Joyitas

***

El removido ministro Elgueta siempre tuvo en mente llegar a la Suprema. Su retorno a Santiago desde la Región del Maule pudo tener que ver, entre otras cosas, con el deseo de pavimentar ese camino que, como condición deseable –no excluyente–, tiene un paso previo: la Corte de Apelaciones de Santiago o, en su defecto, otra corte de peso a nivel nacional.

La mitad de los miembros que actualmente componen el pleno de la Suprema ocupó el cargo de ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago antes de escalar a la máxima magistratura. Otro puñado, los que han hecho carrera judicial (cinco de sus integrantes deben ser abogados ajenos al Poder Judicial), proviene de cortes prominentes como las de Valparaíso, Concepción, Rancagua y San Miguel.

En 2004, y a la par de sus labores como fiscal judicial de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Emilio Elgueta retomó la academia. Estando en Santiago ejerció como docente de derecho procesal en la Uniacc. Allí obtuvo en 2007 el premio al mejor profesor de la carrera de Derecho, año en que la directora de esa escuela era la exministra de Educación y Justicia de la dictadura, Mónica Madariaga.

“Era un excelente profesor y, además, una buena persona. Un valor que siempre nos inculcó es el de la austeridad y él lo encarnaba. También el de la empatía. Te pongo un ejemplo: cuando tú no estabas al día en el pago de la mensualidad no se podían rendir los exámenes. Emilio igual los tomaba. Entre impartir justicia ciega y ser empático, él optaba, cuando había mérito suficiente, por la empatía con sus alumnos”, cuenta la abogada y exalumna de Elgueta en la Uniacc, Tábata Recabarren.

Fue la propia abogada Recabarren quien asumió la defensa administrativa del exministro ante la Corte Suprema, cuando se decidía su remoción del Poder Judicial en 2019. Dice que lo hizo convencida de que la conducta de su exprofesor no fue éticamente reprochable. Asegura que en la preparación de esa defensa participaron más exalumnos, incluso de otras universidades:

“Defendí al más humilde de los ministros y, como su alumna, fue un honor hacerlo. Lamento enormemente la decisión adoptada”.

Paralelamente con sus clases en la Uniacc, Emilio Elgueta impartió cursos en la Academia Judicial y enseñó materias procesales y penales en el Instituto Superior de Estudios Jurídicos Canon, un centro de formación técnica al que en 2014 se le rechazó la acreditación.

La llegada de Emilio Elgueta al Instituto Canon revolvió su vida personal. Fue allí donde conoció a Cristina Rosas, su alumna en derecho procesal y con quien inició más tarde una relación sentimental paralela a su matrimonio. La relación con Alejandra Rebolledo –de la que se separó oficialmente en 2015– pasaba por una severa crisis.

A mediados de 2007 apareció la oportunidad que Emilio Elgueta esperaba para seguir escalando posiciones. En mayo de ese año, se abrió una vacante en la Corte de Apelaciones de Santiago, tras la ratificación de la entonces ministra de esa corte Gabriela Pérez Paredes, como nueva integrante de la Suprema. A fines de noviembre, siendo aún fiscal de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Elgueta fue incorporado en la terna para ocupar la plaza dejada por Pérez en el tribunal de alzada de Santiago. Sorpresa causó en algunos miembros del Poder Judicial ver su nombre en esa instancia. Lo veían como un salto inesperado en su carrera.

Contra el pronóstico de algunos, a comienzos de 2008 Emilio Elgueta tomó posición de su nueva investidura, en reemplazo de la ministra Gabriela Pérez. Quedaba a pocos escalones de la más alta magistratura.

