La alcaldización de la política

En efecto, los limitados resultados de adhesión social obtenidos en medio del renovado ciclo de protestas, incidieron en que la conclusión del VIII Congreso Nacional de Alcaldes (julio de 1986) fuera el diseño de un Plan de Acción Cívica destinado a controlar el proceso de transición política del último lustro de los ochenta y asegurar el triunfo plebiscitario y la proyección del régimen después de ese evento, tal como lo explicitó el entonces subsecretario del Ministerio del Interior, Alberto Cardemil:

En el segundo semestre de 1988 y en los años 1989 y 1990 están previstos hitos fundamentales en el proceso de evolución entre la etapa de transición y la de consolidación. Se decidirá la subsistencia del régimen mismo. Estarán en peligro la vida y la libertad nuestra y de nuestros hijos… El acceso al gobierno de un alianza demo-marxista no sería un cambio de gobierno por otro, sino la destrucción de la institucionalidad con tanto esfuerzo construida… debemos proyectar la tarea de este gobierno, en cuanto conductor del proceso fundacional del régimen, más allá de 1989.⁹¹

Ello suponía acentuar el papel de generador de apoyos al régimen de los municipios, para lo cual se establecieron tres etapas para el período político que advenía. El Plan de Acción Cívica suponía una Fase de Gestación de nueve meses (agosto de 1986-abril de 1987); una segunda Fase de Desarrollo de catorce meses (mayo de 1987-junio de 1988) y la Fase de Consolidación, también de catorce meses (julio de 1988-sept. de 1989), cuyo objetivo general era poner en evidencia la adhesión mayoritaria de la población al gobierno. En esa tarea, los alcaldes debían buscar los puntos de unión entre los grupos políticos proclives al régimen, mientras el Ministerio del Interior debía entregar a los jefes edilicios las facultades para formar sus equipos, adecuando su estructura interna a las exigencias del Plan. Era misión de los alcaldes buscar líderes entre los sectores que representaban una mayor cantidad de votos y de las actividades relevantes, es decir, los privados; igualmente deberían captar el apoyo de sectores no marxistas, pero opositores al gobierno, priorizándose por la juventud –especialmente universitaria, para entonces en manos de la oposición–, pero también la escolar, que sufragaría en 1989, y la clase media. Entre los pobladores, debía dinamizarse la orden de “alcaldes en terreno”, con programas sociales semanales, sosteniendo reuniones con dirigentes vecinales y recorriendo las calles de campamentos y poblaciones para “constatar” sus problemas y buscarles solución. Asimismo, se utilizarían mecanismos clientelares, tales como la entrega de viviendas, de modo que los alcaldes contaran con al menos el 15% de las viviendas para “favorecer a quienes adhieren al gobierno”, tal como años antes había demandado de la misma forma Lucía Hiriart para las socias de CEMA-Chile. Tales medidas proliferaron en la época previa al Plebiscito, bajo la gestión del ministro de la Vivienda Miguel Angel Poduje, como a la cabeza de los alcaldes, quienes pudieron asignar nuevos subsidios únicos familiares para las familias en extrema pobreza.⁹² Por otra parte, los alcaldes también deberían utilizar los CODECOS como expresiones y mecanismos de mayorías oficialistas, dando “especial importancia a ese estamento, creando las condiciones para que las organizaciones funcionales y culturales que la integran, tengan la orientación doctrinaria favorable al gobierno”, al tiempo que era su obligación detectar e identificar a los grupos políticos de su comuna, neutralizando a la oposición.⁹³

