Salud pública veterinaria

La operación consistía en sembrar sucesivamente porciones de costra en distintos medios y enumerar las colonias de bacterias halladas. Al principio, era natural encontrar gérmenes; pero a medida que las costras permanecían más tiempo a baja temperatura, las colonias iban disminuyendo hasta desaparecer totalmente al cabo de noventa días, sin disminuir la actividad del virus. Si esto era así, la vacuna había pasado la prueba de calidad. El celo puesto en este proceso dio como resultado la producción de una vacuna perfectamente estéril.

El 18 de julio de 1939, con ocasión de la inauguración de una nueva sede del parque, el Presidente de la República, Eduardo Santos, impuso al científico la más alta condecoración que otorga el Gobierno de Colombia: la Orden de Boyacá. En buena hora, el gobierno había reconocido el aporte de Lleras. El decreto correspondiente justificaba la condecoración así: “Por sus eficaces servicios como director del Parque de Vacunación durante 42 años de constante consagración, con resultados que honran y benefician grandemente al país". El 6 de agosto de 1945 Jorge Lleras Parra murió en Bogotá, después de 71 años de una fructífera labor en pro de la salud de los colombianos.

La escuela en el siglo XX

Con estos y muchos aportes más, nació y creció la ciencia veterinaria en Colombia, con un profundo sentido de la salud comunitaria. La enseñanza de las profesiones del sector no podía transformar el agro; se debía generar una demanda para la agricultura científica mediante la promoción de importantes empresas agrícolas. Se conformaron las primeras estaciones experimentales agrícolas.

Una vez finalizada la guerra de los Mil Días, se recuperó la economía haciendo posible la consolidación de la nueva escuela, gracias a la mística de los primeros egresados y el entusiasmo de jóvenes bachilleres, pues como lo señalan Reyes et ál. (2004), desde 1911, con la creación del Ministerio de Agricultura y Comercio, la realización del Segundo Congreso Médico de Colombia en 1913 y la solicitud de la Dirección Nacional de Higiene y Salubridad del Ministerio de Agricultura y Comercio, se planteaba la inminente necesidad de restablecer la enseñanza veterinaria. La Ley de Fomento de la Agricultura de 1926 asignó un papel importante a la educación agropecuaria; con la creación del Consejo Nacional de Agricultura en 1931 se fortaleció la investigación y la educación (granjas experimentales y granjas infantiles).

Estas intervenciones, con el apoyo de diferentes estamentos de la sociedad, del gobierno y de los egresados de la escuela de Vericel, constituyeron el preámbulo de las iniciativas conducentes a la expedición de la Ley 44 de 1920 que creó la Escuela Nacional de Veterinaria, para formar profesionales que respondieran a la necesidad de la industria pecuaria y la higiene pública (Luque, 1985). La vida académica inició el 10 de mayo de 1921 (por esa razón se estableció como el Día Nacional de la Medicina Veterinaria Colombiana); su primer director fue el doctor Eduardo Zuleta Ángel y el doctor Vericel fue nombrado Profesor Honorario (Román, 1997; Reyes et ál., 2004).

La escuela perteneció al Ministerio de Instrucción Pública hasta 1927; luego formó parte del Ministerio de Industrias y más tarde, en 1934, al de Agricultura y Comercio bajo la dirección del Departamento de Ganadería. A este ministerio perteneció hasta 1936, cuando mediante la Ley 67 del 7 de diciembre de 1935 se reestructuró la Universidad Nacional de Colombia y con el carácter de Ley Orgánica dispuso la conformación de la Universidad basada en las facultades, las escuelas y los institutos de investigación, integrando las facultades de Medicina, Derecho, Matemáticas e Ingeniería, la Escuela Nacional de Veterinaria (que luego se llamaría Escuela de Medicina Veterinaria), las de Farmacia, Odontología, Bellas Artes, el Conservatorio de Música y el Instituto de Radium a dicha Universidad (Rojas, 1939; Gracia, 2002). En 1946 la Facultad obtuvo la denominación de Facultad de Medicina Veterinaria y de Zootecnia (Hernández, 2002).

