La cultura como trinchera

Y es que, como señalan los referidos autores:

La ausencia de estudios, fuentes estadísticas normalizadas y en general de mecanismos y sistemas de evaluación de las políticas culturales hace que el debate social se limite a la discusión sobre actuaciones muy concretas o se dirima en el especio de los discursos grandilocuentes y de fácil consenso pero hueros de actuaciones, compromisos y verificaciones (p. 269).

Con todo, y como veremos, sí que parece haber existido cierto planeamiento estratégico alrededor de los grandes eventos en la ciudad de Valencia, como se desprende de la documentación producida por el Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia (CEyD), pues se recogen planeamientos que se remontan a finales de los años noventa y llegan hasta la actualidad.⁵

Como ha puesto de manifiesto Rausell (2007b), entre 2000 y 2005 crece el empleo en el sector cultural en el País Valenciano, con un total de 45.000 empleados en 2005, lo que suponía el 2,3% del total de empleo y un 2,59% del PIB regional total, en consonancia con lo que pasaba en España. En cuanto al número de empresas, el perfil dinámico del período también se ajusta al caso español, aunque con un crecimiento ligeramente más moderado. En cuanto al consumo, la posición de los consumidores valencianos, que en 2000 se situaba en niveles similares a la media española, en 2005 lo hacía en un 20% por encima de ella. Si atendemos a la diferencia del modelo de consumo de los valencianos, éstos muestran unos gastos menores por hogar en libros, revistas periódicas y cine. Sí que muestran niveles de gasto superiores a la media los sectores de artes escénicas, música y artes plásticas, así como moderadamente superior en el ámbito de equipamientos para el consumo o la práctica cultural.

En cuanto a los sectores culturales, por lo que respecta a las artes escénicas se aprecia una oferta teatral más o menos correspondiente a la dimensión poblacional, de manera que en el periodo señalado el número de representaciones teatrales supone aproximadamente el 10% del total, así como también el número de espectadores. En cuanto a las infraestructuras, se sitúan ligeramente por debajo de la media española. Y en cuanto a la oferta de compañías de teatro en el País Valenciano, se sitúa por debajo de lo que correspondería a su dimensión poblacional. Destaca la nula presencia de compañías nuevas, lo que parece evidenciar un mercado muy rígido y que impone importantes barreras de entrada.

En cuanto a las industrias culturales valencianas, destacan por el raquitismo de la industria editorial, por ser un sector atomizado y de pequeñas empresas. El sector audiovisual muestra un comportamiento similar, con apenas seis productoras de cine con actividad regular en el periodo señalado. En conjunto el sector audiovisual valenciano supone apenas el 2% de la facturación nacional con una creciente pérdida de importancia relativa en los últimos años. De hecho, los efectos sobre la estructura del sector audiovisual de la Ciudad de la Luz de Alicante no son del todo evidentes. Por si ello fuera poco, a resultas de los recortes de gasto público derivados de la crisis económica de 2008, en 2011 el Ayuntamiento de Valencia eliminó la Mostra de Cinema de la ciudad.

En lo referente a patrimonio, museos y artes plásticas, el País Valenciano cuenta, a fecha de 2005, con el 6,6% de los bienes muebles protegidos (BIC) y el 6,7% de los inmuebles del total en España. Al mismo tiempo contiene el 12,7% del número de muesos, con cierta especialización en la tipología de museos arqueológicos y de ciencias naturales o de historia natural.

En cuanto al patrimonio, en términos genéricos, y dada la elevada dependencia de las políticas públicas, se advierte que en el País Valenciano las partidas destinadas a patrimonio artístico son sensiblemente menores en términos proporcionales a las del resto de las comunidades autónomas, que dedican más del doble que la Generalitat Valenciana (un 19,2% del presupuesto total de cultura en el periodo 2002-2005, frente al 34% de los recursos en el conjunto de comunidades autónomas en el año 2000). En cuanto a las artes plásticas, en términos de artistas, la cifra valenciana se acerca a su representación poblacional, mientras que el número de centros de arte queda reducido al 5,5% del total de España.

