El proceso electoral 2017-2018, desde la visión de las autoridades electorales

El proceso electoral 2017-2018, desde la visión de las autoridades electorales

se terminó de editar en junio de 2020 en las oficinas de la Editorial Universidad de Guadalajara, José Bonifacio Andrada 2679, Lomas de Guevara, 44657 Guadalajara, Jalisco.

En la formación de este libro se utilizaron las familias tipográficas Minion Pro, diseñada por Robert Slimbach, y Ronnia, diseñada por Veronika Burian y José Scaglione.

Índice

Prólogo

Tadeo Eduardo Hübbe Contreras

Presentación

Ernesto Gerardo Castellanos Silva

1. El conflicto territorial wixárika y sus implicaciones en el proceso electoral 2017-2018

Ana Margarita Torres Arreola

2. La participación de los pueblos y comunidades indígenas en el proceso electoral 2017-2018

Guillermo AmaDo Alcaraz Cross

3. Los debates en Jalisco

Miguel Godínez Terríquez

4. El proceso electoral 2017-2018 y sus autoridades

Ricardo Suro Gutiérrez

5. Violencia política hacia las mujeres y misoginia en las campañas electorales 2017-2018

Hilda Villanueva Lomelí

Adrián Torres Cuevas

6. El ejercicio de un nuevo derecho: el voto de los jaliscienses residentes en el exterior

Moisés Pérez Vega

Prólogo

Tadeo Eduardo Hübbe Contreras

Me honra y aprecio la distinción que me hacen los coordinadores, así como los autores, para ser quien redacte el prólogo de esta interesante obra. La temática que se aborda nos remonta, en tiempo y espacio, al periodo en el que se desarrolló el proceso electoral ordinario 2017-2018 en el estado de Jalisco, visto desde su particular perspectiva como autoridades electorales en ese momento.

Como en alguna otra ocasión he tenido oportunidad de decir y coincidir,1 junto con uno de mis grandes colegas Salvador Carrillo García, que existe un gran consenso en que el tránsito a la democracia inició con la reforma política de 1977, impulsada por Jesús Reyes Heroles. El país experimentó un proceso constante de cambios, algunos paradigmáticos, que la sociedad actual exigía, y que provocó un sentimiento de esperanza de un cambio de régimen político que permitiera al pueblo mexicano soñar por un buen porvenir.

De inicio, y planteando una breve contextualización histórica, el proceso electoral del año anterior (1976) fue marcado por un hecho peculiar: sólo un candidato se presentó a la contienda por la presidencia de la república, en este caso José López Portillo. Esto desató el reclamo de las pocas fuerzas políticas de oposición que, aunado a la falta de legitimidad ante la sociedad, hicieron de la apertura democrática una demanda y una asignatura pendiente a consolidar.

Desde entonces y durante los próximos años se gestaron cambios muy significativos dentro del sistema político mexicano, en la vida interna de los partidos políticos y la descentralización de los organismos electorales, para depositarlos en una metodología de participación ciudadana; es decir, nace una nueva forma de responsabilidad ciudadana en los asuntos políticos del país.

No es hasta 1997 que, por primera vez en la historia contemporánea, surgió, desde las urnas, un gobierno dividido que dio paso al pluralismo, al reparto del poder político entre diferentes fuerzas políticas. El Congreso de la Unión no se conformó por la mayoría absoluta de diputados del partido político predominante hasta ese entonces, como regularmente sucedía. Tres años después, de manera esperanzadora sucedió la tan deseada alternancia presidencial. No obstante, en el proceso reformador que continuó en los siguientes años se dieron los primeros pasos para el fortalecimiento de la autonomía del Tribunal Electoral, la regulación de la imagen de los gobernantes, así como de los tiempos oficiales en radio y televisión, la formalización de las alianzas, la apertura de paquetes electorales y conteo de votos, el prorrateo de los gastos de campaña y su fiscalización, el voto extraterritorial, entre otros.

Para el proceso electoral de 2012 se planteó una nueva reforma, más de tipo estructural que político, la cual en el año 2014 derivó en el rompimiento de una especie de dogma cívico en el ámbito local: la reelección de munícipes se hizo una realidad.

De ahí es evidente que México, durante estos últimos años, ha experimentado una mutación sustancial en su régimen jurídico-electoral, tanto nacional como local, con efectos políticos difícilmente considerables en el siglo pasado. Ahora, el reto adquirido en razón de todo este complejo y sinuoso proceso, por simple inercia, será, desde el punto de vista legal, la armonización de las leyes, y desde el punto de vista político la consolidación de una democracia real, perdurable y sostenida en todo el ámbito nacional.