***

Cuando a fines de marzo de 2019 salieron a la luz pública los primeros indicios que lo vinculaban a graves casos de corrupción, la Policía de Investigaciones allanó la oficina del exministro Elgueta en la Corte de Apelaciones de Rancagua. En la gaveta de su escritorio –que fue descerrajada– los detectives encontraron una foto de Gabriela Pérez; otra de un demonio con una mujer desnuda con sus ojos recortados y un muñeco de mimbre con billetes falsos de 10 mil pesos, entre otros objetos. Trascendió entonces que la imagen de Gabriela Pérez –la ministra a quien Elgueta reemplazó en la Corte de Apelaciones de Santiago en 2008– estaba atravesada por tres clavos.

Fue un bocado, de esos que aparecen dos o tres veces al año, para los matinales de televisión que llenaron sus horas de transmisión con ese hallazgo. Unos pusieron a noteros a recoger la impresión de la calle: “Malo, ese hombre no tiene corazón... es un brujo de esos malos”, se escuchó en el programa Mucho Gusto, de Mega, que también llevó al set a un miembro de la Iglesia Ortodoxa para aclarar:

–Reverendo –preguntó el animador José Miguel Viñuela–, ¿existe realmente o se podría avalar la magia negra?

–Tal como existe la fuerza vivificadora que proviene de Dios, existe la fuerza negativa, la magia negra, que viene del demonio –respondió el sacerdote.

–¿Y uno la puede ocupar como ser humano? –contrapreguntó Viñuela.

–Es que son dos entidades que emanan energías: Dios, positivas; y el diablo, negativas. Ahora, si tú eres capaz de involucrarte con una de estas dos, vas a tener resultados diferentes.

Eso era lo que ofrecía la televisión abierta a las 10 de la mañana del 2 de abril de 2019. La prensa también estalló con la noticia. Vudú, magia negra, ocultismo, satanismo, brujería por todos lados. En medio de ese tráfago, los motivos de la animadversión de Elgueta hacia Gabriela Pérez pasaron a segundo plano, hasta que el diario El Mercurio logró hablar con la exministra:

–(Periodista) Cercanos a Elgueta comentan que él siempre decía que usted se habría reído de él cuando se acercó para decirle que la había reemplazado en la Corte de Apelaciones de Santiago.

–(Ministra Pérez) Es probable que se lo haya dicho, porque ya tenía problemas. Yo nunca he votado por él. No desconozco que se lo pude haber dicho. Obviamente que no me podía reemplazar, modestia aparte, porque siempre estuvo con un pie como para que lo sancionaran.

La exministra –con fama de eficiente, prolija y estricta– agregó que nunca tuvo buena opinión de Elgueta, que no era un buen ministro y que ella lo evaluaba siempre con un cuatro. Nota “regular” en la escala de calificaciones del Poder Judicial, de acuerdo con el tecnicismo del Código ­Orgánico de Tribunales. Baja, en definitiva, para alguien que aspira a llegar a la Corte Suprema. Las notas de la ministra Pérez le bajaban el promedio a Elgueta porque, pese a sus antecedentes administrativos, la mayoría de los ministros de la Suprema lo evaluaron por años con calificaciones sobresalientes.

Acá otro motivo probable para el encono de Elgueta con Pérez: en más de una ocasión, Gabriela Pérez ha criticado públicamente la soterrada influencia en el Poder Judicial de la masonería, institución de la que Emilio Elgueta fue expulsado en abril de 2019 y que durante años le proveyó de una red de contactos en la judicatura y entre autoridades de gobierno de la Nueva Mayoría.

Hay un tercer elemento a considerar –el más relevante– y que nos lleva de vuelta al exministro Elgueta ocupando el asiento dejado por Gabriela Pérez en el tribunal de alzada santiaguino. El 7 de diciembre de 2010, tras un proceso de meses, la Corte Suprema decidió sancionar a Emilio Elgueta. Fue una medida disciplinaria que puso fin al sumario iniciado en julio de ese año, tras la denuncia que Alejandra Rebolledo interpuso en la Corte de Apelaciones de Santiago contra su entonces marido. Dice el documento:

Emilio Elgueta Torres desplegó conductas al margen de los procedimientos establecidos por la ley al efecto, valiéndose de la calidad ya señalada [ministro] de manera tal que no cabe sino concluir que se vulneró el principio de ética judicial vinculada a la probidad, cuyo respeto irrestricto exigía al señor ministro conducirse de un modo diverso al que lo hizo y no valerse de su investidura a fin de obtener algún provecho o ventaja personal.