Aunque la oposición a la dictadura denunció el Plan de Acción Cívica como una estrategia oficialista para perpetuarse en el poder, con Pinochet a la cabeza, lo analizado en este apartado demuestra la coherencia de este Plan con la lógica política detrás del proceso de municipalización y la necesidad de alcanzar parte del consenso por abajo, de modo que la refundación pudiera sostenerse con éxito. La reaparición de sectores políticos opositores en los años ochenta dificultó este propósito, pues el régimen perdió el monopolio de la palabra y el control total de la sociedad. Ello, sin embargo, no significó el abandono de los objetivos centrales del gobierno militar, cual era despolitizar a la sociedad chilena a través de un proyecto refundacional que, en el ámbito político, significaba crear una nueva forma de entender la política, como participación ciudadana y reparto del poder. La municipalización resultó ser el meollo de ese proceso, razón por la cual el poder comunal y las alcaldías debían ser las protagonistas en la generación de apoyos políticos, creación de consenso y de redes clientelares. El Plebiscito de 1988 y la elección presidencial de 1989 debían expresar ese trabajo resocializador desarrollado durante dieciséis años.

Conclusiones

Uno de los legados del régimen militar –entre los muchos que dejó– fue la aparición de una derecha política estructurada tanto en partidos como en ideas. Si bien ese proceso comenzó antes, durante los años sesenta, fue la experiencia dictatorial la que le permitió terminar de articular un proyecto y un estilo político, de los que había carecido durante gran parte del siglo XX. Dicho proyecto se confunde con la refundación dictatorial, en tanto fueron los civiles creadores del programa económico-social y político quienes dieron vida a la derecha, identificada preponderantemente con la UDI y, en menor medida, pero de todos modos, con RN, como con sus seguidores: la derecha económica y mediática. En otras palabras, tanto las derechas como sus simpatizantes y partidarios se identifican con el régimen militar, reivindicando de aquel su “obra modernizadora”, es decir, el proyecto refundacional. Desde ese punto de vista, tanto las fuerzas armadas –salidas de la experiencia gubernativa– como sus aliados minimizan la faceta represiva que dicho régimen tuvo y aluden en muy poca proporción al ámbito político –salvo en materia de estabilidad–, el que aparentemente fue superado tras la derrota de la opción SÍ en el Plebiscito sucesorio de 1988. Aunque es sabido que la institucionalidad postdictatorial era la de la Constitución de 1980 con todos sus contrabalances de poder y sus limitaciones a la soberanía popular, no es esto lo que se rescata, sino lo económico-social, asegurando que el crecimiento económico de fin de siglo y el comienzo del nuevo no pueden ser sino producto de la “obra” del régimen. Es este consenso derechista-fuerzas armadas lo que este trabajo identifica como el elemento cohesionador del núcleo golpista y lo que le dio sentido a la dictadura. Tanto los civiles derechistas que promocionaron el golpe, pero en importante medida también las fuerzas armadas, buscaban en la ruptura institucional una oportunidad para transformar al país.

Desde el punto de vista de las fuerzas armadas, esa ambición se relacionaba con su lectura de la crisis política chilena, asociada a los escollos al desarrollo económico y los enormes bolsones de pobreza y marginalidad, germen de la supuesta “subversión”. Esta situación incidió en que la crisis chilena fuera de tipo ideológico y no un conflicto armado, como en el caso argentino o uruguayo, por lo que su solución necesariamente debía ser programática y abordar lo que era, a ojos militares, el nudo de la crisis política, cual era la conexión subdesarrollo-marginalidad-seducción marxista. Considerando esa particularidad es que se entiende que el caso chileno no podía remitirse a la pacificación vía represión exclusivamente, sino avanzar a una contraofensiva hegemónica, lo que hemos llamado una “guerra social”. Ella exigía no solo un programa totalizante, sino un proceso de resocialización de la sociedad chilena, especialmente de sus sectores populares.