Las sociedades aprenden sobre el efecto de sus procesos. Sean políticos o sociales, nos enfrentamos al ensayo y buscamos minimizar el error. Siempre es necesario analizar y evaluar nuestras propias acciones, nuestros propios esfuerzos por propiciar mejores condiciones para desenvolvernos, por consolidar nuestras utopías, por aprender a vivir juntos y de la mejor manera posible. La construcción de la democracia no queda ajena a esto, su esencia radica en la responsabilidad de cada uno de los que formamos parte de un complejo entramado institucional que se pone en marcha con el objetivo de garantizar que las decisiones colectivas que tomemos sean adecuadas. En esta obra, los consejeros electorales del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (iepc) del estado de Jalisco, acompañados de investigadores, presentan y analizan su evaluación del proceso electoral que condujeron exitosamente, la cual no hubiera sido posible sin la participación y compromiso de miles de ciudadanos que acudieron al llamado de sus obligaciones, organizando, implementando y defendiendo el procedimiento electoral que permite la renovación de los órganos de gobierno.

Pero ahora, los efectos de todo este entramado legal para concretar las reformas constitucionales que hoy rigen al sistema político mexicano han impactado, por obviedad, al marco jurídico local y también han implicado nuevos retos, toda vez que es difícil considerar, dentro del marco legal, todos los aspectos sociales, culturales y económicos de cada región del país (tema que no tocaré en este momento, pues me llevaría a un análisis más profundo y controversial). Retos que fueron advertidos por Ana Torres, puesto que relata el conflicto vivido durante el proceso electoral llevado a cabo en la zona más marginada y pobre del estado de Jalisco, es decir, la región Norte, en la que se asienta la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan, dentro de los municipios de Mezquitic y Bolaños. En este caso, expresa las dificultades para la integración de mesas directivas de casilla para llevar a cabo las elecciones federales y locales, puesto que dicha comunidad no pretendía participar en las elecciones en esa región, como parte de la presión ejercida para que el Estado mexicano diera solución a un conflicto social (el caso de Huajimic), lo que preocupó a las autoridades electorales e implicó la necesidad de que el Instituto Nacional Electoral (ine) iniciara un diálogo para resolver el problema, que escapaba en cierta medida al ámbito de su competencia.

Finalmente, Ana Torres relata los hechos posteriores a la elección de 2018, en el que menciona los medios legales de impugnación, interpuestos por los partidos políticos Morena y pri, y resoluciones del Tribunal Electoral de Jalisco que dieron fin a la controversia en razón de la falta de instalación del porcentaje de casillas necesarias para concluir debidamente la elección en los municipios de Mezquitic y Bolaños.

También por su parte, Guillermo Alcaraz Cross hace una referencia similar a las comunidades indígenas, con énfasis en la comunidad wixárika y su deseo de declinar al derecho de voto para las elecciones de 2018. Además de las comunidades wixárika, analiza los diversos instrumentos legales que regulan la participación de los indígenas de todo el país en el desarrollo del proceso electoral; ámbito normativo y jurisprudencial que Alcaraz Cross hace notar en su artículo como un paso decisivo hacia una democracia más sólida e incluyente, aunque también plantea los retos de la autoridad electoral para preservar su actuación ante los obstáculos que presenta la falta de atención a las demandas de dichas comunidades. Por ello es tan importante atender de fondo todos aquellos presupuestos indispensables para la autorrealización de las personas, que la propia Constitución Política mexicana garantiza y protege.

La consolidación de una democracia incluyente también tiene como reto el fomento a la participación ciudadana debidamente informada para la mejor toma de decisión para elegir sus representantes. En este sentido, Miguel Godínez hace un estudio cronológico de las diversas disposiciones que han regulado los debates organizados por la institución electoral, como medio de difusión de ideas. La figura del debate juega un papel fundamental en el proceso electoral, y queda demostrada su evolución durante el tiempo dentro de los marcos normativos nacionales y locales. En el año 2014 la norma local se reformó de manera singular respecto del tema del debate, puesto que se estableció la obligatoriedad de organizar debates y además promovió la participación de ciudadanía.