La suspensión por cuatro meses con apertura de un cuaderno de remoción es la sanción más grave que puede recaer sobre un funcionario del Poder Judicial. Fue justamente esa la determinación que tomó la Corte Suprema en 2019 cuando decidió apartar a Elgueta de la Corte de Rancagua y luego expulsarlo de la judicatura.

Pero hace 10 años, y en el contexto de ese sumario administrativo, el pleno de la Suprema optó por castigarlo con la medida más leve contemplada en la normativa judicial: una amonestación privada.

Fue votación dividida.

La suprema Gabriela Pérez no quedó conforme con la medida disciplinaria. La encontró insuficiente para lo que ella consideraba una falta grave. Su propuesta, a la que ­adhirió el también ministro Pedro Pierry, apuntaba mucho más lejos: suspender a Elgueta de sus funciones por un mes con goce de media remuneración, una sanción tres grados más arriba de la que dictaminó la corte.

Otros tres magistrados estuvieron por no levantarle cargos a Elgueta y sobreseerlo: Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Juan Araya.

–¿A qué atribuye que se le aplicara una baja sanción?

–Lo atribuyo a sus vinculaciones con algunos ministros de la Corte Suprema y de otras personas por la masonería –dijo la exministra Pérez en la entrevista con El Mercurio el 6 de abril de 2019.

Un dato de contexto: Dolmestch y Araya –quienes dejaron la Corte Suprema en 2019 y 2014, respectivamente– son miembros de la masonería. El primero, de hecho, ostenta el grado 33, el más alto de la Gran Logia, equivalente al título de Soberano Gran Inspector General de la Orden.

Un matiz, también de contexto: la postura de Dolmestch, Araya y Künsemüller estaba en línea con la decisión adoptada previamente por la Corte de Apelaciones de Santiago de sobreseerlo y en la que siete integrantes de ese tribunal, en acuerdo con el fallo, solo le recomendaron “mayor prudencia” al ministro sumariado.

Fue en la Corte Suprema –con la exministra Pérez solicitando la sanción disciplinaria más dura– donde la decisión de primera instancia que dejaba a Elgueta sin tacha en su hoja de vida cambió.

En 2010, y por primera vez, Emilio Elgueta obtuvo un promedio de calificaciones en el Poder Judicial solo “satisfactorio” (nota 5,9). Sus líos dejaron una estela que también le pasó la cuenta al año siguiente: obtuvo una ponderación de notas “regular”, con un 5,2. Su hoja de vida del Poder Judicial muestra que fue un bajón de solo dos años. Antes y después solo registra evaluaciones que lo ubican en la escala “muy buena” o “sobresaliente”.

Gabriela Pérez dejó la magistratura en enero de 2013. Su foto apareció en el cajón del despacho del removido ministro seis años después de su retiro del Poder Judicial.

***

La historia que originó el primer sumario administrativo contra Emilio Elgueta en julio de 2010 es compleja y, sobre todo, delicada.

A comienzos de junio de 2010, Elgueta presentó una denuncia en Fiscalía por violencia intrafamiliar, tras una fuerte discusión con su esposa, Alejandra Rebolledo. Según el expediente judicial de esa causa, la Fiscalía decidió no perseverar en el asunto. Rebolledo terminó internada en una clínica de Ñuñoa con un cuadro depresivo. Ambos dieron versiones contradictorias del origen de la pelea.