Hacia 1965 la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) realizó un aporte clave para el fortalecimiento de la investigación médica veterinaria en Colombia mediante un programa de cooperación, el ofrecimiento de becas conducentes a la obtención de maestrías y doctorados. Pese a que varios de los becarios se quedaron en el exterior, algunos de los que regresaron se dedicaron de lleno a la actividad investigativa después de su regreso a Colombia. Mediante el programa de la FAO se realizaron valiosas inversiones en equipos e instalaciones que sustentaron los esfuerzos de investigación (Hernández, 2002; Reyes et ál., 2004).

En los predios de la Universidad Nacional de Colombia se configuró durante los años cincuenta una escuela de médicos veterinarios egresados de diferentes facultades que se vincularon al instituto Zooprofiláctico Colombiano hasta 1968, cuando apareció el instituto Colombiano Agropecuario (iCA), iniciando una etapa importante en investigación, sanidad animal y vigilancia epidemiológica (Lobo, 2002).

La investigación y la educación suelen marchar juntas. Así es crucial resaltar la labor efectuada por el Programa de Estudios para Graduados en Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Colombia, conocido en el mundo académico como PEG. Dicho programa se originó mediante un acuerdo firmado el 23 de noviembre de 1963 entre los ministerios de Agricultura y Educación y la Universidad Nacional de Colombia, estableciendo los principios de cooperación para lograr la integración de la enseñanza, la investigación y la extensión. Organizado por el iCA y dirigido por la Universidad Nacional de Colombia, buscaba la integración de las facultades relacionadas con el sector y los laboratorios de control y los centros experimentales del iCA para un mejor aprovechamiento de los recursos humanos y físicos de ambas instituciones (Villamil et ál., 1997; Reyes et ál., 2004) y lograr así mayor eficiencia en las áreas mencionadas, con miras al mejoramiento de la agricultura, la ganadería y el medio rural colombiano.

Este programa se desarrolló a nivel nacional entre 1967 y 1987, periodo en el que se ofrecieron maestrías en Genética y Mejoramiento, Fisiología Vegetal, Fisiología de Cultivos, Producción de Cultivos, Tecnología de la Producción Agraria, Fitopatología, Entomología, Nutrición Animal, Producción Animal, Patología, Microbiología, Medicina Veterinaria Preventiva, Suelos, Economía Agrícola, Desarrollo Rural, ingeniería Agrícola y Riegos y Drenajes.

Adicionalmente, instituciones como el iCA, con una red de centros dentro del país, el Centro de investigación en Agricultura Tropical (CiAT) y algunas universidades públicas reforzaron y proyectaron líneas de investigación para la solución de problemas regionales. A comienzos de los años noventa, la política de reestructuración generó una nueva institucionalidad para investigación agropecuaria; en 1993 se creó la Corporación Colombiana de investigación Agropecuaria (Corpoica), una institución mixta que se rige por el derecho privado pero en la cual la financiación estatal sigue siendo dominante, a pesar de tener la expectativa que el sector privado fuera el financiador principal de la investigación agropecuaria. El grupo pecuario de Corpoica desempeñó un papel estratégico, mediante la formulación del llamado Plan de Modernización de la Ganadería Bovina Colombiana, señalando la importancia de la sostenibilidad y la calidad de alimentos en coherencia con la estrategia de acuerdos de competitividad por cadenas productivas (Hernández, 2002; Lobo, 2002; Reyes et ál., 2004). En 1975 se creó la Empresa Colombiana de Productos Veterinarios (Vecol), en la cual se emplearon técnicas de cultivo in vitro, fermentación bacteriana aeróbica y anaeróbica para la producción de antígenos, y la liofilización para la conservación de las vacunas. En ese entonces Vecol determinó el fortalecimiento de la investigación para el desarrollo de vacunas, se inició una capacitación y entrenamiento de profesionales colombianos, logrando la producción de la vacuna antiaftosa y de otros biológicos (Lobo, 2002).

En términos generales, el ámbito académico de la segunda mitad del siglo xx se caracterizó por el logro de una fase de expansión y desarrollo académico de la educación superior agropecuaria del país. Las instituciones de educación públicas replicaron en varios departamentos el esquema desarrollado por la Universidad Nacional de Colombia: la carrera se ofreció en las universidades de Antioquia, Caldas, Córdoba, Llanos Orientales y Tolima. Posteriormente, las universidades privadas se interesaron por el sector, siendo la Universidad de La Salle la primera en ofrecer la carrera de Medicina Veterinaria y luego la de Zootecnia.