La resocialización correspondía, en el caso chileno, a lo que en general se entiende en las dictaduras del Cono Sur como despolitización, la que no se agotaba con la extirpación violenta de los valores democráticos, la tradición partidaria y de organizaciones sociales politizadas, sino en la instalación en su reemplazo de un nuevo conjunto de ideas y creencias, de orden político y cultural, que impidieran en el futuro un resurgimiento de la democracia representativa y de las utopías revolucionarias. Esa resocialización asumió la forma del individualismo neoliberal –en lo que fueron bastante exitosos– y “participación despolitizada”. Fue en este ámbito donde las fuerzas armadas concibieron al municipio como el eje de la resocialización política. Era en la comuna –lo local– donde la nación podría reencontrarse, alejada de la guerrilla política, unida en torno a problemas e inquietudes comunes, alcanzándose la cohesión social tan ansiada y, supuestamente, rota por la influencia malsana de los partidos, la demagogia y el marxismo. En el municipio se distanciaba –aparentemente– a la población de los debates de orden nacional-programático, para concentrarlo en los conflictos del “día a día”, dinamizando el valor de la comunidad y de lo comunitario, como de lo asesor en lugar de lo decisorio: la democracia de “verdadera participación social”, de los CODECOS.

Sería la práctica de esa nueva forma de participación, sin decisión, donde se debía producir el cambio político conductual, donde las personas vivirían “día a día” el Estado Subsidiario, lidiando con una salud y una educación municipalizada, llenando la ficha CAS para conseguir ayuda social, inscribiéndose en el municipio para incorporarse al PEM o a otra forma de colocación; agrupándose en organizaciones comunitarias, sin libertad para elegir a sus dirigentes y enfocada en cuestiones ajenas a lo programático: centros de madres, clubes deportivos y culturales, centros de padres y apoderados y juntas de vecinos, constituirían el “espacio público”, mientras los verdaderos debates y decisiones se tomarían en las altas esferas. Sería una resocialización experiencial, distorsionando el sentido de la ciudadanía.

Con todo, esa resocialización por la experiencia era, al entender militar, insuficiente –al contrario de lo que creían los neoliberales–, requiriéndose un trabajo explícito de “adoctrinamiento” o “capacitación”, donde se entregaba el nuevo sistema de valores y principios a internalizar. Esa fue la tarea, durante gran parte del régimen militar, de la Secretaría General de Gobierno, su Dirección de Organizaciones Civiles (con las Secretarías de la Mujer, de la Juventud y de los Gremios) y la Dirección Nacional de Comunicación Social, DINACOS. Una vez diseñado el proyecto global, los municipios y el alcalde pasaron a constituirse en los agentes principales para continuar la labor de adoctrinamiento a través del liderazgo alcaldicio, la participación que diera a los CODECOS y las redes clientelares capaz de generar. Un “alcalde en terreno”, aparentemente preocupado de la población de su comuna y confundido con ella, “buena onda” –como dijeran algunos jóvenes de la comuna de Peñalolén refiriéndose a la alcaldesa María Angélica Cristi–,⁹⁴ constituiría la nueva forma política, sana, a-partidaria. Una ciudadanía viviendo concentrada en sus problemas locales y personales –por eso era a la vez comunitario e individualista– sería la mejor solución para la, una vez movilizada y politizada, sociedad chilena.

El proceso de municipalización, con el propósito político explícito de refundar la política chilena, con fuertes orientaciones corporativas, mezcladas con el individualismo neoliberal, confirma la interpretación de Augusto Varas acerca de la distancia de las fuerzas armadas, durante el siglo XX, respecto de la democracia liberal y sus escepticismos acerca del conflicto, el pluralismo y el debate. El diseño político municipal demuestra que el régimen militar acentuó esas tendencias antidemocráticas, alejando aún más a los militares de la sociedad civil y poniendo en evidencia líneas de continuidad con lo que había sido el pensamiento militar en el siglo XX.

Aunque ese proyecto municipal no pudo proyectarse tal cual a la postdictadura, desde nuestro punto de vista el impacto de la municipalización en la vida cotidiana de las personas asestó un golpe mortífero a la política, en su sentido proyectual y ciudadano. La municipalización y el neoliberalismo remitieron la vida ciudadana al “día a día”, perdiendo la perspectiva global. Si bien los partidos recuperaron protagonismo y representatividad en los años ochenta, tal vez ello fue solo coyuntural, pues la ruptura con la base social ya había sido lograda, espacio dejado por la nueva institucionalidad a los alcaldes y el poder clientelar del municipio.

