Joyitas

Algunos admiten que Elgueta pudo haber “metido las patas”, pero creen que le están pasando la cuenta por sus fallos, por ser un ministro de izquierda. Por “meter las patas” se refieren, entre otras cosas, a que se vinculó con las personas equivocadas.

El doctor Luis Arenas Contreras, pieza visible de ese micromundo rancagüino, también es conocido por extender licencias y recetas médicas con generosidad. Su nombre incluso traspasó el boca a boca. Una página web en la que usuarios evalúan y recomiendan doctores, califica a Arenas Contreras con nota máxima, sobre la base de una decena de opiniones. Solo loas hacia el doctor: humano, de buen corazón, preciso en diagnósticos, empático, atento, hasta sabio. Salvo por el comentario número cinco:

Muy buen médico para quienes andamos buscando una justificación para no trabajar. (...) Te puede diagnosticar desde una depresión hasta una leucemia, pasando por lumbagos, endocarditis. Solo cobra 15 lukitas (sic) por 12 días de ­licencia.

Puede no significar nada, un comentario “mala leche” de un usuario que, además, se resguarda en el anonimato. Pero en abril de 2015, al doctor Arenas le cayó encima el Servicio de Impuestos Internos (SII). En una ofensiva que el organismo llevó a cabo a nivel nacional tras detectar un explosivo aumento de licencias médicas fraudulentas, a Luis Arenas se le acusó por omisión maliciosa de impuestos. Fueron al menos 1.500 las boletas de honorarios que habría emitido entre 2008 y 2010 (140 millones de pesos en total) por servicios médicos que según el SII no declaró. El doctor fue condenado en juicio abreviado por esos hechos en abril de 2017.

Fue la segunda condena que recibió en menos de un mes. Solo días antes había enfrentado en tribunales rancagüinos el término de otro largo proceso judicial en su contra, esta vez por tráfico de sicotrópicos. Y es en relación con ese proceso judicial donde entra en escena el exministro Emilio Elgueta.

Elgueta conoció a Luis Arenas poco después de llegar a Rancagua, en mayo de 2011. Los juntó la logia masónica Jorge Washington Nº 56, en calle Almarza, de la que ambos eran miembros. A ellos se sumaba el fallecido ministro Marcelo Albornoz –también miembro de esa logia– y el ministro Marcelo Vásquez Fernández, que llegó desde Valdivia a la Corte de Apelaciones de Rancagua en enero de 2016.

Luis Arenas hizo de médico de cabecera de Elgueta, Vásquez y Albornoz, y de varios funcionarios de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Él mismo fue quien firmó en 2014 el parte médico que acreditó ante la justicia que Alejandra Rebolledo, la entonces esposa de Elgueta, resultó policontusa; con TEC cerrado; jaqueca posterior-traumática y síndrome confusional vertiginoso, tras el escándalo que se produjo en medio del matrimonio de Cristina Rosas. El documento fue clave en el sobreseimiento judicial de Rebolledo –de hecho, Arenas declaró en ese juicio– y también en la condena por lesiones que recibió el hermano de Rosas.

Luis Arenas –el cirujano bonachón, el imputado– tenía una llegada inusual en el Poder Judicial rancagüino. Caía bien, simpático, coqueteaba con funcionarias. A una la invitó a salir, pero no hubo caso.

El doctor era una bomba de tiempo. Si no fuese por él, esta historia nunca hubiese sido escrita.

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Fue un mensaje por WhatsApp, un cambio de luces. La suerte del exministro Emilio Elgueta Torres comenzó a torcerse el 9 de enero de 2016. La noche de ese día, Luis Arenas le consultó a Elgueta por el estado de un recurso de protección que había presentado junto a otros médicos días antes en la Corte de Apelaciones de Rancagua, para frenar una disposición sanitaria de la Seremi de Salud que los afectaba.

–¿Cómo salió el recurso, hermanito? –le preguntó.

La respuesta del ministro fue escueta, pero fue la que a la larga lo jodió:

–No se vio hoy.

–Ok, te llamo más tarde o nos vemos donde el Marcelito Albornoz –le respondió Arenas.

Solo dos días después, la segunda sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua, presidida por el ministro Emilio Elgueta, acogió el recurso de protección de Luis Arenas. Al día siguiente, en fallo dividido y con el voto a favor de Elgueta, el tribunal dispuso orden de no innovar. En simple: la resolución de la Seremi de Salud quedó invalidada.