Es importante destacar, nuevamente, la reforma de 2014, que entre otras novedades introdujo la promulgación de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Ricardo Suro Gutiérrez explora este aspecto importante dentro de todo el ámbito institucional del sistema electoral, que es la creación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en los órdenes federales y locales y las fiscalías especializadas en la misma materia para cada entidad federativa. Coincido plenamente en que los desafíos que enfrenta el sistema electoral mexicano son la desconfianza, la falta de credibilidad de la ciudadanía hacia las instituciones gubernamentales, y más ahora que nunca la impunidad está al orden del día. Por ello, el rol que juegan las fiscalías conlleva un mayor esfuerzo para el fortalecimiento democrático del Estado. Los retos de las fiscalías son bien planteados ante la acostumbrada violencia que se pueda suscitar en cualquier parte del país y que atenta con el proceso electoral. Ya lo dice Suro Gutiérrez, el proceso electoral que se vivió entre septiembre de 2017 y julio de 2018 se conoce como el periodo electoral más violento que haya tenido nuestro país.

Aunado a lo anterior, Hilda Villanueva y Adrián Torres tocan uno de los temas más trascendentales y relevantes en el debate nacional en torno a la equidad, respeto y lucha contra cualquier tipo de violencia hacia la mujer. En el caso analizado por Villanueva y Torres, es la violencia política hacia las mujeres y la misoginia en las campañas electorales de 2017-2018 la que abre la puerta al debate, así como al análisis durante ese periodo electoral.

Es preciso señalar que la participación de la mujer dentro de la política mexicana es vital para el fortalecimiento de las instituciones democráticas del Estado. Desde el 3 de julio de 1955, las mujeres mexicanas han ejercido el derecho al voto y alcanzado el reconocimiento a la igualdad dentro de la política mexicana. Fue una lucha por el reconocimiento a participar en decisiones políticas de la nación, que hasta el día de hoy festejamos haya prevalecido. No obstante, también continúan arraigadas algunas conductas machistas, retrógradas y vergonzosas en la sociedad mexicana que se han reflejado en distintas contiendas electorales. La de 2018 no fue la excepción. Por ello, se replantea en esta obra la necesidad del Estado, a través de sus instituciones, de erradicar cualquier tipo de violencia política y prácticas misóginas en las campañas y dentro de los partidos políticos, que permita el pleno desarrollo del Estado bajo un orden donde prevalezca la oportunidad de participación política para todos, sin importar el género de los protagonistas.

Finalmente, es Moisés Pérez quien reflexiona y describe las acciones que llevó a cabo el iepc de Jalisco durante el proceso electoral de 2018, para garantizar el ejercicio del derecho al sufragio de los ciudadanos jaliscienses que se encontraban en el extranjero, para las elecciones de gobernador y diputados locales por el principio de representación proporcional. Pérez, una vez diagnosticados los resultados de la elección de los jaliscienses en el extranjero, plantea una serie de retos a tomar en cuenta para permitir la participación ciudadana, sin excepción alguna, más allá de las fronteras mexicanas.

En conclusión, este compendio de escritos es una gran oportunidad que tiene el lector para reflexionar y comprender los grandes retos actuales y los que nos depara el futuro, no tan lejano, para consolidar a nuestro país como un Estado democrático, participativo, equitativo y de derecho. No me queda más que reiterar mi agradecimiento a los coordinadores y los autores por permitirme ser parte de este libro.

1 Véase T. E. Hübbe Contreras y S. Carrillo García (2017). Del dogma a la duda razonable. Apuntes sobre la reelección. En K. F. Vega Ruiz y T. E. Hübbe Contreras (coords.), Ejes para la formación de una ciudadana activa. Un análisis (pp. 106-108). Madrid: Marcial Pons.

Presentación

Ernesto Gerardo Castellanos Silva

La obra que ahora se presenta analiza las experiencias vividas durante el proceso electoral 2017-2018, abordando temáticas sobre eventos sucedidos, un tanto predecibles y otro tanto impensables, como la participación de los ciudadanos para acudir a votar, para expresar sus opiniones respecto del desarrollo de las campañas y su activismo dentro del proceso, quienes hicieron que estas elecciones se convirtieran en un parteaguas nacional; todo desde la visión de los que participaron como consejeros electorales y que estuvieron trabajando día a día en este proceso electoral hasta la entrega de las constancias de mayoría a los candidatos electos.

La democracia mexicana vio en este proceso y en el resultado de los comicios una participación más activa y comprometida por parte de la sociedad y del gobierno a través de las instituciones, organismos y tribunales que participan del proceso; la sociedad mexicana decidió dar la oportunidad de gobernar a un partido diferente, dio con su voto confianza e importancia a un candidato independiente, lo que no se había visto, y decidió dejar de lado al partido político en turno, ubicándose este en el penúltimo lugar en la elección a presidente de la república.