³ Pilar Vergara, Las políticas hacia la extrema pobreza, 1973-1989, Santiago, FLACSO, 1989.

⁴ Jorge Chateau, “Regionalización y geopolítica. Algunas reflexiones”, Santiago, FLACSO, D.T. No.75/78, 1978; Eduardo Morales, “Políticas públicas y ámbito local. La experiencia chilena” y Hernán Pozo, “La participación en la gestión local para el régimen actual chileno”, en Jordi Borja, Descentralización, movimiento y gestión local, Santiago, FLACSO/CLACSO-ICI, 1987; Hernán Pozo “La situación actual del municipio y el problema de la municipalización”, Santiago, Flacso, Contribuciones No.7, 1987; Bernarda Gallardo, “De la municipalidad, el autoritarismo y la democracia. Una reflexión”, Santiago, FLACSO, D.T.No.423, 1989.

⁵ José Weinstein, Los jóvenes pobladores y el Estado, Santiago, CIDE, 1991.

⁶ Verónica Valdivia et al. Su revolución contra nuestra revolución, vols. I y II, Santiago, Lom, 2006 y 2008. En vol. I, cap. II y Conclusiones; en vol. II, cap.IV; Carlos Huneeus, El régimen de Pinochet, Santiago, Editorial Sudamericana, 2000, cap. VII; Rodrigo Baño, Lo social y lo político. Un dilema fundamental del movimiento popular, Santiago, FLACSO, 1985; Dagmar Raczinsky y Claudia Serrano, “Administración y gestión local: la experiencia de algunos municipios en Santiago”, Colección Estudios Cieplán, No.22, Santiago, 1987.

⁷ Verónica Valdivia O. de Z. “Al rescate del municipio. La síntesis ideológica de la dictadura pinochetista”, Observatorio Latinoamericano, Dossier Chile, No.8, agosto 2011.

⁸ Esta tesis ha sido planteada, entre otros, por Pilar Vergara, Auge y caída del neoliberalismo en Chile, Santiago, FLACSO, 1985; Tomás Moulian, Chile actual. Anatomía de un mito, Santiago, Lom, 1997. Compartimos que la mayoría de los civiles de derecha que apoyaron el golpe provenían de tendencias políticas antiliberales, corporativas, capitalistas, y que deseaban utilizar el golpe para desmantelar la institucionalidad liberal existente. Véase Verónica Valdivia O. de Z. et al., Su revolución contra nuestra revolución, op. cit., Vol I, cap. 1 y 2; Renato Cristi y Carlos Ruiz, El pensamiento conservador en Chile, Santiago, Editorial Universitaria, 1992, cap. V; Verónica Valdivia O. de Z. Nacionales y gremialistas. El ‘parto’ de la nueva derecha política chilena (1964-1973), Santiago, Lom, 2008.

⁹ Ha habido un amplio debate acerca del sentido de las rebeliones militares de los años sesenta, las que en general han sido interpretadas como prueba de la falsedad del carácter democrático y constitucionalista de las fuerzas armadas chilenas y anticipos del golpe. Augusto Varas, Fernando Bustamante y Felipe Agüero, Chile, democracia, fuerzas armadas, Santiago, FLACSO, 1980.

¹⁰ Ibid.; Verónica Valdivia O. de Z. El golpe después del golpe. Leigh vs. Pinochet (1960-1980), Santiago, Lom, 2003.

¹¹ Ambas figuras son representativas de estas dos tendencias. Bajo la autorización del general Leigh, en la Fuerza Aérea se torturó y se violaron los derechos humanos; mientras, según se sabe, el general Bonilla se opuso a la DINA y a sus prácticas contrainsurgentes. Ambos, sin embargo, eran desarrollistas y defendieron dentro del régimen una opción social de desarrollo. En otras palabras, esta cuestión estaba presente en gran parte de la oficialidad.

