Justicia educacional

Justicia educacional

Desafíos para las ideas, las instituciones y las prácticas en la educación chilena

Camila Moyano Dávila

Editora

Esta publicación es un proyecto del Centro Justicia Educacional y fue posible gracias al financiamiento del proyecto ANID PIA CIE160007.

Ediciones Universidad Alberto Hurtado

Alameda 1869– Santiago de Chile

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Primera edición noviembre 2020

Los libros de Ediciones UAH poseen tres instancias de evaluación: comité científico de la colección, comité editorial multidisciplinario y sistema de referato ciego. Este libro fue sometido a las tres instancias de evaluación.

ISBN libro impreso: 978-956-357--267-4

ISBN libro digital: 978-956-357-268-1

Coordinadora colección Educación: María Teresa Rojas

Dirección editorial: Alejandra Stevenson Valdés

Editora ejecutiva: Beatriz García-Huidobro

Diseño interior y portada: Francisca Toral

Imagen de portada: Shutterstock

Diagramación digital: ebooks Patagonia

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ÍNDICE

Prólogo

Martín Hopenhayn

Introducción

Temporalidades de la justicia educacional

Camila Moyano Dávila

PRIMERA PARTE: NORMALIDAD Y DIFERENCIA

Normalidad, diversidad, justicia y democracia: una propuesta desde la educación inclusiva

Alfredo Gaete, Laura Luna y Manuela Álamos

Pensar la justicia de reconocimiento en torno a las diversidades sexuales en la escuela

María Teresa Rojas y Pablo Astudillo

¿Igualar o diferenciar? ¿Qué es lo justo cuando hablamos de discapacidad y educación?

Catalina Santa Cruz y Ricardo Rosas

Ensamblajes de la normalidad y la diferencia: diagnóstico y justicia

Claudia Matus, Natalia Hirmas y Erika González

SEGUNDA PARTE: INSTITUCIONALIDAD Y POLÍTICA EDUCATIVA

Internacionalización e Injusticia Epistémica: La circulación de la ficción real tras Becas Chile

Daniel Leyton y Francisco Salinas

Justicia educacional en el contexto del sistema Técnico Profesional: redistribución, reconocimiento y participación de los técnicos de media y de nivel superior

Claudia Patricia Ovalle Ramírez

Formación dual y la equidad educativa en la ESTP

Roberto Flores, Andrea Parra, Gabriel Sepúlveda y Nicole Vallejos

Justicia en “riesgo”: en búsqueda de un horizonte de justicia evaluativa

Tamara Rozas, Alejandra Falabella y María Teresa Flórez

Programas de cobertura de salas cuna en Chile 2006-2019: Ampliando las capacidades de niños, niñas y madres

Amanda Telias, Felipe Godoy, Alejandra Abufhele, y Marigen Narea

Escuela, territorio y justicia social: el problema de las escuelas rurales en Chile

Carmen Gloria Núñez y Mónica Peña

TERCERA PARTE: PRÁCTICAS EDUCATIVAS

Prácticas pedagógicas equitativas y justicia educacional: Debate entre la teoría y la evidencia en Chile

Ernesto Treviño, Denisse Gelber, Rosario Escribano, Lorena Ortega y Alonso González

Pedagogías socialmente justas y el problema de la diferencia: diagnósticos y normalidad a la luz de la justicia educacional

Sebastián Rojas Navarro

Del miedo al desborde y al conflicto. Educación literaria, prácticas afectivas y la esquiva justicia

Valentina Errázuriz y Macarena García-González

Justicia redistributiva, de reconocimiento y representación para escenarios educativos socioculturales diversos

Carolang Escobar-Soler y Alejandra Caqueo-Urízar

Conclusiones: nuevos horizontes para la justicia educacional

Hernán Cuervo

PRÓLOGO

MARTÍN HOPENHAYN1

El debate sobre educación y su relación con la justicia social en Chile tiene al menos dos banderas que han flameado con fuerza en el debate político a lo largo de las últimas tres décadas: la bandera de la equidad, por una parte, y la de la educación como derecho universal, por la otra.

