Buch lesen: «Reforma rural integral: ¿Oportunidad que se desvanece?», Seite 6
Escenario muy posible - Escenario 05
Este escenario se denomina “Narco en adaptación a las nuevas realidades”. Para 2026, se habría logrado la erradicación de la pobreza rural extrema y una disminución cercana al 50 % de la pobreza en el campo, en especial en las zonas andinas y en las proximidades a las ciudades capitales. También se lograría la promoción de la igualdad, el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, la reactivación del campo y, en especial, el desarrollo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria.
Además, el país alcanzaría una ampliación democrática con lo cual se enriquecen los debates alrededor de los grandes problemas nacionales, con mayor pluralismo y garantías para la inclusión política. Se destaca, igualmente, que la mayor parte de las hostilidades entre grupos armados ilegales habrán cesado o estarán en proceso de negociación, con casos exitosos demostrados de reincorporación socioeconómica y política de antiguos miembros de tales agrupaciones. En estas condiciones, la mayor parte de las víctimas habrá sido reparada, con satisfacciones mínimas de verdad y justicia.
Con estos resultados, se generaría mayor confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado y mayor credibilidad sobre los procesos de justicia social, tanto en lo nacional como en lo internacional. Sin embargo, al no lograr transformar las condiciones territoriales de las zonas afectadas por cultivos de uso ilícito, buena parte de estas seguirían produciendo esos cultivos. Esto implica la subsistencia de esquemas de chantaje para los productores y la presión de estructuras armadas privadas dedicadas a defender las actividades ilegales de producción y distribución, con injerencia de actores nacionales y extranjeros articulados en las redes del narcotráfico internacional.
Según Toklatian (2011), en este escenario, “ha prevalecido una particular oscilación entre modus vivendi y modus pugnandi entre el Estado y los narcotraficantes” (p. 111) y luego de
cada fase de acomodamiento parcial sigue una etapa de confrontación virulenta en la que anuncia un triunfo resonante en la lucha antidrogas, pero dado que no se resuelve el meollo de la problemática y el narcotráfico reemerge con más fuerza (usando, una vez más, la intimidación, la cooptación y la violencia) y creatividad (mejorando su capacidad adaptativa y empresarial) se retorna a un nuevo acomodamiento. (p. 111)
Una alternativa a este escenario podría estar en una eventual legalización de la producción de cultivos de uso ilícitos dentro del plazo dado. Esto podría transformar las condiciones de violencia alrededor de estas zonas productivas, considerando que el narcotráfico se encuentra articulado a actores influyentes de la actividad económica y social del país, los cuales se encuentran en proceso de adaptación a las nuevas realidades.
Escenario muy posible - Escenario ideal 01
El escenario que se describe es el ideal. En este caso, se ha logrado la erradicación de la pobreza rural extrema y la disminución de 50 % de la pobreza en el campo en el plazo de diez años, así como la promoción de la igualdad, el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, la reactivación del campo y, en especial, el desarrollo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria. Por otra parte, viene construyéndose una ampliación democrática, enriquecedora de las discusiones sobre los grandes problemas a nivel nacional, en el marco de una nación más pluralista, con representación de las diferentes visiones e intereses de la sociedad y con las debidas garantías para la participación y la inclusión política. Asimismo, se lograría la terminación definitiva de las hostilidades de las Farc-EP y se adelantarían otros procesos con grupos armados con relativo éxito, todo ello dentro de la reparación integral a las víctimas tanto en verdad, justicia y compensación moral y material.
En el marco de una sociedad más equitativa, con nuevos liderazgos hacia una Colombia más incluyente, este escenario futuro implica que se ha avanzado de modo contundente contra el narcotráfico, a través de las soluciones proporcionadas por la RRI, que llevó a la erradicación de cultivos de uso ilícito y a la articulación de producciones de cultivos alternativos hacia los mercados, como resultado de las políticas de reactivación productiva y social de las relaciones rurales y urbanas. En medio de estos procesos, algunos sectores económicos están logrando mejor productividad por efecto de una mayor dinámica de los mercados, impulsados por el turismo y nuevas formas de inversión extranjera; mientras se percibe la caída de algunos sectores que tenían nexos con el lavado de activos del narcotráfico. La reducción del narcotráfico, en últimas, hizo posible apreciar distorsiones en actividades productivas y mercados que anteriormente no lograban percibirse.