¹² Citado por Genaro Arriagada y Manuel A. Garretón, “América Latina a la hora de la seguridad nacional”, en Genaro Arriagada et al. Las fuerzas armadas en la sociedad civil (Alemania, USA, URSS y América Latina), Santiago, Cisec, 1978, pp.160-161.

¹³ Jorge Chateau, op.cit., Augusto Pinochet, Geopolítica, Santiago, Ed. Andrés Bello, 1974; Genaro Arriagada, El pensamiento político de los militares, Santiago, Cesoc, 1981, p.124.

¹⁴ Qué Pasa, 5 de dic. de 1974, p.32.

¹⁵ Editorial Gabriela Mistral, 1974.

¹⁶ Bando No.5 del 11 de septiembre de 1973, en Manuel A. Garretón, Por la fuerza, sin la razón. Textos y bandos de la Junta Militar, Santiago, Lom, 1998. Véase también el Memorándum del 4 de julio de 1973, en Mónica González, La conjura. Los mil y un día del golpe, Madrid, Ediciones B, 2000. Entre las acusaciones del general Leigh contra la UP estaba la infiltración política en las fuerzas armadas y carabineros, como la “creación de un ejército paralelo, a fin de destruir los cuerpos armados legales…internación masiva e ilegal de armas”, en “Ecos de un proceder”, Revista de la Fuerza Aérea, No.129, sep.-dic. 1973, p.5.

¹⁷ Arturo Valenzuela y Pamela Constable, A nation of enemies. Chile under Pinochet, New York/London, W.W. Norton & Company, 1991; Verónica Valdivia O. de Z. “’¡Estamos en guerra, señores! El régimen militar de Pinochet y el ‘pueblo’, 1973-1980”, Historia, No.43, Vol. I, enero-junio 2010, pp.163-201.

¹⁸ Marcos Novaro y Vicente Palermo, Historia argentina. La dictadura, 1976-1983, Buenos Aires, Paidós, 2003; Paula Canelo, El Proceso en su laberinto. La interna militar. De Videla a Bignone, Buenos Aires, Prometeo, 2008; Gabriela Aguila, op. cit.

¹⁹ Tomás Moulian, op. cit.

²⁰ Recuérdese la respuesta del coronel Efraín Jaña, Comandante del Regimiento de Talca, al general Arellano Stark ante el Estado de Guerra: “¿De qué guerra me habla, general?”. Igualmente, las advertencias del general Lagos a Pinochet por los asesinatos de la Caravana de la Muerte.

²¹ Al respecto es interesante el Informe confeccionado por el Comité de Cooperación para la Paz en Chile en junio de 1974 respecto a la violencia militar, especialmente en su primera etapa, véase Eugenio Ahumada et al., Chile, la memoria prohibida, Santiago, Editorial Pehuén, 1989, vol.II, pp. 39-45/63.

²² Jorge Magasich, Los que dijeron ¡No! Historia del movimiento de los marinos antigolpistas de 1973, Santiago, Lom, 2008, 2 volúmenes; Hernán Millas, La familia militar, Santiago, Planeta, 1999; Patricia Lutz, Años de viento sucio, Santiago, Planeta, 1999.

²³ Revísese el trabajo de Arturo Valenzuela, donde explica el sistema de ascensos de la oficialidad dentro del ejército y la carrera profesional durante la dictadura, “Los militares en el poder: hacia el poder unipersonal”, en Paul Drake e Iván Jaksic, El difícil camino a la democracia en Chile, Santiago, FLACSO, 1993. Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Santiago, Ministerio Secretaría General de Gobierno, 1991, 3 volúmenes; Informe de la Comisión de Prisión Política y Tortura, Santiago, 2004.