El asunto no quedó allí y comenzó una batalla por la custodia de sus hijos. Elgueta, tras un veredicto de tribunales, consigue que queden a su cuidado. Rebolledo contraataca con otra acción judicial por violencia intrafamiliar en contra de su marido, y el 5 de junio denuncia en la Corte de Apelaciones de Santiago que Elgueta utiliza influencias para privarla de sus hijos. Allí introduce la metáfora del gásfiter, dando a entender que su esposo se aprovecha de su cargo ministerial.

“Me amenaza con que no los volveré a ver, amenaza a mis familiares de que perderán el trabajo y presiona a funcionarios policiales, médicos y a toda persona que me presta ayuda”, declaró en esa oportunidad. Define a Elgueta como un celópata y a su matrimonio, como un martirio.

Tras un encuentro fortuito en la calle, Elgueta asegura haber sido golpeado por su esposa. Se dirige al hospital El Salvador a constatar lesiones y presenta una nueva denuncia por violencia intrafamiliar. El relato posterior del exministro indica que, a esas alturas, una de sus mayores preocupaciones era que la prensa pudiera hacer un festín de su situación, tomando en cuenta su calidad de ministro.

El tema traspasó la esfera de lo privado los días 26 y 27 de julio de ese 2010. En ese lapso, el entonces ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago realizó 10 llamados desde el teléfono celular del Poder Judicial que tenía asignado. Los destinatarios: el juez titular del 8vo Juzgado de Garantía de Santiago, Luis Avilés Mellado, donde quedó radicada la causa por violencia intrafamiliar presentada por Elgueta, y el entonces jefe de la Fiscalía de Delitos Flagrantes y Violencia Intrafamiliar de la zona oriente, Matías Moya Lehuedé, a cargo de las diligencias.

A ambos los puso al tanto de la situación en la que se encontraba. Al fiscal, a quien contactó ocho veces, le informó en un primer llamado que estaba en una comisaría de Providencia denunciando a Rebolledo por violencia intrafamiliar. Le preguntó qué podía hacer. Moya Lehuedé, según la declaración que prestó después, le comunicó las diligencias que vendrían luego de su denuncia y le pidió que colaborara con la investigación, que lo llamarían de Carabineros para evaluar el “grado de riesgo” en el que podría encontrarse, siguiendo el protocolo institucional.

El fiscal agregó que, como el procedimiento arrojó un rango de riesgo “alto/vital”, envió a un policía de punto fijo al domicilio del exministro.

En llamados posteriores, Elgueta le preguntó, muy alterado, si se había notificado la orden que prohibía a su mujer acercarse a sus hijos. Le respondió que no, pero que se comunicarían con la comisaría y con el juez Avilés para pedir una constancia judicial.

Luis Avilés dijo que no sabía cómo Emilio Elgueta consiguió su número telefónico y que era primera vez que hablaba con él. Cuando contestó, agregó, su interlocutor se identificó como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Y agregó que luego lo puso al tanto de la situación y le avisó que el fiscal Moya Lehuedé lo iba a contactar para pedirle una orden en contra de su señora. Horas después, el juez Avilés recibió el llamado de la ­Fiscalía.

¿Puede un gásfiter hacer lo mismo?

El último llamado de Elgueta al fiscal Moya Lehuedé está registrado el 3 de agosto. Justo el día anterior, los plenos de las cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel se reunieron para decidir la terna entre los nueve candidatos que se postulaban para el cargo de fiscal regional metropolitano Centro Norte. Entre ellos figuraba el fiscal Moya Lehuedé. Andrés Montes –quien finalmente ocuparía el puesto– obtuvo 22 votos. Moya Lehuedé solo tres. Uno de ellos, de Elgueta.

En este primer sumario administrativo contra Emilio Elgueta, Moya Lehuedé declaró que el entonces ministro solo recibió trato de víctima, que nunca se sintió presionado por él y que jamás le hizo referencia al concurso para fiscal regional. Moya Lehuedé, de buena trayectoria en el Ministerio Público, dejó esa institución a comienzos de 2015.