El libro se integra con seis artículos escritos por consejeros tanto de la Junta Local como de las Distritales del ine en el estado de Jalisco y del iepc. Ana Margarita Torres Arreola aporta el artículo “El conflicto territorial wixárika y sus implicaciones en el proceso electoral 2017-2018”, estrechamente relacionado con el texto de Guillermo Alcaraz Cross. La autora explica las acciones que realizó el ine en relación con la medida tomada por la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan, de los municipios de Mezquitic y Bolaños, para obtener la restitución de tierras al no permitir la instalación de casillas en su territorio, lo que trajo consigo consecuencias como lo fue recurrir ante la máxima autoridad electoral para la convalidación de la elección del ayuntamiento del municipio de Bolaños.

Guillermo Amado Alcaraz Cross comparte el artículo titulado “La participación de los pueblos y comunidades indígenas en el proceso electoral 2017-2018”, en el que da cuenta de la importante labor de gestión del iepc para que el proceso electoral local pudiera desarrollarse conforme a la normatividad, y a su vez se respetaran y garantizaran los derechos políticos de los integrantes de los grupos indígenas que forman parte del territorio de Jalisco. Menciona cuáles fueron los contratiempos y obstáculos a sortear para instalar las casillas y brindar seguridad para que no hubiera disturbios en torno a estas, debido al rechazo mostrado por estos grupos para el desarrollo de las elecciones; estas acciones formaron sólo una parte de todo lo que el Instituto realizó para legitimar el proceso electoral local de Jalisco.

Miguel Godínez Terríquez contribuye con el artículo “Los debates en Jalisco”, en el que explica la forma en que se desarrolló por primera vez la dinámica de los debates entre contendientes en el estado de Jalisco y cómo esta actividad fue incluida en la normatividad local a través de diversos momentos, iniciando con el Reglamento de Debates entre Candidatos para establecer las bases y reglas para el desarrollo de los debates, hasta llegar al actual Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco. Ahonda también en las particularidades del formato, moderador, formulación de preguntas y participantes. Al leer este artículo podemos conocer la parte toral de los debates en los procesos electorales locales y cómo se desarrollaron en el proceso electoral 2017-2018.

Ricardo Suro Gutiérrez firma el artículo “El proceso electoral 2017-2018 y sus autoridades”, que hace alusión a las acciones tomadas en conjunto por las autoridades electorales, para brindar confianza a la ciudadanía, promover la participación ciudadana y disminuir el abstencionismo acontecido en elecciones anteriores. Otro tema que trata es el de los retos que enfrentaron respecto de la violencia política, y aporta las cifras de las acciones violentas registradas tanto a nivel federal como estatal; refiere también el contenido de la Ley General en Materia de Delitos Electorales. Es un artículo muy interesante que nos invita a conocer más sobre la actuación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales tanto federal como local.

Hilda Villanueva Lomelí y Adrián Torres Cuevas presentan el artículo “Violencia política hacia las mujeres y la misoginia en las campañas electorales 2017-2018”, en el que tratan un tema delicado y recurrente en la vida política: los comportamientos y las manifestaciones de odio y la violencia hacia las mujeres en la participación y representación política. Explican cómo las prácticas misóginas y violentas, en todas sus formas (física, moral y psicológica), componen la cultura machista que hoy en día se continúa fomentando en los senos familiares y se proyecta en otras esferas en que se desenvuelven las personas, pues las prácticas no son exclusivas de los varones, también las mujeres manifiestan este tipo de conductas. Los autores aportan datos duros para representar la violencia ejercida en el proceso electoral de 2018, además de brindar datos que son referentes anteriores y que les permiten proponer acciones para reducir estas prácticas de odio y violencia hacia las mujeres que desean participar en la vida política del país.

Finalmente, Moisés Pérez Vega nos muestra un panorama a partir del año 2005, cuando el Congreso de la Unión aprobó el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, cómo se desenvolvieron los tres procesos electorales en los que se ha aplicado esta modalidad y la inclusión en las legislaturas de los diversos estados, así como los cargos en los que se contabiliza el voto extranjero; destaca el caso de Jalisco en el que es válido para la elección tanto de gobernador como de diputados locales de las legislaturas locales que reconocen el voto a distancia, además de compartir la experiencia que se vivió en el iepc del estado de Jalisco con el voto extranjero en las elecciones de 2018.