Los hermanos de La Salle llegaron al país con una visión y una misión en las que la ciencia, la tecnología y el humanismo se fundamentaron con certeza: la formación de ingenieros, el desarrollo de las ciencias naturales, la formación de maestros y el desarrollo del sector agropecuario fueron labores formuladas desde fines del siglo XiX y se cultivaron en los colegios, institutos y en la Universidad de La Salle. Para el presente, La Salle ha ratificado su compromiso con el país mediante su posicionamiento estratégico 2010-2015, donde el desarrollo de lo rural y el progreso del sector agropecuario constituyen el centro de las actividades desde la perspectiva de la investigación y la educación.

Hoy son varias las instituciones que ofrecen programas de pregrado para el sector agropecuario a los jóvenes colombianos. Muchas de estas pueden escribir su propia historia, pues han dejado huella; el aliento de los pioneros impulsa todavía las instituciones de investigación y docencia del nuevo milenio.

La educación y la enseñanza en Salud Pública Veterinaria: un reto que hay que asumir

Es importante señalar que desde sus inicios la veterinaria se ejercía con una visión de conjunto salud animal-salud humana. La educación veterinaria con frecuencia se formalizó, como es el caso particular de Colombia, como una inquietud que surgió desde los intereses de la salud humana en relación con los animales de granja (primeros conceptos de SPV). Sería entonces aventurado dejar para la reflexión que el concepto que ahora se retoma dentro del conocido One Health, One World (FAO, 2008; Echols, 2010) y que se posiciona como nuevo y que incluso ha generado discusión de registro entre diversas organizaciones en países desarrollados, ha sido siempre el origen de la medicina veterinaria.

¿Acaso por descuido la educación veterinaria olvidó sus orígenes?, ¿quizás lo esencial es invisible a los ojos y debemos hacerlo visible?, ¿sería entonces la SP una asignatura o la razón de ser de la medicina veterinaria?

No se pretende responder los cuestlonamlentos anteriores. Lo Imperativo es hacer énfasis en el concepto de Una Salud, es decir, en las Interacciones existentes entre el ambiente, los animales y la especie humana. Aunque este capítulo no se ha focalizado en los aspectos pedagógicos de la SPV, sí se ha señalado en él cómo la medicina veterinaria y su desarrollo y consolidación están íntimamente ligados con la SP Por tanto, y en la medida en que los universitarios aprecien que sin salud y bienestar animal no hay alimentos sanos y que sin estos no se pueden alcanzar la salud y el bienestar de la población, la SPV será mayor en su desarrollo y perspectiva curricular y con esta, la actividad de los profesionales en el ejercicio tendrá como punto central las líneas de acción de la SPV.

En este sentido, las áreas de intervención de la SPV no deben ser presentadas al futuro profesional únicamente como asignaturas terminales de forma aislada, sino que deben formar parte de manera transversal en la mayoría de asignaturas de los programas y también como áreas de énfasis en los programas de especialización, maestría y doctorado.

Tal vez dentro de la educación veterinaria la SPV no debería ser solo transversal como contenido, sino especialmente como referente. Es decir, mientras no se hagan esfuerzos en los cuales la educación veterinaria desde todas sus áreas centre su beneficiario y objeto final en el desarrollo humano integral y sustentable, nuestro esfuerzo descuidará el fin, por ende, la humanidad, y se dirigirá al medio, por tanto, a los animales, y su gran potencial quedará subestimado y subvalorado.

La separación de funciones y la escasa cooperación entre los sectores de salud y agricultura, también está presente en la formación profesional y la falta de cultura para la cooperación y el trabajo armónico entre los diferentes sectores constituye un desafío para las facultades y escuelas relacionadas con estos. Simultáneamente, entre la atención de los problemas de salud y producción animal, y los de la salud de la población humana, existe un amplio campo de conocimiento científico y tecnológico, de organización y suministro de los servicios dentro del cual las interfaces programáticas entre salud y producción, protección del ambiente, SPV y SP deberían ser más frecuentes. De lo anterior se deduce que la investigación y el trabajo interdisciplinario y transdisciplinario, prepararán al futuro profesional para afrontar correctamente aquellos retos que se le presenten.