El 2 de septiembre de 2010, el juez instructor a cargo del proceso disciplinario propuso que Elgueta fuese sancionado con una amonestación privada por el siguiente cargo:

Vulnerar el principio de ética judicial, vinculado a la probidad, que exige abstenerse de intervenir de cualquier forma a favor o en contra de persona alguna, cualquiera que sea la naturaleza del juicio o gestión de que se trate, lo que se traduce en la especie en una presión indebida con el objeto de conseguir un beneficio directo.

Como sabemos, fue sobreseído –con cuatro votos en contra– por sus pares de la Corte de Apelaciones. En la Suprema, con el voto de la exministra Gabriela Pérez, las cosas cambiaron.

En medio de este proceso, una de las cosas que más desestabilizó al ministro Elgueta fue ver su nombre en la ­prensa. No por un logro, claro, sino asociado a una causa de violencia intrafamiliar y a la mala utilización de su cargo. También que su intimidad quedara expuesta –y sin mucho filtro– ante colegas y funcionarios de la corte de Santiago.

A principios de agosto de 2010, pocas semanas antes de que le formularan los cargos, Emilio Elgueta solicitó ser trasladado de la corte de Santiago a la de San Miguel, pero le denegaron la petición. Fue una permanencia incómoda que se extendió por nueve meses más, hasta que encontró la fórmula.

En abril de 2011, la Corte Suprema autorizó su traslado, luego de que adujera “razones familiares estrictamente personales”. Pero no fue San Miguel el destino. Fue en Rancagua donde encontró a un ministro de la Corte de Apelaciones de esa ciudad dispuesto a hacer un enroque con él. En argot jurídico, fue una permuta de cargos.

En mayo de ese 2011, Emilio Elgueta fue nombrado ministro del máximo tribunal de la Región del Libertador General Bernardo O’Higgins. No tan lejos de Santiago, pero lo suficiente como para que las cosas se calmaran, para dejar atrás los rumores de pasillo y enterrar, de a poco y para siempre, ese negro episodio.

Estando en Rancagua, las chances de llegar a la Suprema en el futuro aún se mantenían. Al año siguiente de su designación, de hecho, ocupó la presidencia de esa corte en reemplazo del ministro Carlos Aránguiz, quien fue promovido precisamente al pleno del máximo tribunal. No estaba todo perdido y así lo entendió. Prueba de ello es que en diciembre de 2016, y estando como ministro en Rancagua, postularía a una plaza –como fiscal judicial– en la Corte Suprema. No tuvo éxito.

***

En el primer proceso administrativo en su contra, en 2010, Emilio Elgueta declaró que la disputa con su esposa, Alejandra Rebolledo, se produjo cuando él le pidió la tuición voluntaria de los dos hijos que tienen en común.

En sus descargos omitió un acontecimiento clave: en octubre de 2007, se convirtió en padre por quinta vez, luego de más de dos años de relación con su exalumna de derecho procesal en el Instituto Superior de Estudios Jurídicos Canon, Cristina Rosas.

La relación entre el exministro y Rosas partió como una amistad. Hacia fines de 2004, Cristina Rosas terminaba sus estudios y Elgueta le ofreció una suplencia en el 5to Juzgado del Crimen, y luego le consiguió una práctica profesional en el 4to Juzgado Civil, ambos de San Miguel. Era la jurisdicción donde su profesor –antes de ser promovido a la Corte de Apelaciones de Santiago en 2008– se desempeñaba como fiscal judicial.

Cristina Rosas retrataría al Elgueta de entonces –el hombre de quien se enamoró– como un caballero, buena persona y, por lo que él mismo le contaba, un excelente padre. Elgueta no le ocultó que estaba casado. Su matrimonio, a esas alturas, solo se sostenía en el papel. Le presentó a algunos de sus amigos más cercanos, entre ellos al exministro Marcelo Vásquez Fernández, también expulsado del Poder Judicial.