1. El conflicto territorial wixárika y sus implicaciones en el proceso electoral 2017-2018

Ana Margarita Torres Arreola

Introducción

La organización de las elecciones en México no está exenta de dificultades en el proceso de integración de las mesas directivas de casilla, derivado de las complejidades geográficas, sociales y poblacionales presentes en todo el país.

El Proceso Electoral Concurrente 2017-2018 celebrado en el estado de Jalisco no fue la excepción: casi a la mitad del desarrollo del referido proceso comicial, la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán y de Tuxpan hizo patente su decisión de no participar en las elecciones ni permitir la instalación de casillas en su territorio, situación que implicó un importante reto para el ine en cuanto a su responsabilidad de integrar las mesas directivas de casilla y puso en riesgo la validez de la elección de munícipes de los ayuntamientos de Mezquitic y Bolaños.

Determinación y pronunciamiento de la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan

El 29 de abril de 2018, durante el desarrollo de una asamblea extraordinaria celebrada en la localidad de Amolera, municipio de Bolaños, Jalisco, a la que asistieron 830 comuneros2 reconocidos, la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan, de los municipios de Mezquitic y Bolaños, emitieron un pronunciamiento que atrajo el interés de los medios de comunicación locales e incluso nacionales, pero sobre todo la atención y preocupación de las autoridades electorales encargadas de la organización del Proceso Electoral Concurrente 2017-2018 en Jalisco.

En dicho pronunciamiento, que se hizo del conocimiento del ine un día después de su emisión a través del consejero presidente del Consejo Distrital 01, con cabecera en Tequila, Jalisco, el órgano de representación agraria exigía al gobierno mexicano la pronta solución al conflicto social de Huajimic, mediante la indemnización de los ganaderos de dicha región y la consecuente devolución de más de diez mil hectáreas a la comunidad wixárika.

En el pronunciamiento también se expusieron diversas acciones de presión que serían adoptadas por la comunidad para lograr su pretensión, entre ellas que a partir de la fecha de emisión en el interior de la comunidad no se permitiría que se llevaran a cabo actividades inherentes al proceso político electoral 2018. Asimismo, que la ciudadanía wixárika no votaría en la jornada electoral del 1 de julio de 2018, en caso de que su demanda no fuera atendida y resuelta por el gobierno federal.

Para garantizar lo anterior, advirtieron que instalarían puestos de control comunitario de vigilancia en diversos puntos estratégicos de la comunidad con el propósito de impedir el paso a “personas jurídicas y físicas que tengan que ver con el tema” (Archivo del Instituto Nacional Electoral, 29 de abril de 2018).

Antecedentes del conflicto territorial

El pueblo wixárika está asentado en el territorio de la Sierra Madre Occidental que comprende una parte de los estados de Jalisco, Nayarit, Durango y Zacatecas, agrupándose tradicionalmente en varias comunidades agrarias, entre ellas la de San Sebastián Teponahuaxtlán-Wauta y Tuxpan-Kuruxi Manuwe de los municipios de Mezquitic y Bolaños.

En un comunicado del Consejo Regional Wixárika se señala:

A cada una de estas comunidades agrarias les fue reconocido en su momento histórico por parte de la Corona Española, mediante el correspondiente Título Virreinal, el legítimo derecho de propiedad que tienen sobre las tierras que como pueblo originario venían ocupando desde antes de la llegada de los españoles (Consejo Regional Wixárika, 25 de septiembre de 2016).

Siglos después, el 15 de julio de 1953 se volvió a reconocer la propiedad por resolución presidencial mediante la cual se decreta que la comunidad wixárika es la legítima propietaria de una superficie de 240 447 hectáreas. Sin embargo, en el transcurso de los años siguientes las tierras comunales que se encuentran en el lindero sur-poniente de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan fueron ocupadas en una superficie aproximada de diez mil hectáreas por ganaderos del poblado de Huajimic, municipio de La Yesca, Nayarit, quienes reclaman supuestos derechos de propiedad dentro de las tierras de la comunidad.

En el año 2007, la comunidad de San Sebastián y Tuxpan decidió recuperar sus tierras invadidas, interponiendo 47 juicios de restitución agraria ante el Tribunal Unitario Agrario (tua) competente. Luego de casi diez años de juicios han logrado obtener ١٣ sentencias favorables, las cuales determinan que la superficie es comunal y debe ser restituida a sus legítimos propietarios, es decir, a los wixaritari de San Sebastián y Tuxpan (Consejo Regional Wixárika, 25 de septiembre de 2016).