El gasto público en cultura y política cultural, referido al periodo 2000-2005, destaca por el hecho de que el sector público, tanto como actor propio en la producción, provisión y programación de cultura como regulador de la actividad cultural es, sin duda, un agente relevante en la articulación y funcionamiento de los sectores culturales. En el caso valenciano destaca el mayor protagonismo relativo de las administraciones locales, que asumen casi las tres cuartas partes de la financiación, mientras que en el conjunto de España estos niveles sólo llegan a los dos tercios.

Con todo, señala Rausell (2007b), los efectos del gasto de las distintas administraciones tiene efectos muy distintos sobre la articulación de los sectores culturales, ya que las intervenciones de los entes locales constituyen pequeñas intervenciones de muchos municipios y centradas casi exclusivamente en el ámbito de la programación y distribución de bienes y servicios culturales o en la preservación del patrimonio cultural. Por el contrario, las intervenciones de la administración autonómica tienen efectos sobre la capacidad de creación y producción de los sectores culturales.

En este contexto, y especialmente desde mediados de los años noventa, la política cultural valenciana se engarza con una estrategia deliberada de grandes inversiones promovidas por diversos agentes institucionales, pero especialmente liderados por la Generalitat Valenciana, con sus grandes infraestructuras en Valencia, Castellón o Alicante. Además, todas estas propuestas se hicieron sin ningún estudio previo de viabilidad o planificación, si bien concentraron grandes inversiones públicas. Según cálculos del Instituto de Estudios Económicos de Madrid, en 2003 las inversiones públicas en esta estrategia superarían los 1.500 millones de euros en 2005, si bien, y pese a la opacidad informativa que impregnan todos estos procesos, hay evidencias de que las cifras podrían ser considerablemente mayores. En el Informe referido se cifraban, en miles de euros: 147.000 euros en la Ciudad de la Luz, 428.000 euros en Terra Mítica, 842.000 en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, 18.000 en el Circuito del Motor de Cheste, 62.000 en la Fundación Ciudad de las Artes Escénicas (ubicada en los terrenos de los antiguos Altos Hornos de Sagunt), y 72.000 en Castelló Cultural.

En el ámbito de los eventos Valencia se postula claramente como sede de eventos deportivos y culturales, al tiempo que desarrolla sus propias propuestas en proyectos originales como Valencia Tercer Milenio (la Fundación Valencia Tercer Milenio funcionó entre 1995 y 2005), o la Bienal de las Artes de Valencia (2001, 2003, 2005, 2007). También cabe destacar una masiva presencia de proyectos financiados por le Generalitat Valenciana en el marco de las artes plásticas o el entorno internacional, especialmente en América Latina y a través del instrumento institucional del Consorcio de Museos. En el marco de las artes escénicas se producen, como indica Rausell (2007b), proyectos desmesurados, dirigidos y animados por un peculiar star system, como fue el caso de Irene Papas, con la producción Las troyanas, o Bigas Luna con Las comedias bárbaras. Asimismo, en este periodo se muestran los mayores excesos en la orientación de los recursos públicos hacia megaeventos o hiperequipamientos que necesariamente debían ser los más grandes de Europa. De este modo, el País Valenciano se convierte, según datos recientes (2012), en la segunda comunidad autónoma más endeudada de España, en relación a su PIB.⁶