La percepción de Rosas sobre su pareja solo comenzó a cambiar a mediados de 2007, después de dos años y algo más de idilio. No estaba en los planes de Elgueta convertirse nuevamente en padre. Rosas –quien trabajó en tribunales de Viña del Mar y Santiago– diría después que, por motivos laborales, tuvo que mantener bajo reserva su embarazo el mayor tiempo posible.

La relación continuó “con más penas que alegrías”, según ella misma la definió en una declaración. Elgueta seguía viviendo con su esposa y el sueño de hacer una vida juntos se desvanecía para Rosas. En 2010, ella le dio un ultimátum. Ahí fue cuando Elgueta, en junio de ese año, le pidió la tuición voluntaria de sus hijos a Alejandra Rebolledo, lo que desencadenó la serie de acontecimientos que le valieron una sanción de la Corte Suprema por sacar ventaja de su cargo.

Tras el quiebre matrimonial con Rebolledo, Elgueta y Rosas alcanzaron a vivir juntos durante un año, hasta septiembre de 2011. Ahí, en la convivencia diaria, la relación se fue al despeñadero. A fines de ese mismo año rompieron. Según dichos posteriores de Rosas, Elgueta llegaba tarde y buscando siempre una excusa para discutir.

Para entonces, Elgueta ya ejercía labores como ministro en la judicatura rancagüina y había encontrado un puesto como profesor de derecho procesal en la Universidad de Aconcagua, sede Machalí. Poco después de la ruptura definitiva con Cristina Rosas, Emilio Elgueta se reconcilió con su esposa, Alejandra Rebolledo, y volvieron a vivir juntos, esta vez en una casa fiscal en Rancagua, asignada por el Poder Judicial.

***

En enero de 2014 –al igual que lo hiciera Alejandra Rebolledo en julio de 2010–, Cristina Rosas denunció a Emilio Elgueta ante sus superiores de la Corte Suprema. Se abrió en su contra un segundo expediente administrativo –­número de ingreso 80/2014– en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Son seis los hechos relevantes de este nuevo capítulo sentimental que volvió a comprometer el desempeño laboral del ministro:

1) Junio de 2013: casi dos años después del quiebre con Emilio Elgueta, la exalumna, expareja y madre de uno de los hijos del entonces ministro, Cristina Rosas, conoce a quien posteriormente se convertiría en su marido.

2) Poco más tarde, día y mes indeterminados, Elgueta se entera de esa nueva relación de Rosas. En octubre, ella le pide a Elgueta que deje de llamarla por teléfono. Lo hacía, según denunció, casi todas las noches. Agrega que la “hostigaba demasiado” y que no la dejaba tener una vida independiente.

3) A comienzos de diciembre de 2013, Elgueta se entera de que Rosas se casa. Le envía una pesada ráfaga de mensajes de texto cargados de despecho. No hay vulgaridades. Sí un tono catastrófico, hiperbólico. Tras saber por terceros de la boda de su expareja, se siente traicionado. Esos mensajes constan en el nuevo expediente administrativo contra el entonces ministro y fueron presentados como evidencia por Cristina Rosas ante la corte para sustentar su acusación.

Un puñado de mensajes de texto incluye información personal del novio de Rosas, que no se sabe cómo Elgueta obtuvo: nombre, profesión, universidad donde estudió. Por alguna razón maneja, además, detalles del costo de la boda y de la ceremonia religiosa. No se advierten amenazas explícitas, pero la novia teme que suceda algo.

Rosas: “Tengo susto, porque Emilio tiene amigos en Investigaciones que entraban al correo de Alejandra [Rebolledo], pero sin necesidad de cambiar la clave. Me causa temor que Emilio sepa que nos gastamos seis millones en el matrimonio, información que solo estaba disponible en mi correo, lo mismo, respecto de la fecha, hora y lugar donde nos casaríamos por la iglesia. Creo que sus mensajes son parte de una amenaza velada. Sabe todo de mi marido, esto no lo encuentro normal”.