En el primer caso la tendencia principal ha sido comparar logros educativos por nivel socioeconómico, entornos territoriales y tipo de establecimiento. Tales logros se desglosan, a su vez, en años de escolaridad, acceso oportuno y de calidad en primera infancia, rendimientos en pruebas estandarizadas, ritmo de progresión y tipos de institución a las que se logra acceder. Los resultados de pruebas estandarizadas recurren año a año con la reconfirmación de las desigualdades. Algunos invitados recientes, o ya no tan recientes, al mosaico de la justicia educacional, incluyen a grupos específicos que padecen distintas formas de exclusión, tales como (pueblos originarios, mujeres, grupos con identidades sexuales específicas, migrantes y personas con discapacidades). Con ello, a la idea de educación equitativa se suma la de educación inclusiva. Igualdad y diferencia piden conjugarse bajo un nuevo paraguas.

Las agendas de políticas han incluido distintos programas compensatorios a fin de paliar una estructura de fuertes desigualdades. El sistema se mueve pero las brechas siguen allí, elocuentes y refractarias. A la luz de estas desigualdades, el modelo neoliberal en educación (privatista, mercantilizado, centrado en subsidio a la oferta) ocupa hoy, más que nunca, el banquillo del acusado. Se lo señala como principal responsable de perpetuar, o incluso exacerbar, estas desigualdades en trayectorias, aprendizajes y logros educacionales. Tales desigualdades explican las grandes movilizaciones estudiantiles, tanto de nivel secundario como terciario, durante las últimas dos décadas.

La otra bandera secular es la del derecho a la educación. Por cierto, tiene larga data. Pero la educación como derecho connota algo más que una inversión semántica, sobre todo a partir del movimiento de estudiantes secundarios en el 2006, que lo instaló como centro del debate político y redistributivo en el país. Nadie discute que el derecho a la educación es universal. Pero de allí en adelante, el recipiente se llena de maneras distintas: ¿acceso a educación de qué tipo y calidad y cómo se distribuye, con qué intervenciones para mejorar trayectorias y nivelar el campo de juego, quién es garante en cuanto a exibilidad de este derecho, con qué libertad de elegir sin entrañar gastos de bolsillo, cuánto participan los distintos actores en modelar criterios de política?

En paralelo con estos dos vértices –equidad, derecho– una importante línea de teoría crítica, que incorpora perspectivas poscoloniales, teorías de género y de reconocimiento, viene impugnando desde hace tiempo el predominio de la razón instrumental y homogenizante en la educación. La crítica, en este caso, deconstruye la unidemensionalidad de un enfoque centrado en capital humano, en que los mantras que recurren son racionalización y disciplinamiento, lógicas de input-output, eficiencia en el gasto y tasas de retorno. La perspectiva crítica cuestiona, en este marco, un régimen de estandarización ciego a la diversidad de identidades, aspiraciones y contextos socioculturales. Con ello, un modelo o una episteme educacional poco justa no solo se explicaría por las brechas entre grupos en trayectorias y ejercicio del derecho efectivo a la educación, sino también por una mecánica reduccionista en que la ratio predomina sobre el sentido; y en que muchos y muchas resultan dañados en el proceso porque sienten, piensan, viven y se ven a sí mismos/as de maneras distintas a como el sistema los construye y modela.

El libro que sigue constituye un relevo y a la vez una ampliación de este espectro de significados en que educación y justicia se han relacionado. Los textos que lo integan escudriñan e interpelan, desde esta visión pormenorizada, los múltiples rostros de la justicia educacional y sus deudas pendientes. La justicia educacional se abordará desde la perspectiva de normalidad, la diferencia de sujetos de aprendizaje, los marcos institucionales y las prácticas educativa. No restringe la justicia educacional a los clásicos términos que vinculan nivel socioeconómico a logro en años de escolaridad y, consecuentemente, a tasas de retorno a sus trayectorias laborales futuras, medidas en parámetros monetarios. Por el contrario, los autores y las autoras ponen a disposición de lectores y lectoras un profuso arsenal de investigaciones y evaluaciones al día, abogando por paradigmas que permitan nutrir un pensamiento multidimensional y complejo.