Pero, ¿de qué se trataba esa resolución?

Luego de detectar un aumento inusual de emisión de recetas para la compra de fentermina, medicamento para adelgazar sujeto al control de la Ley 20.000 de Drogas, la secretaría ministerial de Salud de O’Higgins fijó un límite a los médicos para recetarla. Su consumo a nivel nacional había pasado de ocho mil cajas, en 2012, a más de 400 mil en 2014.

Arenas tenía montado un negocio ilícito de venta de fentermina, una red compuesta por tres distribuidores que ofrecían el fármaco por Facebook –entre 15 mil y 25 mil pesos la caja–, y que luego despachaban por Chilexpress. Esa orden de no innovar –y la posterior eliminación por vía judicial de la medida sanitaria– le permitió continuar con su emprendimiento por un tiempo más, hasta que meses después lo pillaron.

Fueron esos hechos los que le valieron al doctor una condena por tráfico de sicotrópicos, el mismo mes de abril de 2017 en el que también fue sentenciado en causa paralela por delitos tributarios en el caso de las licencias médicas.

El intercambio de mensajes de texto entre Arenas y Elgueta puso al exministro bajo el radar de la Fiscalía y es una de las pruebas con las que el año pasado se decidió su expulsión de la judicatura. Pero no fue el único magistrado de la Corte de Apelaciones de Rancagua que se enredó con el médico. Marcelo Vásquez y el fallecido Marcelo Albornoz también lo hicieron. Este último le pidió como favor al doctor Arenas que le facilitara $1.500.000. Aunque las versiones entregadas por testigos difieren en algunos detalles, todo indica que era dinero para costear el tratamiento médico de un miembro de la logia masónica. El problema no era el destino del dinero, una causa benéfica, más bien el momento. Cuando le solicitó ese monto, Albornoz era juez de Garantía de Rancagua y el doctor Arenas ya estaba siendo investigado por tráfico y delitos tributarios. Pero el asunto es más delicado: Arenas, para entonces, estaba prófugo de la justicia que, poco antes, había decretado prisión preventiva en su contra por la venta ilícita de fentermina. Albornoz diría después que nunca se enteró de la imposición de esa medida cautelar contra Arenas, pues en esos momentos –mismos días en que le solicitó el dinero– él estaba con permiso administrativo.

En la causa paralela que la justicia seguía contra Luis Arenas por delitos tributarios, el tribunal de Garantía de Rancagua también había dictaminado medidas cautelares para el doctor. Una serie de partes policiales evidencia que, en reiteradas oportunidades, el doctor Arenas incumplió el arresto domiciliario nocturno que pesaba en su contra, sin que ese tribunal adoptara medidas.

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En octubre de 2013, cuando ya había vuelto a convivir con Alejandra Rebolledo tras su ruptura con Cristina Rosas, Emilio Elgueta ingresó una denuncia en la Fiscalía de Rancagua por hurto simple. Acusó a su asesora del hogar de haberle robado a su esposa unos aros de oro y dos anillos. La mujer siempre insistió en su inocencia y, finalmente, se acogió a un procedimiento judicial abreviado. Nunca quedó clara su participación en los hechos que se le imputaron.

El exministro Elgueta no caía bien en la Fiscalía de Rancagua. Dos versiones indican que cuando hizo esa denuncia, llamó directamente al fiscal regional de entonces, Luis Toledo, para que un persecutor con experiencia viera esa causa. Y luego se preocupó personalmente de conocer las diligencias que se hacían al respecto a través de varios ­llamados telefónicos. Como no hubo resultados concretos, el ministro se enfureció.

Tiempo después, también se enfureció cuando presionó para meter, sin éxito, a Alejandra Rebolledo a trabajar como sicóloga a la Fiscalía Regional. Para entonces, ambos ya habían decidido divorciarse. De acuerdo con la sentencia judicial de mayo de 2015, el ministro se comprometió con una pensión mensual de dos millones de pesos y a adquirir una vivienda para ella y sus hijos que costara como mínimo 2.000 UF (unos 56 millones de pesos). Los costos asumidos por Elgueta –que debía lidiar con la manutención de cinco hijos– iban en ascenso.