Con este panorama de futuro, la sociedad colombiana empieza a acostumbrarse a un capitalismo más democrático, basado en las transformaciones productivas originadas por la promoción del Acuerdo de Paz por parte del Estado y grupos sociales y económicos que fueron conformándose, con miras a lograr una nación menos violenta, más próspera y estable en el mediano y el largo plazo. Cabe destacar, sin embargo, que este capitalismo más democrático puede significar una profundización en el modelo de acumulación neoliberal.
No obstante, en opinión de Tauss y Large (2015), el proceso de paz que llevó a cabo el Gobierno colombiano con las Farc-EP no buscó superar los problemas estructurales que están en los orígenes del conflicto, sino que,
el objetivo del Estado colombiano, que en gran parte representa los intereses de las clases dominantes de Colombia, es decir, la burguesía y los grandes terratenientes, y el capital imperialista transnacional, es facilitar el desarrollo capitalista del país. El proceso de paz apunta en esencia a la expansión y a la profundización del régimen de acumulación neoliberal-extractivista-exportador-dependiente que surgió durante la década de [1980] y que se basa en el extractivismo, las inversiones extranjeras directas, la agroindustria, el desplazamiento forzado y el acaparamiento de tierras. (p. 118)
Por lo que advierten que, mientras no se abandone una perspectiva que alimente las “locomotoras” del desarrollo capitalista, sin preocuparse por detener sus efectos negativos,
es posible que gran parte de los problemas fundamentales del país pueda exacerbarse en el futuro. La continuación del desplazamiento rural y la existencia de un sector industrial en declive (incapaz de absorber las masas que llegan a las ciudades), en combinación con la volatilidad de los precios de las commodities y de la inversión extranjera, son condiciones que muy difícilmente representan la receta de la “prosperidad para todos”, como promete incesantemente el lema oficial. (p. 131)
Escenario muy posible - Escenario 24
Este escenario futuro implica que el país avanzó en un proceso de ampliación democrática del escenario político, lo que permitió enriquecer el debate alrededor de los grandes problemas nacionales, mediante mayor pluralismo y representación de diferentes visiones e intereses de la sociedad. Ello, a su vez, permitió la inclusión de nuevos partidos políticos y grupos de interés que generaron una dinámica novedosa de los poderes públicos del Estado.
Pese a lo anterior, la RRI fracasó, de manera que la pobreza rural extrema no fue erradicada ni se cumplieron las metas de disminuir la pobreza en el campo en 50 %. Tampoco se logró la reactivación de las actividades productivas, mientras que las actividades campesinas y familiares siguieron siendo de subsistencia. La ineficacia frente a la reforma rural mantuvo una mayor concentración de las tierras y perpetuó los conflictos por tenencia y uso de los suelos, de manera que muchos procesos de violencia no lograron ser desactivados, por lo que estructuras ilegales y criminales armadas insistieron en acudir a las “antiguas” ideologías para combatir o defender la vigente estructura de propiedad y dominio territorial. Un catalizador de estos procesos fue la escasa transformación de las condiciones territoriales de las zonas afectadas por la presencia de cultivos de uso ilícito, tanto en la producción, como en la transformación, así como en los corredores de circulación para salir al extranjero. A ello se suma la continuidad de operaciones armadas ilegales de protección a estas zonas y corredores.
Por su parte, las víctimas fueron reparadas escasamente y muchas de las “verdades” necesarias en este proceso fueron diluidas, ensombrecidas u ocultadas deliberadamente, en el marco de una elevada concentración de la riqueza y el poder político, económico y social por algunos actores. Así pues, los nuevos actores políticos, terminaron coludidos, en su gran mayoría, con los grupos más influyentes o predominantes dada la estructura de concentración del poder. Las ciudades andinas cobraron cada vez mayor predominio y se debilitaron muchas de las zonas rurales con actividades de subsistencia. En últimas, pueden darse reagrupamientos armados sobre la base de intereses económicos, despolitizados ideológicamente en el ejercicio de la violencia organizada.