Como podrá verse a lo largo de la lectura, se ha apostado por entrar de lleno en la dimensión cualitativa. El libro abre la caja negra de los procesos, las relaciones intra-escuela y en el aula, las dinámicas de aprendizajes, las especificades de sujetos que son diversos; y piensa críticamente el lugar de las instituciones escolares y las epistemes que las rigen en sus formas de saber-poder.

Las últimas tres décadas son profusas en reformas que incrementan los recursos para la formación de nuevas generaciones. Las palabras que más resuenan en gestión pública del sector son calidad, cobertura, equidad y eficiencia. Distintos países de América Latina combinan los ingredientes en dosis diversas, pero campea una necesidad sentida de intervenir sistémica y sistemáticamente en todos los frentes: arquitectura del financiamiento, mejoramiento de la gestión, contenidos curriculares, procesos y métodos pedagógicos, funciones públicas y privadas, niveles de descentralización, dotación de infraestructura, nuevos soportes en red, evaluación de logros, mejoramiento de la carrera docente, espacios de autonomía y regulación, entre tantos. Es hora de hacer un balance de lo aprendido, revisar la evidencia y ampliar la perspectiva. Leer lo avanzado, en políticas y en investigaciones, desde la mirada de la justicia educacional, ayuda mucho; y remite de manera clara a un valor, una episteme y un debate sobre sentido. Aporta en una intersección entre lo que hay de nuevo y acumulado, y entre las desigualdades propias de la educación y las sistémicas que subyacen a la sociedad. Procura mantener en una misma mirada los problemas de distribución material y de reconocimiento simbólico, los accesos y los procesos.

Resulta sugerente y auspicioso, en este sentido, que gran parte de las investigaciones aquí vertidas apelen a un concepto de justicia cuyo referentes teóricos más citados son Nancy Fraser y Amartya Sen. Se urde, como metatexto subyacente, una mirada transversal a lo largo del libro que permea los campos con esta visión compleja de la justicia: redistribución de recursos, reconocimiento de grupos y capacidades diferentes; acceso de actores a la participación/representación en decisiones y criterios sobre procesos educacionales que les afectan;, y cómo se distribuye, en el sistema, la formación de capacidades para ejercer libertades positivas, vale decir, para poder realizar proyectos de vida que le son valiosos a cada cual.

Como se resume en uno de los artículos, la justicia social redistributiva considera el reparto de recursos y medios según las distintas necesidades socioeconómicas; la justicia social de reconocimiento reconoce la diversidad en dificultades de integración, y procura avanzar en la aceptación, valoración y respeto de la diferencia en quienes han sido históricamente excluidos; mientras la justicia social participativa contempla los desafíos que distintos actores tienen para la participación, decisión y autonomía en relación a cuestiones que afectan sus comunidades educativas.

En las páginas que siguen vemos este criterio complejo de justicia aplicado en múltiples flancos: desde educación técnico profesional hasta educación rural, desde sistemas de evaluación hasta dinámicas de aprendizaje en el aula, desde educación en primera infancia hasta sistemas de financiamiento de becas de posgrado, desde diagnósticos de salud mental hasta los contextos de significar contenidos en aprendizajes, y desde las epistemes enraizadas en las políticas hasta las prácticas de saber-poder que legitiman criterios y decisiones dentro del sistema.

También encontrarán los lectores y las lectoras, un énfasis recurrente en la importancia del criterio de inclusividad que ha de tener la educación y la relación dentro del aula; y un énfasis, también, en la interseccionalidad respecto de sujetos que habitan en el cruce de condiciones de género, estrato social, capacidades, identidad colectiva, identidad sexual y territorial. Estos dos conceptos –inclusividad, interseccionalidad– ayudan a modular el debate sobre justicia educacional bajo el prisma de la diversidad, y de la igualdad en la diferencia. No habrá pedagogías socialmente justas mientras estos elementos no estén puestos sobre la mesa, encarnen en las instituciones, y lleguen al aula.

1 Centro para las Humanidades, Universidad Diego Portales. Miembro del Consejo Asesor Internacional del Centro Justicia Educacional.