Luego trató de abrirle espacio en la Fiscalía Regional a su exalumna del ramo de derecho procesal en la Universidad de O’Higgins, Gladys Bustos. A Emilio Elgueta se le atribuía una relación amorosa con ella.

El exministro Elgueta sentía que en la Fiscalía le debían un favor y quería cobrarlo. De ahí que haya intentado ubicar laboralmente en esa institución a Rebolledo, su exesposa, y a su exalumna. Pero, ¿sobre la base de qué?

El 2 de mayo de 2016 se presentaron ocho postulantes al cargo de fiscal regional de O’Higgins, luego de que el fiscal jefe, Luis Toledo, fuese trasladado a Santiago para ocuparse de la unidad de drogas del Ministerio Público. Emiliano Arias, quien finalmente ocuparía ese puesto, recibió el voto de Elgueta. Hoy, a más de cuatro años de ese episodio, Elgueta está convencido de que todo lo que hoy se le imputa responde a una operación de los fiscales Arias y Moya en su contra. Ya se ahondará en ese punto.

El 24 de marzo de 2019, cuando parte de los antecedentes que derivaron en su formalización ya se habían hecho públicos, Elgueta se refirió a Arias con absoluto desparpajo en El Mercurio:

–Desgraciadamente, lo traje a Rancagua por tráfico de influencias. Reconozco que me llamaron de arriba para decirme que lo apoyara, y lo apoyamos, y fue nombrado.

Sobre quiénes son los de “arriba” hay más bien versiones y lo único concreto es que era usual que Elgueta hiciera gala de sus contactos en las altas esferas del poder, en particular de su cercanía con los exministros José Antonio Gómez (Justicia y Defensa) y Jaime Campos (Justicia). A este último, masón como Elgueta, lo apoyó en Rancagua cuando se postuló, sin éxito, a Gran Maestro de la Logia de Chile en 2018.

Cuando supo que Alejandra Rebolledo había sido desestimada por la Fiscalía de Rancagua, Emilio Elgueta le envió dos mensajes de texto al fiscal Arias:

–Gracias. Le agradezco toda su preocupación y dedicación al tema personal que le conté. No todos los seres humanos son iguales. Yo soy súper jugado. Y si un amigo me pide un favor, se lo hago, porque sé lo importante que es PARA MI AMIGO. Que tengas un buen día.

No se aguantó –quizá la ironía había sido demasiado sutil– y volvió a la carga con otro mensaje:

–No te la jugaste. Esperaba a un amigo. De verdad. Como los que yo tengo y contados con los dedos de las manos. ¿Sabes? Siendo presidente de la Corte de Apelaciones de Talca anulé un concurso donde no venía un amigo. Y él después fue nombrado. Esos son amigos. Que te vaya bien.

Otra exalumna de Elgueta en la Universidad de Aconcagua también recibió su ayuda. De acuerdo con el expediente que sustentó su remoción, el exministro exigió –y logró– que la integraran al Primer Juzgado Civil de Rancagua a través de presiones a la secretaria de ese tribunal, a quien, además, le habría ofrecido su voto para el cargo de jueza de San Fernando. El relato de una funcionaria de ese tribunal indica que en su nuevo lugar de trabajo, su exalumna se pavoneaba de su cercanía con el exministro Elgueta.

No son casos aislados, ya está claro. En más de 10 oportunidades Elgueta firmó la designación de la hija de su amigo, el también expulsado ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Marcelo Vásquez, en cargos de suplencia en distintos tribunales de la Región de O’Higgins. Vásquez hizo lo mismo y también firmó en una oportunidad el nombramiento de su propia hija.

Al exministro Marcelo Vásquez se le cuestionó también por la designación en tres oportunidades de una exalumna de derecho de la Universidad de la República en cargos transitorios de la Corte de Apelaciones de Rancagua.

Cuando estalló el caso de los ministros de Rancagua, a fines de marzo de 2019, Marcelo Vásquez vivía en un departamento de un edificio de ocho pisos ubicado en la céntrica calle Campos de la ciudad. Es una vivienda pequeña, de un ambiente, con cocina americana y escasamente amoblada. El 13 de abril, poco después de que salieran a la luz los antecedentes en su contra, el exministro Vásquez tomó todas sus cosas y se marchó del lugar. Era un departamento en arriendo. Pero el contrato indica que el arrendatario oficial del inmueble no era Vásquez, sino su amigo y colega, Emilio Elgueta.