En este contexto las instituciones universitarias deben afinar sus acciones para el diseño y la reestructuración de los programas profesionales que direccionen el horizonte de las nuevas generaciones de profesionales de todas las áreas, desde la óptica de la seguridad alimentaria, la protección del ambiente y la prevención y el control de las enfermedades, la prevención de las enfermedades profesionales, la protección de la industria ganadera y el bienestar animal. El papel de la Universidad no se reduce a la docencia e investigación, sino también al acompañamiento en la formulación y ejecución de políticas, lo cual implica una acción conjunta entre los sectores salud, educación y agricultura.

La Salud Pública Veterinaria y la interinstitucionalidad en Colombia

En Colombia la relación salud e interinstitucionalidad constituye un desafío para los formuladores de políticas, los gremios profesionales y las instituciones universitarias. El debate no se ha dado y vale la pena señalar algunos puntos de interés desde la perspectiva del sector agropecuario. Para la discusión, Reyes et ál. (2004) presentaron una propuesta que en este aparte comentamos brevemente, como una invitación a los lectores a consultarla con mayor detalle. Con la orientación y promoción de la OPS, la FAO y la OiE, los países de América Latina y el Caribe han abordado diversas estrategias para lograr la coordinación intersectorial y la participación de la comunidad en todos los niveles de la estructura política, administrativa y social.

Con los ministerios de Salud como pivote, se han hecho esfuerzos en control de enfermedades, desarrollo de servicios, sistemas de información y tecnologías en salud y ambiente, así como la unificación de normas y estándares comunes, logrando catalizar los esfuerzos de los gobiernos y orientar los diversos mecanismos en forma objetiva, para el desarrollo de actividades de SPV, con resultados satisfactorios. Desde el sector público, la división de tareas entre salud y agricultura difiere entre los países latinoamericanos, entrelazando instituciones y niveles de acción nacional, regional o departamental, distrital o municipal, según sea el caso.

En Colombia, el desarrollo de la SPV ha ido de la mano de la SP en general y la medicina veterinaria ha prestado invaluables aportes para la prevención de enfermedades y problemas que afectan a los humanos. Los alcances y papeles de la medicina veterinaria y la SPV se pueden observar a partir de la interpretación del funcionamiento agropecuario, en sus diferentes aspectos (estructura productiva, empleo, producción, pobreza, política macroeconómica, mercados, empresas, tecnología y seguridad alimentaria, entre otros). Estos mismos aspectos permitirían también comprender mejor las zoonosis y las enfermedades de transmisión animal (ETA), frecuentemente reducidas a un conjunto de ciclos de transmisión y factores de riesgo (Agudelo, 2003).

Contexto histórico y organización institucional

de la Salud Pública en Colombia

Según Reyes et ál. (2004), en el contexto de la SP (con énfasis en acciones con personas) se diferencian, desde el siglo XiX, cuatro periodos. El primero, el Modelo Higienista, comprendido aproximadamente entre los años de la regeneración y la promulgación de la Constitución Política de 1886 y 1947, comprende acciones realizadas a través del Ministerio de Higiene, el instituto Colombiano de Seguros Sociales (iSS) y la Caja Nacional de Previsión. El segundo periodo va desde 1948 a 1958, el cual constituye la consolidación de la transición del modelo médico francés al modelo norteamericano, modelo aún dominante en la actualidad. Este periodo ha recibido la denominación de la Salud Pública importada y en él se pasa de la higiene a la SP en el terreno político-técnico (Hernández, 2002). El tercer periodo denominado la Salud y el Desarrollo, se ubica entre 1959 y 1974, y a mediados de los años setenta se organiza el Sistema Nacional de Salud. El cuarto periodo se ubica entre 1975 y el presente, bajo el nombre de la Salud en los Nuevos Modelos de Desarrollo, en la actualidad dominado por el modelo neoliberal y la interacción pública privada en la prestación de servicios de salud.