En opinión de Lozano-Villegas (2015), frente a la actualidad de los partidos políticos en Colombia,
es indispensable la construcción de un efectivo control institucional y jurídico, para evitar la desviación de prácticas democráticas y el apoderamiento de las instituciones o corporaciones públicas del Estado, lo cual ocurre cuando los intereses de los partidos políticos están por encima de los intereses y fines del Estado. Para, de ese modo, llegar a extinguir practicas tan comunes como la destinación de [dineros públicos] a objetivos distintos de los previstos en la ley o plan de desarrollo. (p. 136)
Por lo cual, este autor destaca la importancia de avanzar hacia un pluralismo político efectivo,
donde importen más las ideas que los “cacicazgos” y las “dinastías políticas” y que finalmente redunde en una libertad política del elector quien, debidamente informado, pueda participar al interior de los partidos y en las juntas electorales, con plena convicción y libertad, de su alternativa política. (p. 136)
Escenario muy posible - Escenario 07
En este escenario, se destaca el haber logrado la erradicación de la pobreza rural extrema y una disminución cercana al 50 % de la pobreza en el campo, en especial, en las zonas andinas y las proximidades a las ciudades capitales, para el horizonte de 2026. También se consiguió la promoción de la igualdad, el cierre de la brecha entre el campo y la ciudad, la reactivación del campo y el desarrollo de la agricultura campesina, familiar y comunitaria.
Se logró, además, una ampliación democrática que permitió enriquecer los debates alrededor de los grandes problemas nacionales, con mayor pluralismo y garantías para la inclusión política. Asimismo, pudo apreciarse que la mayor parte de las víctimas fue reparada, con satisfacciones mínimas de verdad y justicia. Sin embargo, muchas hostilidades entre grupos armados ilegales no cesaron, por cuenta de la reintegración de antiguos exguerrilleros en nuevas estructuras criminales, orientadas a dar protección al narcotráfico.
Junto a lo anterior, la RRI no pudo llegar a las zonas de producción de cultivos de uso ilícito, las cuales continuaron bajo diversas lógicas de chantaje, como los pagos de subsistencia para los productores. La operación armada de reorganización de las antiguas guerrillas se orientó a la defensa de las actividades ilegales de producción y distribución, con injerencia de actores nacionales y extranjeros, articulados en las redes del narcotráfico internacional. De modo que el narcotráfico continuó articulado a las guerrillas y otros actores influyentes de la actividad económica y social del país, adaptados a las nuevas realidades.
De acuerdo con el informe del International Crisis Group (2017), intitulado Los grupos armados de Colombia y su disputa por el botín de la paz, las mejoras en materia de seguridad del país no han sido uniformes y “ahora hay pruebas de que grupos disidentes de las Farc-EP, grupos del crimen organizado de varias magnitudes y el ELN aún controlan territorios” (p. 31). Además, según este informe,
los prósperos negocios ilícitos (pujantes plantaciones de coca, minas de oro ilegales, redes de extorsión y contrabando) son responsables de la supervivencia y expansión de muchos de estos grupos [diferentes facciones armadas]. Pero los intereses económicos por sí solos no explican el apoyo que reciben dentro de algunas comunidades. Mediante la resolución de disputas y la defensa de los medios de vida ilícitos frente a las fuerzas de seguridad, estos grupos han establecido una forma rudimentaria y autoritaria de liderazgo político local. (p. i)
Por ello, el informe sugiere que,
aun si las fuerzas de seguridad pudieran tomar todo el territorio en disputa, la coerción por sí sola no puede establecer vínculos de confianza entre el Estado y los ciudadanos locales. Por el contrario, se debe persuadir a estos de que existe una alternativa mejor que la justicia sumaria y la disciplina social impuestas por los grupos ilegales. (p. i)
Escenarios posibles
En este escenario futuro, se dan las hipótesis de participación política, fin del conflicto y de reparación a las víctimas. Se destaca la desarticulación de la guerrilla, la ampliación del espacio de participación política, y los esfuerzos para reparar a las víctimas del conflicto. Sin embargo, la RRI no se implementa lo suficiente o queda corta o es entorpecida. De esa forma, no se dan las transformaciones productivas en el campo que alivianen los conflictos por tenencia y uso del suelo, por lo que se conservan algunos predominios territoriales y rigideces que mantienen la producción, transformación y comercialización de cultivos de uso ilícito, manteniendo en plena actividad el negocio del narcotráfico y las consecuencias derivadas de él.