No hay claridad sobre el porqué del raudo abandono del exmagistrado del edificio y cuál era el destino inicial de ese departamento por el que Elgueta estuvo pagando arriendo poco más de un año. Tras la salida de Vásquez del inmueble, quedaron en el incinerador del edificio varios desechos, entre ellos una ruma de envases de suplementos alimenticios y proteínas. El ministro Vásquez –quien en sus 32 años en el Poder Judicial también figura con calificaciones “muy buenas” y “sobresalientes”– se mantiene en forma y uno de sus hobbies es la actividad física. Se le ve con frecuencia entrenando en el gimnasio Sport 9 Fitness Gym, de Machalí.

Respecto de las designaciones que se le cuestionan, Elgueta dijo a CNN Chile, en una de las pocas entrevistas que ha dado tras ser expulsado del Poder Judicial, que eso es usual que ocurra en la judicatura, que la Corte Suprema llama recurrentemente a sus subalternos para pedir favores, nombramientos. En esa entrevista, ya sin mucho que perder, tiró del mantel. Y sacó al ruedo al exministro Hugo Dolmestch (“llamaba a través de su secretaria”, dijo) y también a los ministros Silva –sin especificar si se trata del actual presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, o del supremo Mauricio Silva– y Haroldo Brito, quienes, afirmó, “tuvieron cercanía conmigo, no voy a decir en qué términos, para tener los cargos que tienen”.

Emilio Elgueta se retrató en esa entrevista como una suerte de eslabón en una larga cadena de favores enquistada al interior del Poder Judicial. “Yo soy un subalterno, si no lo hago, soy mal calificado (...) así que no me atribuyan cosas que suceden todos los días”, agregó.

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Tras la serie de desencuentros producidos por las presiones de Elgueta para ubicar a Alejandra Rebolledo y Gladys Bustos en la Fiscalía, la tensión con los persecutores de Rancagua llegó a su punto de ebullición el 2 de enero de 2018. Ese día, el tribunal de alzada rancagüino debía revisar un dictamen en primera instancia que solo semanas antes había rechazado el sobreseimiento definitivo del hijo de la expresidenta Michelle Bachelet en la arista principal del caso Caval. La Fiscalía de Rancagua le imputaba a Sebastián Dávalos negociación incompatible, uso de información privilegiada, tráfico de influencias y revelación de secreto.

Poco antes de esa audiencia, Marcelo Vásquez Fernández, entonces presidente de la corte, dispuso repentinamente el cambio de los miembros de la sala donde se vería el recurso. El ministro Ricardo Pairicán, quien debía concurrir originalmente a esa instancia, fue marginado y reemplazado por el abogado integrante Álvaro Barría.

Ese día 2 de enero, Sebastián Dávalos, por decisión unánime de la sala compuesta por Vásquez, Elgueta y Barría, fue sobreseído definitivamente. La Fiscalía de Rancagua presentó más tarde una queja ante la Corte Suprema, pero el recurso fue desestimado por el máximo tribunal. Dávalos quedó fuera de la investigación. Pudo haber mérito para que así fuera, pero a la luz de los hechos actuales ese movimiento no se ve bien. De hecho, uno de los cargos que levantó la Suprema contra el ministro Vásquez tiene relación con la discrecionalidad con la que el exmagistrado operó ese día.

A la salida de tribunales, el hijo de la expresidenta Bachelet se fue con todo contra la Fiscalía de O’Higgins. La trató de “corrupta”. Pero Dávalos debió volver tres meses después a Rancagua para una nueva formalización en una causa subsidiaria de Caval, originada en una querella por estafa presentada por el empresario Gonzalo Vial Concha. Cerca de la puerta del tribunal lo esperaba Bernardo Córdova, quien meses antes ya le había enrostrado un cartel que decía: Davalo (sic) el hijo del año. Este fue el diálogo:

–Hola, chanta –saludó “El Hombre del Cartel”.

–Hola, tatita, váyase pa’ la casa que hace frío –respondió Dávalos.

Córdova no se fue ni se calló:

–Ladrón, ladrón, ¿quién te va a defender ahora?