²⁴ Eduardo Duhalde, El Estado terrorista argentino. Quince años después, una mirada crítica, Buenos Aires, Eudeba, 1999; Prudencio García, El drama de la autonomía militar. Argentina bajo las juntas militares, Madrid, Alianza, 1995.

²⁵ Utilizamos la expresión “justificación” como argumento usado por las fuerzas armadas golpistas. La tortura, desaparición, violación y asesinato de personas no tiene justificación.

²⁶ Es importante retener que, en el caso de la Caravana de la Muerte, está probado que el general Pinochet participó como autor intelectual; asimismo, en el caso del dirigente comunista Víctor Díaz, el general Pinochet asistió personalmente a su interrogatorio, según el testimonio del ex funcionario de la DINA Cristopher Willikie.

²⁷ El ex Comandante en Jefe del Ejército, general Juan Emilio Cheyre, agradecía al general Pinochet de haberlo “salvado” de involucrarse en la represión, destinándolo a funciones de otro tipo, profesionales o civiles. Consúltese la entrevista con Patricia Arancibia Clavel en ARTV Cita con la historia, 2009.

²⁸ Genaro Arriagada, op. cit.

²⁹ Aldo Marchessi, El Uruguay inventado, Montevideo, Trilce, 2000; Isabela Cosse y Vania Markarian, 1975. El año de la orientalidad, Montevideo, Trilce, 1996.

³⁰ Estas ideas las hemos desarrollado en Verónica Valdivia, “¡Estamos en guerra, señores”, op. cit.

³¹ José Joaquín Brunner La cultura autoritaria, Santiago, FLACSO, 1981 y, del mismo autor “Cultura y crisis de hegemonía”, Santiago, FLACSO, D.T. No.197, 1983; Tomás Moulian, “Dictaduras hegemonizantes y alternativas populares”, Santiago, FLACSO, M.D. No.22, 1981.

³² 1974. Primer año de la reconstrucción nacional, Santiago, Editora Nacional Gabriela Mistral, 1974.

³³ Joseph Gelonch S. “Jóvenes y fascismo en Italia. La socialización de la juventud durante el ventenio fascista (1922-1943)”, en Joseph Geloch et al. Jóvenes y dictaduras de entreguerras. Propaganda, doctrina y encuadramiento: Italia, Alemania, Japón, Portugal y España, Lleida, España, Editorial Milenio, 2007, pp. 20-21.

³⁴ “Estatuto del gobierno y administración interiores del Estado” en 1974, op. cit., p.253.

³⁵ Qué Pasa, 4 de enero de 1974, p.8.

³⁶ “Estatuto del gobierno y administración interiores del Estado”, op. cit., p.253.

³⁷ Ibid.

³⁸ Este tema está más desarrollado en Verónica Valdivia, “Al rescate del municipio”, op. cit.

³⁹ “Líneas de acción de la Junta de Gobierno”, en 1974, op. cit., p. 90 y 101.

⁴⁰ “A seis meses de la Liberación Nacional”, discurso del general Augusto Pinochet el 11 de marzo de 1974, 1974, op. cit., p. 126.

⁴¹ Coronel Juan Barrientos V. “Reflexiones sobre la regionalización”, Memorial del Ejército de Chile, No.384, mayo-agosto de 1975, p. 7.

⁴² ODEPLAN/Instituto de Economía de la Universidad Católica, Mapa de la extrema pobreza, Santiago, 1975. Es importante tener claro que esta era la manera en que ellos entendían el problema de la pobreza, sin que necesariamente esa fuera la realidad y el porcentaje real de pobres, en un momento en que los niveles de cesantía ya llegaban al 10% y seguirían creciendo, como veremos en el capítulo II.

⁴³ Ministerio del Interior, “Las organizaciones comunitarias y la restauración nacional”, Santiago, 1974.

⁴⁴ Ambas citas en “Líneas de acción”, en 1974, op. cit., p. 91.