Paralelamente, en el desarrollo institucional agrícola, se pueden resaltar también cuatro periodos: el primero, desde la formación de los primeros veterinarios en 1899 hasta la creación definitiva de la Escuela de Veterinaria en 1920, periodo en cual se dio origen al Ministerio de Agricultura. El segundo, hasta la mitad del siglo XX, cuando los profesionales del sector pecuario contribuyen al progreso de la industria ganadera, ejerciendo las acciones estatales requeridas para el control de las enfermedades animales de la época y velando por la calidad de los alimentos de origen animal. El tercer periodo comprende desde 1950 a 1970 y se caracteriza por el fortalecimiento institucional, la organización de programas sanitarios, el desarrollo de la lucha contra la fiebre aftosa y la brucelosis, que motivaron la organización de nuevas instituciones y la reorientación de los servicios sanitarios. Partiendo de la creación de la Oficina de Investigaciones Oficiales, promovida por la misión Rockefeller en 1955, se crearon las bases para la fundación del ICA, el Instituto Zooprofiláctico Colombiano, institución que se fusionó con el ICA, con funciones de investigación agrícola y pecuaria.

En este periodo se destaca la cooperación internacional y multilateral para la formación del talento humano y el fortalecimiento de infraestructura diagnóstica e investigativa. El cuarto periodo va desde los años setenta a la actualidad y en él se destaca la reestructuración continua y, desde los noventa, una interacción más estrecha con el sector privado. En 1993 se tomó la decisión de dividir las funciones del ICA en dos institutos: uno que seguiría siendo el ICA para ocuparse de la responsabilidad en las áreas de sanidad, protección, regulación animal y vegetal, y supervisión y coordinación de la investigación pública; y otro nuevo denominado Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica) que asumió las actividades de investigación y transferencia de tecnología. Asimismo, se destaca la creación de los fondos parafiscales que, administrados por los gremios de la producción, le han dado soporte financiero a las grandes batallas sanitarias de este siglo.

La Salud Pública Veterinaria y el sector salud en Colombia

Los indicios de la organización de una instancia del Estado que se encargara de los problemas de salud de la población colombiana, se hacen patentes desde la misma Constitución Política de 1886. La Ley 30 de ese mismo año creó las Juntas de Higiene de la capital y de los departamentos. La Junta Central de Higiene (JCH) nació de la preocupación existente por las distintas convenciones sanitarias internacionales que ocurrían principalmente en los países europeos con el fin de evitar la difusión del cólera, la fiebre amarilla y la peste (dos son zoonóticas y el cólera es ETA). La JCH constituía la máxima autoridad sanitaria del país (Reyes et ál., 2004).

Por el Decreto 266 de 1920 se trasladó la Dirección Nacional de Higiene (anterior Junta Central de Higiene) del Ministerio de Instrucción Pública al Ministerio de Agricultura y Comercio. Ese año se creó la escuela de enfermeras y se celebró un convenio con la misión Rockefeller para combatir la anemia tropical, además de establecer disposiciones sobre la fabricación y el expendio de productos alimenticios, control de drogas, disposición de aguas negras y sanidad portuaria, destacándose la importancia que adquieren el saneamiento ambiental y el control de alimentos (Pacheco, 2002); Reyes et ál., 2004).

En 1923 el Ministerio de Salud Pública pasó a denominarse Ministerio de Instrucción y Salubridad Públicas. En 1926 se estableció el Cuerpo de Protección Sanitaria y se adquirió el Laboratorio Samper y Martínez que después se convirtió en el Instituto Nacional de Salud (Pacheco, 2002). Posteriormente, la Ley 96 del 6 de agosto de 1938 creó el Ministerio de Trabajo, Higiene y Previsión Social, el cual duró hasta 1946, cuando se creó un Ministerio de Higiene (Hernández, 2002).

En 1949 se dio estructura al ministerio con nuevas dependencias y dentro de ellas, la campaña contra la rabia. Por el Decreto 072 de 1950, se establecieron bases para emprender acciones conjuntas entre los médicos, los ingenieros sanitarios y los médicos veterinarios, en actividades de mejoramiento de la calidad del agua, disposición de excretas, control de alimentos y de las zoonosis.

La representación de la OPS se estableció en Colombia en 1951 y, en diciembre de 1954, se firmó el convenio básico entre el gobierno de Colombia y la OPS, lo que ha permitido mantener cooperación técnica por más de cincuenta años (Álvarez, 2003, 2006; Reyes et ál., 2004).