Una segunda fractura entre la Fiscalía de O’Higgins y la Corte de Apelaciones de Rancagua se produjo en octubre de ese mismo 2018, luego de que la primera sala de ese tribunal –integrada por Elgueta y Vásquez– acogiera un recurso de protección interpuesto por la Iglesia Católica. Los ministros decretaron orden de no innovar, lo que paralizó por casi dos meses la investigación que llevaban los persecutores de Rancagua por abusos sexuales y encubrimiento de sacerdotes.

Por esas fechas, Bernardo Córdova se paseaba por las calles de Rancagua con su casco de faena y vestido con una sotana blanca amarrada con un cíngulo en su cintura: Tolerancia cero. Sacerdocio abusadores. Deben ser casados, decía su cartel.

Los puentes entre dos de los poderes más importantes de Rancagua estaban dinamitados. A fines de ese mismo mes de octubre, Elgueta y Vásquez fueron a Santiago a dejarle en persona al fiscal nacional, Jorge Abbott, una denuncia administrativa contra el fiscal Arias. Lo acusaron de “odiosidad”, también de “afán de protagonismo”.

Para entonces, todo indicaba que los exmagistrados ya se habían enterado de que la Fiscalía de Rancagua había abierto una investigación en su contra por el nombramiento irregular de la hija de Marcelo Vásquez en tribunales de la zona. Pensaban, de hecho, que sus teléfonos estaban pinchados. La visita tenía como fin inhabilitar al fiscal Arias y, probablemente, enterrar esa investigación en la que ambos figuraban como protagonistas.

Elgueta está convencido de que lo que le sucede ahora tiene su origen, entre otras cosas, en una vendetta de los fiscales Emiliano Arias y Sergio Moya. Una pasada de cuentas por sus fallos adversos a los intereses de la Fiscalía de Rancagua en los casos Caval, Iglesia y otros.

A mediados de noviembre de 2018 hubo otra reunión clave en la Fiscalía Nacional. Tal como reveló Ciper en marzo de 2019, el 19 de noviembre de ese año, el senador por la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins, Juan Pablo Letelier, del Partido Socialista, se entrevistó durante la mañana con el fiscal nacional, Jorge Abbott, para “manifestarle su preocupación” por las diferencias entre los fiscales de Rancagua y los ministros de la corte de esa ciudad. Ese mismo día, por la tarde, se instruyó desde la Fiscalía Nacional que la causa contra Elgueta y Vásquez –por el nombramiento irregular de la hija de este último en distintos tribunales de la Región de O’Higgins– saliera de Rancagua y que quedara radicada en la Fiscalía Regional del Maule. Fue un alivio para ambos.

Pese a la decisión del fiscal nacional, para entonces los persecutores de Rancagua ya habían acumulado un cargamento importante de otros antecedentes –aún más graves– en contra de Elgueta y Vásquez. Su formalización era inminente.

El 26 de abril de 2019, Emilio Elgueta fue acusado por la Fiscalía de Rancagua por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, cohecho y enriquecimiento ilícito. Al nombramiento irregular de la hija del exministro Vásquez, las gestiones para favorecer a su exesposa y a exalumnas, y a la intervención en beneficio del doctor Luis Arenas Contreras, la Fiscalía sumó como evidencia un centenar de llamados telefónicos con abogados que se habrían visto beneficiados en causas que él mismo falló y cerca de 20 depósitos en efectivo en sus cuentas, cuyo origen no está claro.

Solo semanas después del desplome de la Corte de Apelaciones de Rancagua, vino el de la Fiscalía Regional de esa ciudad. Fue como un efecto dominó. La historia da para largo, pero lo sustantivo es que Sergio Moya, fiscal jefe de ­Rancagua, quemó las naves: acusó a su superior, Emiliano Arias, fiscal regional, de tráfico de influencias y de obstrucción a la justicia, además de “ensalzar su imagen y sacar provecho personal” de ciertas causas con afán de protagonismo. A los pocos días, fue dado a conocer un email que revelaría una eventual intervención del fiscal Moya en el montaje de la bullada Operación Huracán, antecedentes que se sumaron a las ya para entonces conocidas reuniones que tuvo en su domicilio con el ex general director de Carabineros, Bruno Villalobos, en medio de ese escándalo. En ambos casos se levantaron sumarios e investigaciones.

La onda expansiva del “desastre de Rancagua”, como ha tildado la prensa a esta sucesión de acontecimientos, ­desembocó en una severa crisis institucional en la región, con varias bajas en el camino.