⁴⁵ Declaración de Principios de la Junta de Gobierno de Chile, Santiago, Editora Gabriela Mistral, 1974, pp.28-29.

⁴⁶ Ambas citas en La Tercera, 27 de nov. de 1975, p.13; véanse también los días 24-26 del mismo mes.

⁴⁷ La Tercera, 28 de noviembre de 1975, p.2.

⁴⁸ Pozo (1981 y 1987), op. cit; Morales, op. cit.

⁴⁹ Pilar Vergara, Auge y caída, op. cit.; Tomás Moulian, op. cit.

⁵⁰ Mario Góngora, Ensayo sobre la noción de Estado en Chile en los siglos XIX y XX, Santiago, Editorial Universitaria, 1986?

⁵¹ Arturo Fontaine Aldunate, Los economistas y el presidente Pinochet, Santiago, Zigzag, 1988; Eduardo Silva, “Del neoliberal radical al neoliberalismo pragmático”, en Paul Drake e Iván Jaksic, op. cit.; Pilar Vergara, Auge y caída, op. cit.,; Verónica Valdivia, El golpe después del golpe, op. cit., cap.III.

⁵² Eduardo Silva, “Del neoliberalismo radical al neoliberalismo pragmático”, en Drake y Jaksic, op. cit.

⁵³ ODEPLAN, Plan nacional de desarrollo (1978-1983), Santiago, 1983. En este plan se establecía la relación entre la regionalización, el neoliberalismo y la estrategia primario-exportadora, haciendo de las regiones agrícolas los potenciales polos de desarrollo.

⁵⁴ Esta parte está basada en Pilar Vergara, Auge y caída, op. cit., II y III Parte.

⁵⁵ Joaquín Lavín, La revolución silenciosa, Santiago, ZigZag, 1988.

⁵⁶ Pilar Vergara, Políticas hacia la extrema pobreza, op. cit., pp. 52-56.

⁵⁷ La Secretaría General de la Presidencia, en cambio, ha recibido más atención, precisamente por la presencia de los militares, originalmente en el COAJ. Huneeus, op. cit.; Varas en Drake, op.cit.

⁵⁸ Carlos Huneeus, op. cit., p. 355; Verónica Valdivia O. de Z. “¡Estamos en guerra, señores!”, op.cit., pp. 181 y ss., de la misma autora “Construction du pouvoir: le régime militaire d’Augusto Pinochet”, Vingtieme Siecle, No.105 janvier-mars 2010.

⁵⁹ Ministerio del Interior, Actas del Primer Congreso Nacional de Alcaldes (en adelante CNA), 12 al 15 de abril de 1978, p.76.

⁶⁰ Ambas citas en Ibid., p.77. El énfasis es nuestro para destacar la importancia de la comunicación para el gobierno y su concepción de participación.

⁶¹ Ambas citas en Ibid., p.91 y 83, respectivamente. El énfasis es nuestro, con el mismo propósito anterior.

⁶² Ibid., “Informe de la Comisión No.4: Rol social del municipio”, p.262. Se consideraba en esto la educación de adultos, la recreación a cargo de DIGEDER, la formación en oficios, la política del gobierno, los documentos referidos a la nueva institucionalidad, etc.

⁶³ Ministerio del Interior, Actas del 2º. CNA, 12-14 de marzo de 1980, p.36. El énfasis es nuestro.

⁶⁴ Ministerio del Interior, Actas del 4º. CNA, 26 de abril – 7 de mayo de 1982, p. 235. El general Bravo era Ministro SGG.

⁶⁵ Ministerio del Interior, Actas del 5º. CNA, 25-29 de abril de 1983, pp. 73-74.

⁶⁶ Ibid., p. 74.

⁶⁷ Ibid., p. 77.

⁶⁸ Esta parte está basada en Verónica Valdivia O. de Z. “Mujeres y jóvenes: ¿el corazón del pinochetismo?” HAHR, No.93 (en proceso de edición); y “¡Estamos en guerra!”, op. cit.