INTRODUCCIÓN

Durante el año 2017 se gesta el Centro de Estudios Avanzados sobre Justicia Educacional (Proyecto PIA CIE 160007) de la asociación entre las universidades Pontificia Universidad Católica de Chile, de Tarapacá, de Magallanes, de la Frontera, y el Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Duoc-UC, con el fin de contribuir a la discusión académica y de políticas públicas educativas y de infancia desde un enfoque novedoso. Durante las últimas dos décadas, en respuesta a un contexto altamente estratificado, los programas nacionales y la investigación científica se han focalizado principalmente en la desigualdad socioeconómica, como variable clave para entender la inclusión en el sistema educativo. Sin desconocer la importancia de las disparidades socioeconómicas, el Centro Justicia Educacional (CJE) comienza su trabajo dando cuenta de que detrás de esta gran categoría se pueden perder grupos sociales que sufren profundas injusticias como los migrantes, los pueblos originarios, las mujeres, las personas con identidades sexuales diferentes a la heterosexual y las personas con necesidades educativas especiales, entre otros. Categorías que pueden estar configurando fenómenos de estratificación que no pueden reducirse solo a variables socioeconómicas. Este libro, por tanto, nace de la aspiración del CJE de contribuir con evidencia y reflexión teórica respecto de injusticias en el ámbito educativo y de la infancia, que corresponden a dimensiones no tradicionalmente consideradas por la literatura. La teoría de la justicia educacional1 tiene una importante resonancia con el trabajo del CJE y de otras instituciones, por eso, fue muy relevante abrir la invitación a contribuir con este libro a otros académicos/as, con el fin de pensar las injusticias educacionales más allá de las líneas de investigación del CJE y dar cuenta de la importancia de avanzar hacía una discusión teórica, epistemológica y ética respecto de la justicia y la educación. La invitación a contribuir al libro se extendió luego a colegas en otras instituciones que quisieran aportar a la reflexión sobre la (in) justicia educacional en Chile.

Dado que en la investigación educativa se usan un conjunto de conceptos como equidad, oportunidad, inclusión y justicia, que son polisémicos y no siempre están claramente definidos, el objetivo de este libro es mostrar, en primer lugar, un panorama conceptual de las teorías de justicia y ubicar en él los conceptos que regularmente se utilizan en la literatura. En segundo lugar, el libro pretende iluminar tensiones respecto de la justicia educativa, por medio de problematizaciones aplicadas en el contexto educacional chileno. Estas problemáticas se trabajan en términos institucionales, y al mismo tiempo interrogan prácticas educativas bajo el nuevo contexto de inclusión escolar. Se espera que este libro promueva una discusión sobre justicia educacional como un concepto moral más exigente que los de calidad o equidad.

El proyecto de este libro, como se mencionó anteriormente, se gesta en el Centro Justicia Educacional y tomó varios meses de preparación para cada uno/a de los/as investigadores. Una de las actividades que tuvo mayor importancia fueron los talleres sobre justicia educacional, donde las seis líneas de investigación2 del CJE revisitaron su objetivo de investigación a la luz de las teorías de justicia educacional. Estos talleres fueron facilitados por mí, como editora de este libro. Como resultado de estos talleres, cada línea pensó una temática para los capítulos que ellas contribuyeron a este libro. Esto, además, se constituyó como una instancia desafiante para pensar de manera más sistemática como estamos comprendiendo y abordando la (in)justicia educacional desde el trabajo del CJE.

Por otro lado, es relevante mencionar la importancia que tiene este libro en el contexto actual que estamos viviendo en Chile. El viernes 18 de octubre del 2019 se desató un movimiento social y político de los más grandes vistos en la historia de Chile. Todo fue iniciado por un grupo de estudiantes que hace semanas venían evadiendo en masa los validadores de pago del metro de Santiago por la subida de $ 30 del pasaje que, conmovedoramente, no los iba a afectar a ellos/as. Evadir el metro se transformó en un acto político de solidaridad con sus padres y abuelos, quienes sufrirían las consecuencias del alza. Sin embargo, la consigna de este movimiento –aún en proceso, mientras escribo esta introducción– estipulaba fuerte: “No son 30 pesos, son 30 años”, aludiendo a la enorme lista de políticas públicas que fueron instauradas en dictadura y profundizadas por los gobiernos democráticos siguientes. Los estudiantes, como otras veces en la historia de Chile, se transformaban en los iniciadores de un movimiento popular que no los tendrá solo a ellos como protagonistas, sino a toda la población chilena que con indignación, rabia y esperanza ha salido a cacerolear, tocar bocinazos, gritar y cantar “el derecho a vivir en paz” de Víctor Jara, como un himno de lucha y esperanza.