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Dice que los depósitos de dinero que hoy son investigados por el Ministerio Público corresponden a reembolsos que le hacían los apoderados de dos compañeros de universidad de su hijo que vive y estudia en Santiago. Que entre los tres amigos arriendan un departamento y que, para facilitar las cosas, él se hacía cargo de los gastos que luego eran restituidos.

Las explicaciones de Elgueta respecto del origen de sus dineros no convencen al Ministerio Público. Porque, ¿cómo se explica que parte de los depósitos a goteo, en efectivo y en cinco cuentas distintas de esos 25 millones de pesos que se le imputan como mal habidos coincidan –en fechas cercanas– con llamados de y hacia abogados y procesados en causas que falló a su favor?

En todas las sentencias que hoy se le cuestionan a Emilio Elgueta se repite un mismo abogado litigante: Gabriel ­Henríquez Arzola. Solo en 2018, Elgueta y Henríquez registran 116 conversaciones telefónicas. Varias fuentes conocedoras del caso aseguran que son amigos, que comparten en reuniones sociales, tipo asados y demás. Elgueta nunca se inhabilitó en esas causas. A propósito: Henríquez Arzola fue el abogado del popular doctor Arenas en la causa en la que este terminó condenado por tráfico de ­sicotrópicos.

En otras causas, Elgueta se comunicó por teléfono de manera directa con los imputados. A dos de ellos, abogados acusados de perjurio, los conocía y con uno había entablado también amistad. No se inhabilitó y su voto contribuyó a que fueran sobreseídos. Uno de esos abogados, de hecho, había defendido a su exesposa, Alejandra Rebolledo, en una causa que entabló en 2015 por una abdominoplastía fallida contra una médico cirujana.

También concurrió con su voto para reducirle la pena, de 10 a seis años, a un condenado por homicidio que mató a otro hombre a cuchillazos. A un formalizado por manejo en estado de ebriedad con causa de muerte, le revocó la prisión preventiva por otra cautelar de menor intensidad. Lo mismo con imputados por narcotráfico. A uno, que ingresaba cocaína en tarros de pintura a la “Gonzalina”, como se conoce a la cárcel de Rancagua, le fijó una caución con la que obtuvo su libertad a la espera de sentencia. Todos ellos eran clientes del abogado Henríquez Arzola.

El plazo de la indagatoria que lleva el Ministerio Público en su contra fue ampliado hasta abril de 2021. Serán los tribunales rancagüinos los que determinarán la legitimidad de esos fallos y si el exministro Elgueta actuó movilizado por incentivos anexos al de impartir justicia.

El 22 de marzo de 2019, la Corte Suprema decidió apartar a Emilio Elgueta de sus funciones, a la espera de evaluar su remoción definitiva del Poder Judicial. Segundos antes de salir de la Corte de Apelaciones de Rancagua, miró a cada uno de los que tenía en frente –colegas, funcionarios– y les dijo: “Yo voy a volver”.

Algunos lo leyeron como una amenaza velada; una advertencia de que cobraría cuentas a los que no guardaran silencio en la investigación administrativa y penal en su contra. Estaba seguro de que la suspensión sería breve y que su regreso sería solo cosa de tiempo. No fue así. Elgueta –junto al ministro Marcelo Vásquez– fue removido de la judicatura el 26 de agosto de 2019 por decisión unánime del pleno de la Corte Suprema y ya no vuelve.

La sensación de que contaminó a todo el Poder Judicial pesó en los magistrados que decidieron ponerle fin a su carrera. Cuando en los primeros días del otoño de 2019 terminó por romperse el desagüe en Rancagua, el mal olor lo inundó todo. Ni el mejor trabajo de gasfitería habría podido revertir tamaña descomposición.

Emilio Elgueta no quiso responder preguntas para esta investigación. Ha bajado ostensiblemente de peso y hoy intenta reinventarse como abogado en una oficina particular en Rancagua. “Yo soy el ministro más pobre de Chile”, se le escuchó decir casi al final de la entrevista que dio a CNN Chile. A comienzos de 2020 interpuso una demanda por despido injustificado en contra del Estado y reclamó una indemnización de 520 millones de pesos. El tribunal que la revisó, sin embargo, se declaró incompetente.