⁶⁹ En 1985 se creó la Subsecretaría de Desarrollo Regional, SUBDERE, cuya función sería la de coordinar, impulsar y desplegar el desarrollo regional. Desde entonces, esta repartición es la encargada del financiamiento y de todos los proyectos referidos a los municipios. Al parecer, la SUBDERE reemplazó a la SGG en esa tarea.

⁷⁰ Ministerio del Interior, Acta del 1er. CNA, 1978, p. 30.

⁷¹ Ibid., p.32.

⁷² La primera cita en Ibid. La segunda, en Acta del 2º. CNA, 1980, pp. 22-23 y corresponde a Sergio Fernández.

⁷³ Ministerio del Interior, Acta del 4º. CNA, 26 de abril-7 de mayo de 1982, p.24.

⁷⁴ General René Vidal Basaure, en Acta del 1er. CNA, 1978, p. 71.

⁷⁵ Ministerio del Interior, Acta del 2º. CNA, 1980, pp. 19-20.

⁷⁶ Ministerio del Interior, Acta del 1er. CNA, op. cit., 1978, p. 20.

⁷⁷ Ibid., p.63.

⁷⁸ Ministerio del Interior, 4º. CNA, op. cit., 1982, p.86; también en 2º. CNA, 1980, pp.19-20, 83, 85-86.

⁷⁹ Ibid., 6º. CNA, 22-25 de octubre de 1984, p. 9.

⁸⁰ Ministerio del Interior, Acta del 2º. CNA, 1980, p. 43.

⁸¹ Ministerio del Interior, Acta del 4º.CNA, 1982; 5º. CNA, 1983, pp.173-174; 177, 183, 201-202.

⁸² Ministro Enrique Montero Marx, 5º. CNA, 1983, pp. 31-34.

⁸³ Ministerio del Interior, 6º. CNA, 1984, p.10.

⁸⁴ Ibid., p. 10.

⁸⁵ Ibid.

⁸⁶ El Cabildo de Santiago (revista del municipio de Santiago), marzo y mayo de 1986, p.13 y p.4, respec-tivamente; también enero de 1987, pp. 6-7.

⁸⁷ Ibid., dic., julio y junio de 1986; agosto de 1987, p. 3.

⁸⁸ Véanse las denuncias acerca de la “invitación a participar” hecha por algunas revistas de la oposición democrática, Cauce, No.33, 30 de julio de 1985, p. 4.

⁸⁹ Cauce, 2 de enero de 1989, p.33; Eugenio Tironi, Los silencios de la revolución, Santiago, Editorial Puerta Abierta, 1988.

⁹⁰ Colectivo José Domingo Cañas, Tortura en las poblaciones del Gran Santiago 1973-1990, Santiago, 2005.

⁹¹ Cauce, 7 de abril de 1987, p.10. Ver capítulo IV de este libro.

⁹² Ibid., y 15 de enero de 1988, pp. 14-17. Sobre la entrega de casas y su aceleración en la época del plebiscito, véase también Cosas, 23 de junio de 1988 y la revista municipal San Joaquín, septiembre de 1988, bajo la alcaldía del UDI, Jaime Orpis. Sobre la estrategia de “alcaldes en terreno”, El puentealtino, junio de 1989, p.1.

⁹³ Cauce, 6 de julio de 1987, p17. Aunque efectivamente los CODECOS eran oficialistas, en muchas de las comunas ganó la opción NO en el plebiscito, demostrando la falta de representatividad real y la distancia con la sociedad, como ocurrió, por ejemplo, en el caso de la comuna de La Florida, donde el NO obtuvo un 62%, mientras los integrantes del CODECO participaron de la opción SI. Ver Cauce, 31 de octubre de 1988, p.21.

⁹⁴ José Weinstein, op. cit., p. 132.