Además, la ausencia de una reforma rural efectiva incide sensiblemente sobre las iniciativas de fin del conflicto y el logro de la paz. Se sostiene en diferentes estudios, incluso en la documentación de los acuerdos (por ejemplo, el documento Instalación de la mesa de conversaciones, inicio de los ciclos de conversaciones y la discusión del Punto 1), que el propósito de RRI es “contribuir a reversar los efectos del conflicto en el territorio, garantizar la no repetición y establecer una paz estable y duradera” (Oficina del Alto Comisionado para la Paz, 2018, p. 38).
Es un escenario hipotético en el cual ocurren casi todas las proyecciones a futuro. Sin embargo, no se logra la ampliación democrática necesaria para brindar representación a diferentes visiones e intereses de la sociedad, con las debidas garantías para su participación y la inclusión política. Este escenario puede implicar la construcción de un consenso político fuerte alrededor de una única visión predominante, con un fuerte componente de reactivación de las actividades rurales, el fin del narcotráfico, la lucha contra la corrupción y mayor justicia social. También puede incluir una iniciativa hacia el retorno de nuevas formas de desarrollismo o, incluso, la generación de actividades enmarcadas en los agronegocios.
De acuerdo con Moreno-Parra (2018), en Colombia,
el conflicto social que se manifiesta a través de los grupos armados de las guerrillas se debe a motivaciones precisas de carácter estructural o del llamado déficit democrático, como son: la dificultad en la consecución y posesión de los bienes, recursos y poder, de los cuales no goza la inmensa mayoría de la población y que están concentrados en pocas personas, en una minoría privilegiada. Y, de otro lado, se debe también a la presencia histórica de la variable independiente de un régimen político de exclusión paritario y bipartidista que se ha mostrado incapaz de asegurar las condiciones políticas e institucionales necesarias para el trámite de las demandas políticas de la sociedad. (p. 177)
El autor argumenta que los distintos ciclos del conflicto en el país
han sido superados de manera transitoria por ciclos de posconflicto mediante lo que se denominó pactos consociacionales; espacios en los cuales no se ha contado con la suficiente capacidad y voluntad política para realizar cambios estructurales, ni se han articulado los suficientes consensos, ni permitido la inclusión política y social de vastos sectores implicados en los diferentes momentos de violencia, lo que ha conllevado a que nuevamente se activen los dispositivos sociales y políticos del conflicto violento. (p. 177)
Por ello, Moreno-Parra concluye que una ampliación democrática real que permita romper estos ciclos recurrentes de periodos de violencia y posconflicto, negociados mediante pactos de las élites, debe incorporar una mayor liberalización y profundización democrática, construida desde abajo.
En este escenario, se dan las hipótesis de participación política y de reparación a las víctimas del conflicto. Se destacan, por un lado, la ampliación del espacio de participación política y, por otro, el esfuerzo para reparar a las víctimas. Sin embargo, la RRI no se implementa suficientemente o queda corta o es entorpecida. Así, no tienen lugar las transformaciones productivas en el campo, capaces de aliviar los conflictos por tenencia y uso del suelo, de modo que se mantienen algunos predominios territoriales y rigideces que mantienen la producción, transformación y comercialización de cultivos de uso ilícito. Esto implica que se conservan en plena actividad el negocio del narcotráfico y las consecuencias derivadas de este.