Las manifestaciones diarias en todo el país han tenido como factor retórico común la sostenida injusticia a la chilena. La palabra “¡injusticia!” saliendo entre cortada de la boca de un adulto mayor impedido de comprar sus remedios porque su pensión es más baja que el salario mínimo, o la “¡injusticia!” salida con rabia de la boca de un endeudado del CAE3, o de un estudiante al que por provenir de un liceo de la periferia de Santiago conoce con certeza su destino de pobreza y endeudamiento. Han sido innumerables las razones por las cuales la gente se movilizó, mientras académicos e investigadores quedamos de brazos cruzados con poco que decir sobre este estallido, porque fue tan repentino que diagnosticarlo o darle sentido se hacía ingenuo. El movimiento va más rápido que nuestras producciones.

En medio de este movimiento y crisis social, se han discutido nuevas leyes y se han revisado reformas del gobierno anterior (Michelle Bachelet) que atañen a la educación. La nueva ley de sala cuna universal o el nuevo sistema de admisión escolar han sido temáticas importantes que han coincidido con este movimiento que lleva tan solo semanas pero que parece haber removido lo que 30 años de historia de inercia habían cimentado. La nueva ley de sala cuna universal ha sido rechazada por la comisión de educación del Senado de la República de Chile y tuvo como protagonistas de su rechazo a las educadoras de párvulos que han salido a la calle a reclamar en su contra. Así, en medio de este estallido, el rubro de la educación ha sabido protestar por lo suyo.

Es en este contexto en que escribimos, revisamos y comentamos los capítulos de este libro, que tiene como pretensión reflexionar y dar cuenta de experiencias educacionales chilenas que se han alejado o acercado de la justicia. Es curioso como este puede ser el primer libro en Chile que se pregunta por la justicia educacional, después de 30 años de inundaciones de prácticas injustas y de sufrimientos humanos. Nos hacemos cargo de eso y presentamos nuestro trabajo con humilde esperanza de aportar. Escrito por académicas y académicos de diferentes instituciones que reflexionan con el propósito de dar luces respecto de cómo superar las injusticias educacionales de nuestro país. Nuestro objetivo al hablar de justicia no es solo dar cuenta de las desigualdades e inequidades que en este país se viven, sino avanzar con un tono ético hacia la justicia educacional en Chile.

De esta forma, el libro se estructura del siguiente modo: Comienza con un capítulo teórico que propone una nueva forma de leer las teorías de la justicia educacional en términos de su énfasis en la temporalidad de la justicia (pasado, presente y futuro). Este capítulo abre la posibilidad de mirar las teorías tradicionales de la justicia educacional desde un prisma distinto y poco utilizado y aplicado. Es importante destacar que los capítulos que le siguen no se enmarcan en esta propuesta, sino, más bien, utilizan sus propias fuentes de inspiración teórica.

Luego, el libro se estructura en tres partes. La primera, intenta dar cuenta cómo desde las teorías de la justicia educacional se puede reflexionar y cuestionar abordajes respecto de las normalidades y las diferencias entre los/as estudiantes. Este primer grupo de capítulos tienen en común el estudio de la justicia para diversos grupos de estudiantes por medio de la evaluación de prácticas, políticas y teorías que delinean lo que debe ser normal y lo que debe acepartse como diferente dentro de la educación chilena. Un primer capítulo es el de Gaete, Luna y Álamos que, reflexionando respecto las políticas públicas relativas a la educación inclusiva escolar, ponen en disputa las cuestiones de normalidad, diversidad y democracia en las normativas educativas chilenas, y proponen una educación inclusiva como un avance hacia la justicia educacional. Luego, Rojas y Astudillo, utilizando evidencia empírica, dan cuenta de la forma en que las escuelas abordan narrativamente el reconocimiento de estudiantes LGTB+ respondiendo a cuestiones de clase social, principalmente. Santa Cruz y Rozas, por su parte, se preguntan por cuál es el mejor criterio de justicia educacional para el caso de la discapacidad, ¿es la igualación o la diferenciación de estudiantes el mejor camino? Finalmente, Matus, Hirmas y González, plantean cómo la producción de diagnósticos, al estar vinculados al financiamiento educativo, no introduce criterios de justicia educacional, y más bien trabaja en función de la patologización de los y las estudiantes.