4) 11 de enero de 2014. Novio espera a novia, Cristina Rosas, en la puerta de la iglesia en Santiago. Novia llega y divisa a una mujer con lentes oscuros y no presta demasiada importancia. Es Alejandra Rebolledo. Minutos más tarde se arma una trifulca frente a todos los invitados. ¿Qué sucedió? Según la novia, Rebolledo le habría dicho que venía a “cagarle” el matrimonio, “al igual que ella lo había hecho con el suyo”.

Tras el altercado en la iglesia, Cristina Rosas se querella contra Alejandra Rebolledo. En juicio oral, el tribunal no puede dar por acreditada la versión de la novia, quien acusó a Rebolledo de ingresar por el pasillo central de la iglesia hacia el púlpito para atacarla con una botella de ácido, en una mano, y un cortaplumas, en la otra. Alejandra Rebolledo es sobreseída. En proceso paralelo, se condena, en cambio, al hermano de la novia –que participó de la batahola–, por lesiones menos graves contra Rebolledo, quien también presentó querella acusando haber sido agredida por familiares de la novia en la iglesia.

5) Corte Suprema acoge denuncia de Cristina Rosas en contra de Elgueta por hostigamiento. Se instruye a la Corte de Apelaciones de Rancagua la designación de un ministro instructor que investigue. El abogado de Rosas pide a ese tribunal suspender a Elgueta.

6) 31 de enero de 2014: Rosas recibe dos llamados. El número que aparece en la pantalla de su móvil es el del teléfono fijo del Juzgado de Garantía de Rancagua. Rosas no atiende. Sí lo hace su abogado más tarde. Al otro lado de la línea: Marcelo Víctor Vásquez Fernández, el otro ministro expulsado del Poder Judicial junto a Elgueta y, por entonces, juez titular de ese tribunal.

Se dice que el llamado de Vásquez tenía como objetivo persuadir a Rosas para que retirara la denuncia que había dado pie a la apertura de este segundo proceso disciplinario contra Elgueta. Vásquez admite llamados, pero explica que solo quería felicitar a la mujer por su matrimonio, que conoce a Cristina Rosas por la larga relación de amistad que él tiene con Elgueta.

Emilio Elgueta no fue sancionado en este nuevo proceso sumarial. El ministro instructor que llevaba la investigación propuso el sobreseimiento de la causa, decisión ratificada luego por la Corte Suprema.

El miedo de aparecer nuevamente en titulares y ver expuesta su vida, ahora en Rancagua, volvió a rondarle. Poco antes de que se precipitara la trama que terminó por segunda vez con un sumario en su contra, Emilio Elgueta interpuso un recurso de amparo en la justicia para borrar de internet las notas de prensa que se referían a la primera sanción que recibió en 2010, tras la denuncia de Alejandra Rebolledo.

Dice el recurso: “Deduce acción de protección en contra de la empresa Google Chile por mantener –como empresa proveedora de servicios y de búsqueda de contenidos en Internet– información referida a una situación de orden judicial y privada que le aconteció, lo cual implica una afectación de su integridad y la de sus hijos, y de su derecho al respeto y protección de su vida privada y pública, y la honra de su persona y de su familia”.

En el escrito se aclara que Elgueta y Rebolledo tuvieron “dificultades” familiares el año 2010, pero que ya se encuentran “subsanadas”.

El 15 de enero de 2014, cuatro días después del altercado en la iglesia, ese recurso fue desestimado por los tribunales: “El recurrente tiene una confusión respecto de cómo funciona el motor de búsqueda Google. (...) Google no publica contenido, sino que muestra como resultado de búsqueda la página web donde dicho contenido estaría publicado (...) el recurrente ni siquiera identifica la fuente de publicación que reprocha”.