Pero al mismo tiempo se observa cómo a partir de 2003, cuando Valencia es designada como sede de la Copa del América, en el ámbito de las artes plásticas se reduce drásticamente la actividad interna y externa del Consorci de Museus, instrumento de despliegue de las actividades expositivas, y languidece la Bienal de Valencia. También se retrasa la Ciudad del Teatro de Sagunto, y se abandonan algunas de las propuestas más excéntricas. En el ámbito del patrimonio cultural se articulan una serie de fundaciones que incrementan, más si cabe, la opacidad del control de los recursos públicos y una gran parte de las inversiones se orientan hacia la preservación del patrimonio eclesiástico. Paralelamente, los eventos y festivales se suceden, destacando los del VEO (València Escena Oberta), Eclèctic, Off, L’Observatori y la programación de «Valencia Vive», preparada para acompañar la America’s Cup. A finales de 2006 se postula a Valencia como candidata a Capital Cultural Europea y en 2007 se firma un acuerdo para la celebración de la prueba de la Fórmula 1 en el circuito urbano del Puerto de Valencia, hecho que acontece a partir de 2008 de la mano de la firma de un convenio entre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia, por una parte, con el magnate Bernie Ecclestone, propietario de la Fórmula 1. Estos acontecimientos supusieron la apoteosis de la política cultural de grandes eventos, muy ligada a una glocalización de la ciudad bajo un modelo de cosmopolitismo neoliberal que pretendía «colocar» Valencia en el mapa de ciudades globales (Cucó, 2013).

En opinión de Rausell (2007b), la dinámica de los sectores culturales en el País Valenciano se encuentra enmarcada en una lógica nacional que concentra, por razones estructurales, la creación, producción y distribución culturales en Madrid y Barcelona. El País Valenciano, como espacio que contiene la tercera área metropolitana de España, se ubica en tercera posición pero aún a distancia de Madrid y Barcelona. El referido autor señala que desde el análisis de la configuración de los sectores culturales se puede afirmar que el País Valenciano no muestra ninguna especialización relativa destacable y resulta especialmente llamativo el especial raquitismo de las industrias culturales como el sector editorial y la industria audiovisual. Y todo ello en un entorno donde la retórica política sobredimensiona la importancia y dimensión de la cultura a partir de algunas iniciativas puntuales, de gran resonancia pública. Por ello Rausell (2007b) afirma que se puede calificar la política cultural valenciana de especulativa, es decir, arriesgada y de inciertos resultados, que se ha cubierto a partir de proyectos emblemáticos y aventurados a partir de cierta lógica ocurrencial y en procesos de prueba y error. Hacia 2007 algunos de estos proyectos se habían consolidado con éxito, al menos aparentemente, pero otros no resistían ya ningún análisis riguroso de eficiencia y eficacia. Los límites de esta estrategia «extensiva» se ubicaban en su propia sostenibilidad financiera, siendo fácil comprobar como una primera etapa muy expansiva acababa hipotecando la frontera de posibilidades del último periodo, desde 2000. Y así fue. Con el estallido de la crisis de 2008 y la subsiguiente crisis de la deuda pública de las administraciones valencianas, especialmente a partir de 2010, el modelo se vino abajo y reveló sus profundos agujeros y debilidades. La mayor parte de los grandes proyectos y eventos se evidenciaron ruinosos, y algunos eventos emblemáticos desaparecieron en poco tiempo (Fórmula 1, America’s Cup…), mientras que los barrios populares apenas experimentaron cambios positivos derivados de la política de la espectacularización (Torres y Hernàndez, 2013; Pilán y Ruiz, 2013), si bien la ciudad de Valencia comenzó a ser proyectada, incluso en los circuitos turísticos, bajo un prisma de ciudad vanguardista y futurista (Santamarina y Moncusí, 2013). Como se señalaba en la prensa,⁷ el modelo de Valencia tocaba fondo, la deuda pública se disparaba, los recortes se hacían muy duros y una de las primeras sacrificadas fue la inversión en cultura.

