo. Este movimiento se originó debido a los diferentes enfrentamientos suscitados entre Lasalle y Marx, así como entre Lenin y Kautsky, que llevaron a que Lenin optara por dividir el movimiento socialista con la creación de la III Internacional en el año de 191918. En este contexto la socialdemocracia abandona el camino de la revolución y decide tomar el camino de la reforma, dejando a un lado pilares tales como la lucha de clases, la dictadura del proletariado y la abolición de la propiedad privada de los medios de producción. Esta teoría recoge algunos postulados del marxismo, pero sin considerar necesario abolir la sociedad capitalista19, ya que no opta por esperar al derrumbamiento de dicho modelo, sino que pretende conquistarlo por medio del sufragio y reformarlo desde las instituciones. Para la socialdemocracia, la transición de la sociedad capitalista al socialismo se debe buscar a través de reformas graduales dentro del mismo sistema capitalista; de tal suerte que se deslinda de las tesis y acciones del marxismo ortodoxo y se presenta como una propuesta teórico-práctica moderada20. Por su parte, el teórico Ricardo Combellas afirma que «la social democracia adopta una visión positiva del Estado para alcanzar el poder, lo cual implica el reconocimiento del Estado como instrumento adecuado para realizar la reforma social»21.

Esta nueva estructuración estatal convierte al Estado en un impulsor programático de una sociedad en donde la democracia se evidencia tanto en el campo económico como político, extendiendo la propiedad y sus formas. La aplicación de este modelo, que se encuentra ubicado dentro del modelo socialista puro y el modelo liberal clásico, se consolida después de la Segunda Guerra Mundial, instituyéndose una fórmula jurídico-constitucional del Estado social22. En consecuencia, la socialdemocracia plantea reformas institucionales, en el marco del Estado burgués, con el propósito de construir una sociedad más democrática y justa.

Por otra parte, con respecto a la crítica del Estado de derecho, es importante mencionar al reconocido jurista socialdemócrata de origen alemán Hermann Heller, a quien se le adjudica haber hablado por primera vez de la concepción moderna del Estado social de derecho, en su trabajo titulado ¿Estado de derecho o Dictadura?, publicado en 1929. El planteamiento central de este jurista radica en el Estado social de derecho como una disyuntiva eficaz ante la anarquía que se presentaba en el ámbito económico y la dictadura fascista, proponiendo afirmativamente que dicho sistema alcanzaría la vía política para salvar los valores de la civilización23. Hermann Heller es probablemente el teórico más influyente de las ideas sobre los derechos económicos y sociales actuales, al conceptualizar con mayor claridad la noción de Estado social. En este sentido, el autor afirma que los problemas acaecidos por la crisis democrática y del Estado derecho (el problema del fascismo y la degeneración) no se solucionan con la renuncia a este paradigma, sino que, por el contrario, debe dársele un enfoque económico y social, por medio de la creación de un nuevo orden laboral que propicie la redistribución de bienes en busca de una mayor igualdad, resguardándose así de la anarquía y la dictadura24. Precisamente, Heller, en su texto Socialismo y nación, recuerda a Lasalle cuando dice que «no basta la aplicación despejada y libre de las fuerzas individuales, sino que, en una sociedad éticamente ordenada, debe añadirse a ella la solidaridad en los intereses, la comunidad y la reciprocidad en el desenvolvimiento»25.

El Estado social de derecho planteado por Heller consiste en la viabilidad de un orden justo de la autoridad sobre la economía, alcanzado particularmente mediante la limitación de la propiedad privada, la subordinación del régimen laboral al derecho y el traslado de la actividad económica al ámbito del interés público. Según este autor, la democracia solo es posible dentro de una situación de homogeneidad social, ya que «sin homogeneidad social, la más radical igualdad formal origina la más radical desigualdad, y la democracia formal desencadena en la dictadura de la clase dominante»26. Bajo este razonamiento, la democracia política se configura como el único marco dentro del que se puedan librar las batallas por la democracia social y el Estado social de derecho.

Desde la perspectiva jurídica de Heller, el Estado liberal debe transformarse en un Estado social de derecho, al acoger los aspectos fácticos del medio de los asociados como problemas fundamentales. Así, este autor señala que el Estado de derecho es insuficiente para hacer realidad el principio explícitamente consagrado de la igualdad, debido a que el legislador no tiene en cuenta, en su labor, las relaciones sociales de poder existentes, y dicha inobservancia deja de lado la igualdad social real, pilar fundamental del sistema social de derecho27. Villar Borda considera que las ideas de Heller son la base de la Carta Fundamental de Bonn de 1949, que se caracteriza por la inclusión de la cláusula del Estado social de derecho 28.

Posteriormente, las diversas crisis mundiales propiciaron nuevas discusiones sobre la aplicación de un modelo estatal. De allí surgió la necesidad de crear obligaciones jurídicas para garantizar de manera plena la protección de los denominados derechos económicos y sociales, tales como el derecho al trabajo, a la igualdad de la mujer, de las juventudes, la educación, la seguridad social, la asistencia en salud, entre otros. Ahora bien, en los inicios del Estado social de derecho, describe Villar Borda, esta configuración estatal se convertía en un concepto que hacía parte del campo banal y general, pero fue progresivamente contextualizado a través de la legislación y la jurisprudencia, incluyendo dentro de esta acepción principios tales como el de la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, la integridad personal, el derecho a la vida, la igualdad, la prohibición de la discriminación, la protección del matrimonio y la familia, el derecho a la vivienda, a la educación, al ambiente sano y el derecho a la cultura, así como también la función social de la propiedad29.

La transformación del Estado de derecho a Estado social de derecho tuvo como aportes fundamentales los planteamientos de teóricos del derecho como Karl-Heinz Schönerburg. Para este pensador, el origen de la idea del Estado social de derecho se sitúa en la Revolución francesa, en 1848, en la «fórmula de compromiso entre los partidos pequeño-burgueses y algunos miembros del movimiento obrero orientados por la corriente Owen de origen inglés. Esto se prescribió como la exigencia de desplegar una estructura estatal capaz de avalar los derechos sociales» 30. Dichas ideas son reflejadas por Louis Blanc en la corriente denominada socialismo utópico, en la que la idea central no era la institucionalización de un Estado socialista, sino que dentro del entramado del sistema capitalista se lograra que cada uno pudiera garantizar el derecho al trabajo y la autodeterminación regida por el individuo, dándole su propio desarrollo en un Estado social y democrático de derecho.

A partir de tales pensamientos y condicionamientos surgió el Estado social de derecho que «se define a partir de la unión de tres elementos: Estado, derecho y sociedad»31, «con la particularidad de buscar un equilibrio económico, social y cultural entre distintos sectores»32. De esta manera, se transforma la interacción de estos buscando una mayor equidad. Sin embargo, los fines de la configuración de este modelo derivan en una discusión axiomática entre el ser y el deber ser del derecho, entre las condiciones de la realidad y el ideal con que nacen las normas, pues se denota, por lo menos durante su implementación, «que existe una enorme distancia entre la parte programática de la Constitución y la realidad fáctica social que, con sus diferentes campos, agregan un nivel mayor en el momento de su institucionalización»33.