No obstante, sólo dos de dichas sentencias han llegado a buen término: la del 22 de septiembre de 2016, que restituyó 184 hectáreas, y la del 20 de octubre de 2017, que restituyó 63 hectáreas. En 2018 estaba programada la restitución de 129 hectáreas el 21 de marzo, pero el posesionario no se presentó y no se pudo llevar a cabo la diligencia, que se pospuso para el 12 de abril.

El 21 de mayo de 2018, la Secretaría de Gobernación pidió a la comunidad un plazo de cuatro semanas para completar “un paquete” con el financiamiento y las propuestas para garantizar las restituciones de tierras de Huajimic, a las que los posesionarios se han negado de forma abiertamente hostil, pues reclaman ser indemnizados (Del Castillo, 22 de mayo de 2018).

El ine frente al conflicto wixárika en el marco del proceso electoral 2017-2018

Como es sabido, el artículo 32 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, inciso A párrafos i, iv y v de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, atribuye al ine la responsabilidad directa de la ubicación de las casillas, la integración de mesas directivas de casilla y la capacitación electoral en aquellas entidades en que se celebren elecciones concurrentes, a través de la instalación de una mesa directiva de casilla única para ambas elecciones. Por ello, asumiendo su responsabilidad en cuanto a dichas actividades bajo su encargo en el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018, de manera inmediata la 01 Junta Distrital Ejecutiva del ine inició un análisis de campo por medio de los supervisores electorales (se) y capacitadores-asistentes electorales (cae), a fin de identificar de manera específica los lugares donde se encontraban los puestos de control de la comunidad, así como para determinar la magnitud del bloqueo y las implicaciones en cuanto al acceso a la zona y evaluar la factibilidad para continuar con las actividades relativas a la integración de las mesas directivas de casilla.

Derivado de dicho análisis, se detectó que 13 casillas fueron afectadas, cuya ubicación para entonces ya había sido aprobada por el Consejo Distrital, siete de ellas previstas para ser ubicadas en el municipio de Mezquitic y seis en el de Bolaños, cuyos datos se presentan a continuación.

Fuente: Archivo del Instituto Nacional Electoral (27 de junio de 2018).

Ante este panorama, el ine enfrentaba dificultades para cumplir con uno de sus objetivos principales en la organización de elecciones: integrar las mesas directivas de casilla con ciudadanos doblemente sorteados y capacitados para recibir y contar los votos el día de la jornada electoral. Al momento de presentarse la determinación de la comunidad wixárika, a finales del mes de abril, el ine ya había efectuado la doble insaculación de tales ciudadanos e incluso muchos de ellos ya habían sido invitados a participar. No obstante, la situación de bloqueos de caminos e imposibilidad de acceso a las comunidades volvía imposible que los cae culminaran su labor de acudir a sus domicilios, notificarlos y capacitarlos para participar como funcionarios de casilla el día de la jornada electoral.

Por otro lado, se analizó el riesgo de que si permanecían los bloqueos y no lograban instalar las casillas afectadas el día de la jornada electoral, se actualizarían las causales de nulidad de elección previstas por los artículos 76, 77 y 77 bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al no instalarse el 20% de las casillas, y en el caso de la elección local, el artículo 638, numeral 1, fracción iv, inciso “b” del Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco.

Si bien el porcentaje de casillas afectadas a nivel distrital representaba únicamente el 2.4% del total que habían sido aprobadas hasta ese momento por el Consejo Distrital para recibir la votación el 1 de julio de 2018 (se habían aprobado 449 casillas), con lo cual las elecciones de presidente, senadores y diputados no se vería comprometida, en el caso de las elecciones municipales esta situación cambiaba, ya que en ambos municipios se superaba el umbral del 20%, con la consecuente posibilidad de nulidad de elección y realización de elecciones municipales extraordinarias.

La mayoría de los se y cae que atendían las secciones electorales de esas comunidades eran originarios y residentes de las mismas, circunstancia que permitió al ine mantenerse al tanto de la situación que imperaba en la zona en conflicto. A partir de la emisión del pronunciamiento, los mencionados prestadores de servicios reportaron la interrupción del avance en la integración de las mesas directivas de casilla. Así, estas figuras informaron que se les había impedido desarrollar las actividades de capacitación e inclusive se les prohibió salir de la comunidad.