En 1953 el Ministerio de Higiene cambió de denominación y se convirtió en el Ministerio de Salud Pública. Durante la misma década y hasta 1960, se fortalecieron los programas de erradicación y control de enfermedades como la viruela, la fiebre amarilla y la malaria.

En los años noventa hubo reestructuraciones con nuevas instituciones y la participación activa del sector privado en actividades previamente consideradas exclusivas del sector público. Mediante la Ley 10 de 1990 se inició un proceso de descentralización y delegación de muchas funciones en los departamentos y municipios y se dio apertura a la privatización de algunos servicios, como los de mataderos y plazas de mercado. En 1991 se reorganizó el Ministerio de Salud, se cambió la estructura orgánica y se dividió en dos subdirecciones lo concerniente al medio ambiente: la de Riesgos del Ambiente y la de Riesgos del Consumo (esta última dio origen al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos [Invima]).

Dentro de este marco organizacional, la generación de obras de infraestructura pasó al Ministerio de Desarrollo Económico en la Dirección de Agua Potable y Saneamiento Básico. Con la Ley 100 de 1993 se dio un cambio en la percepción de lo que era la prestación de servicios del Estado. Comenzó así un proceso de privatización de los servicios asistenciales de salud, generando el problema de los regímenes de aseguramiento, del régimen contributivo y del régimen subsidiado, con motivo de la promulgación de la Ley 100 y la aparición del Ministerio del Medio Ambiente (hoy denominado Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial) y el establecimiento del Sistema Nacional Ambiental (SINA, Ley 99 de 1993) (Hernández, 2002; Reyes et ál., 2004).

Esta ley dio vida jurídica al Invima, dividiéndose las funciones en materia de vigilancia y control de alimentos, lo cual aún se conserva; así, al Ministerio de Salud le corresponden la dirección, las políticas, la normatividad, los proyectos, programas y asesoría; y al Invima, ejercer las funciones relacionadas con la vigilancia y el control (parte operativa, en conjunto con las entidades territoriales) de los alimentos y medicamentos, ser cabeza y laboratorio nacional de referencia (en conjunto con los laboratorios del Instituto Nacional de Salud [INS]), realizar investigación y manejar el Sistema de Vigilancia de las Enfermedades Transmitidas por Alimentos (VETA) en conjunto con el Ministerio de Salud y el INS (Reyes et ál., 2004).

A finales de 2002, y mediante el Decreto 205, se fusionaron los ministerios de Salud y Trabajo y se originó el Ministerio de la Protección Social, donde no se aglutinaron las actividades de salud ambiental con ningún grupo o repartición especial dentro de la Dirección de Salud Pública. En 2012 se revirtió la fusión estableciendo nuevamente los dos ministerios. Como resultado de todas estas reestructuraciones, se cuenta en la actualidad con un sistema público desde el cual se ejercen funciones de SPV. Se destacan el INS (www.ins.gov.co/) y el Invima (web.invima. gov.co). El primero cuenta con la Subdirección de Vigilancia y Control en Salud Pública, que incluye el Grupo de Vigilancia y Control de Enfermedades Transmisibles (GVCET), el cual trabaja temas como la rabia y las enfermedades transmitidas por vectores, y el Grupo de Vigilancia de Factores de Riesgo Ambiental (GVFRA), el cual se ocupa de temas que involucran la salud ambiental y el saneamiento básico y su relación con la presentación de enfermedades. El GVFRA cuenta con la Subdirección de Alimentos y Bebidas Alcohólicas, que involucra la inspección, vigilancia y control de alimentos de origen animal, además de garantizar la implementación de lineamientos de política como el Plan Nacional de Racionalización de Plantas de Beneficio.

La presente estructura enfrenta los retos de la interacción con el sector privado, el cual es muy dinámico por la firma de los tratados de libre comercio (TLC), los acuerdos bilaterales, las mayores presiones de los consumidores y la fuerza que los gremios y los servicios veterinarios privados ejercen. Es una estructura enfrentada a los nuevos problemas de un modelo de desarrollo orientado al mercado que se postula dentro de la política agropecuaria nacional. Sin embargo, la falta de recursos financieros y técnicos y la ausencia de un adecuado programa de renovación de personal impiden que la expectativa propuesta en los documentos, planes y normas, sea ejercida desde un Estado pequeño y normativo.