A ello se agrega que los exguerrilleros articulan nuevas estructuras ilegales armadas, que se asocian al funcionamiento del negocio del narcotráfico y a otras actividades ilícitas. Sin terminación de los conflictos y sin RRI, se verá empobrecida la posibilidad de una reparación efectiva de las víctimas.
Ahora bien, de acuerdo con Rodrigo Uprimny (2017), el caso colombia-no de justicia transicional incorpora retos en los dilemas propios de la justicia transicional, “pues se estaría intentando aplicar la idea de justicia transicional a una situación, donde […] la transición a la paz sería parcial y fragmentaria” (p. 1), al no haber una transición definitiva del conflicto a la paz, dada la presencia de grupos no desmovilizados o con los cuales no existen procesos de paz. Uprimny (2017) enfatiza en que
por más que esta verdad pudiera ser reconstruida sin la intervención de los victimarios (cosa que es difícilmente posible), para que [esta] tenga los efectos deseados de contribuir a la reparación y al perdón por parte de las víctimas y, así, a la paz y a la reconciliación nacional, resulta imprescindible que los victimarios hagan parte de este proceso de reconstrucción. En efecto, solo confesando plena y fidedignamente sus crímenes, podrán los actores armados demostrar al resto de la sociedad su arrepentimiento frente a [sus crímenes] y su voluntad de no repetirlos. (p. 23)
En este escenario se consigue avanzar en la RRI, cuyo logro principal es el fomento de la participación política de grupos emergentes y cuyo interés está asociado al desarrollo de actividades productivas en el campo. Sin embargo, termina entorpecido el proceso de justicia transicional y reparación de las víctimas, algunos exguerrilleros vuelven a tomar las armas y no se dan las transformaciones productivas que incidan en la erradicación de los cultivos ilícitos y la terminación del narcotráfico. Además, la sociedad ha perdido confianza en las instituciones del Estado, en particular, en la justicia, y la sensación popular es el predominio del clientelismo y la corrupción. La reforma rural tiene impacto a medias y muchos de los nuevos participantes en los procesos políticos terminan plegándose a los grupos predominantes de influencia política.
La coincidencia entre la participación política y la RRI permite la promoción de algunas políticas para el campo. Sin embargo, la falta de éxito en las otras hipótesis conduce a que los resultados puedan ser muy limitados. En un estudio de escenarios de desarrollo agrario realizado por Guerrero, Rojas, Torres y Bourdon (2014), se plantean futuribles con base en las dos dimensiones: el espacio sociopolítico y el económico internacional. Los futuribles dentro de este escenario estarían, según afirman los autores, en un “bienestar a medias” en las áreas de desarrollo agraria o un escenario de “supervivencia”. En el futurible de bienestar a medias, los autores afirman:
El campo de lo económico internacional sería exitoso; habría subsidios para los campesinos, inversión del sector privado y de las instituciones del Estado […]. [Pero la] explotación masiva de recursos naturales minero-energéticos y los macroproyectos para producción de biocombustibles que esterilizan los suelos no serían aceptados por los pobladores rurales; ellos verían amenazados sus territorios y vulnerada su tradicional cultura ancestral. Razón por la cual, se presentarían conflictos sociales [que traerían] como consecuencia violencia. No habría paz. En medio de esa situación los programas de educación y capacitación no se podrían desarrollar y la colectivización de los territorios y el ordenamiento territorial para delimitar las fronteras agrícolas y definir el uso de la tierra seguirían en veremos. (p. 407)
En el futurible de supervivencia, se transformarían
las dificultades sociales y, en consecuencia, las políticas estatales para el desarrollo del sector agrario [que] estarían pensadas bajo un concepto de desarrollo integral, respetando la autonomía de los pobladores rurales y la visión de ellos sobre la construcción de su territorio […]. Pero habría pocos recursos económicos para invertir en ese desarrollo integral. Lo económico internacional no iría bien […]. No habría recursos para los subsidios, razón por la cual sería imposible competir con los precios del mercado internacional. Los recursos para la inversión serían muy pocos porque habría un decrecimiento de la economía. (pp. 407-408)