Si bien la primera parte del libro identifica algunas políticas educativas donde la institucionalidad se releva como un agente de (in)justicia relevante, la segunda parte de libro da cuenta de manera más explícita cómo es que la constitución de ciertas institucionalidades provocan mayor o menor justicia educacional. En esta segunda parte, se reflexiona novedosamente, desde un marco de justicia educativa sobre políticas públicas relativas a la educación media, superior, de primera infancia y rural. En ese sentido, Leyton y Salinas proponen, en base a evidencia empírica, el concepto de (in)justicia epistémica en el contexto de la educación superior y las políticas chilenas respecto de su circulación internacional. Ovalle, por su parte, toma el caso de la educación superior técnico profesional para reflexionar respecto de cómo una política pública vinculada a este tipo de educación puede ser más justa en términos distributivos, de reconocimiento y participación. En el mismo contexto, Flores, Parra, Sepúlveda y Vallejos revisan, desde una experiencia empírica, cómo la formación dual en la educación superior técnico profesional puede aportar al avance hacia la justicia distributiva. Por su parte, Rozas, Falabella y Flórez proponen un concepto de justicia evaluativa, que responde a la evidencia respecto de las injusticias que generaría el marco de rendición de cuentas, especialmente para las escuelas que atienden a estudiantes más desaventajados. Por otra parte, Telias, Godoy, Abufhele y Narea analizan los programas de sala cuna existentes en Chile desde el 2006 al 2019, utilizando el concepto de capacidades de Amartya Sen, y su aplicación para niños, niñas y madres. Finalmente, esta segunda parte termina con el capítulo de Núñez y Peña, quienes proponen que la justicia territorial tiene componentes de justicia educacional en el dificultoso contexto de política de cierre de escuelas rurales chilenas.

La tercera y última parte de libro se interna en las prácticas educativas que se generan en el aula. Si las dos primera partes reflexionaban sobre cuestiones generales de la cultura, el sistema y la política educativa, estos capítulos revisan procesos de aprendizaje y de dinámicas al interior del aula que también pueden ser pensadas desde la justicia educacional. De esta forma, Treviño, Gelber, Escribano, Ortega y González trabajan desde la evidencia chilena la disputa entre el concepto de inclusión y de justicia. Rojas, por otro lado, aborda desde una visión crítica el concepto de pedagogías socialmente justas para pensar las prácticas educativas en relación con los diagnósticos psicológicos que ahí se realizan. De modo similar, Errázuriz y García-González también realizan una lectura crítica respecto de la justicia educacional, pero en relación a las prácticas afectivas en la educación literaria. Finalmente, Escobar y Caqueo postulan, con una mirada interseccional, que la salud mental de niños y niñas en procesos educativos es un problema fundamental si pensamos en la justicia educacional.

Este libro aportará a la reflexión crítica de aquello que tiene a millones de chilenas y chilenos movilizados hoy. Los sufrimientos humanos que desde la escritura y lectura académica parecen tan fríos como lejanos, en este libro aparecen más frescos y reales, pues la pregunta por la justicia es una cuestión que debiese permear todo quehacer científico-social con la pretensión de generar cambios.

Camila Moyano Dávila

Octubre, 2019

1 En este libro se utiliza justicia educacional o justicia educativa indistintamente.

2 Línea de inclusión pedagógica, línea de inclusión de la discapacidad, línea de inclusión biosociocultural, línea de inclusión psicosocial, línea de inclusión para el desarrollo y línea de inclusión institucional.

3 CAE: Crédito con garantía del Estado. Es un crédito con aval del Estado chileno, para financiar estudios de educación superior aprobado bajo el gobierno de Ricardo Lagos. Hoy, aproximadamente un 40 % de los estudiantes desertores o egresados están morosos.