Para peor, la noticia de la apertura de este segundo sumario administrativo en su contra –incluidos los incidentes en la iglesia– reventaría poco después en la prensa. A contrapelo de sus propósitos, la presencia en la web de Elgueta aumentó. Aún así, sus tribulaciones no alcanzaban a ocupar la totalidad de la primera página de resultados del popular buscador.

Hoy su nombre está por todas partes.

***

En ocasiones, Luis Evaristo Arenas Contreras atiende gratis a pacientes con problemas económicos en Rancagua. Personas que conocen al médico cirujano lo definen como un tipo sociable, entrador. Agregan que a veces también visita sin costo a personas mayores de edad en sus propios domicilios. Son varios los que lo saludan en la calle, cuando va o viene de su consulta ubicada en la céntrica Alameda de la ciudad, casi al frente del Hospital Regional de Rancagua. Luis Arenas, o “Luchín”, como le llaman algunos con cariño, es popular.

A las habilidades sociales del doctor, habría que agregar que Rancagua es un micromundo. Personajes como él se hacen notar. Las historias –desgracias ajenas más que buenaventuras– se desparraman rápido. Nada tan distinto a lo que sucede en otras ciudades de Chile. Pero Rancagua ha estado movida.

En la plaza de armas de la ciudad –Plaza de los Héroes– hay un puestito de café con mesas al aire libre. Es un punto estratégico donde se puede medir la temperatura de lo que pasa en la ciudad. Está ubicado de manera equidistante, entre la Municipalidad y la Intendencia; cerca de la Catedral; a un par de cuadras del Servicio de Impuestos Internos y del Conservador de Bienes Raíces, y a unas cuantas más de la Fiscalía Regional y de la Corte de Apelaciones, en calle Brasil 992.

En ese café, en el centro del poder rancagüino, se junta pasado el mediodía un grupo de hombres a discutir. Se toman su tiempo, pasan horas, varios días a la semana. Algunos cargan con aventuras políticas fallidas, otros son artesanos, escritores, columnistas esporádicos de medios locales. Hablan fuerte, se echan tallas, interpretan los acontecimientos. Tienen el pulso de lo que pasa, de lo que se sabe oficialmente y de lo que circula bajo cuerdas. Tema no les ha faltado, sobre todo desde que ese caluroso 5 de febrero de 2015 estallara el escándalo de especulación inmobiliaria en la vecina comuna de Machalí, con la nuera y el hijo de la expresidenta ­Michelle Bachelet como protagonistas.

Como una bola de nieve en descenso y con el bullado Caso coimas de 2002 como un lejano telón de fondo –oportunidad en que Bernardo Córdova, “El Hombre del Cartel”, le propinó un cartelazo en la cabeza al exsubsecretario Patricio Tombolini, imputado y luego absuelto en esa causa–, Rancagua ha vuelto a granjearse fama como epicentro de noticias nacionales.

Ellos pueden ofrecer versiones, con mayor o menor precisión, sobre la debacle en la Corte de Apelaciones de Rancagua y cómo esto conecta, en un punto específico pero clave, con el caso Caval; sobre cómo, casi inmediatamente después del derrumbe del tribunal de alzada rancagüino, se desplomó la Fiscalía de esa ciudad con la suspensión de los persecutores jefes de esa institución, Emiliano Arias y Sergio Moya; sobre el fraude con los fondos del Teatro Regional, dependiente del municipio, y sobre la sustracción de estatuas de alto valor patrimonial que aparecieron decorando la hacienda del empresario Raúl Schüler, en Mostazal. También sobre la madeja de poder que allí se teje entre parlamentarios, ministros de Estado, magistrados, jueces, notarios, ediles, autoridades locales, fiscales y abogados. Quién es quién; quién con quién. Todo –y todos– muy cerca, quizá demasiado.