En general, si la planificación constituye un indicador relevante sobre la maduración de la percepción de la dimensión estratégica en las intervenciones en cultura, en el caso valenciano, resulta evidente que a pesar de los recursos destinados a la dimensión cultural, la «no-planificación» parece haberse convertido en el sello distintivo, al menos hasta 2002-2003, años a partir de los cuales el CEyD parece iniciar una tarea de planificación más sistemática, de modo que el grado de maduración de la política cultural se muestra muy poco avanzado. Y ello resulta así, por una parte debido a la escasa capacidad tecnocientífica de los responsables en política cultural, pero también debido a las características históricas del ciclo político valenciano, pues la mayor maduración del sector cultural exigía también una mayor profesionalización de las políticas culturales. Para Rausell (2007b), si en términos generales se puede hablar del fracaso en el objetivo de la democratización de la cultura (Ariño et al. 2006), en términos de eficacia comparativa, los indicios sobre los resultados nos indican el fracaso de la política cultural valenciana. Los indicadores están casi siempre por debajo de la media española y en muchos casos en posiciones similares a las regiones menos activas en su dimensión cultural como Extremadura, Murcia o Castilla-La Mancha. Y estos indicadores se muestran tanto en los niveles de frecuentación a eventos de alta cultura, como también en visitas a museos, usos y dotaciones de bibliotecas, visitas a elementos patrimoniales o en la realización de viajes motivados por razones culturales. Las ganancias se limitan a una mayor asistencia en el caso de la música clásica debido a la tradición bandística valenciana. También se apuntan los éxitos derivados de una mayor potenciación de la ciudad de Valencia y el incremento del número de turistas.⁸ Para Rausell (2007b), todo ello lleva a la conclusión de que el liderazgo del sector público en el ámbito de las políticas públicas culturales ilustra la descompensación evidente del desarrollo de la política cultural reciente. Así, junto a la incontinencia ocurrencial de la política cultural valenciana se ubica el manifiesto desinterés, por parte de los responsables, en tratar de averiguar cuáles son los efectos de sus intervenciones, cuales son las características de los sectores culturales sobre los que se interviene, cómo se articulan, qué relaciones establecen con las demandas, etc. Y esto ha sucedido así porque una parte importante de las políticas culturales en España no son propiamente política públicas en el sentido estricto de la palabra, ya que en el fondo no pretenden transformar la realidad sobre la que actúan, sino que se convierten en caros abalorios para vestir y decorar la acción política. O como demuestra el caso valenciano, la política cultural aparece casi siempre supeditada a los intereses políticos partidarios, de modo que no existe un verdadero interés por ella, a no ser que sirva instrumentalmente a propósitos de control político.

Por otra parte hay que tener muy en cuenta que la política cultural en el País Valenciano viene directa o indirectamente influida por el papel que ha tenido la cultura en el conflicto identitario valenciano, al que hemos hecho referencia, y que se desarrolló justamente en el período de la transición a la democracia, si bien se ha prolongado hasta la actualidad.⁹ Como indica Piqueras (1996: 41-42):

Así las cosas, la identidad valenciana se nos presenta como un fenómeno escurridizo, complejo y con multitud de aristas y vértices no todos ellos precisamente reconciliables. Una identidad donde la indefinición parece haberse asentado, y un país donde la ambigüedad se diría que ha quedado incardinada en su devenir, impregnando tanto el carácter colectivo como el conjunto de la dinámica social valenciana.

Bajo estas coordenadas deben valorarse también las políticas culturales de los diferentes gobiernos autonómicos, en la medida que han representado a grupos y partidos políticos alineados a uno y otro lado en el conflicto identitario valenciano, que ha marcado definitivamente la historia reciente del País Valenciano y la propia manera de «ser valencianos» (Mira, 1997). Un conflicto básicamente articulado por la cultura, y más explícitamente, por el contenido que había que dar a la «cultura valenciana» o al «valencianismo cultural». En este sentido, el PSPV-PSOE se habría situado, aunque tibiamente, en el campo de la potenciación de una cultura valenciana más acorde con el universo intelectual nacionalista-progresista representado por la herencia cultural e ideológica del ensayista Joan Fuster (padre del moderno nacionalismo progresista valenciano, a partir de los años sesenta) y ello se habría plasmado singularmente en el campo simbólico y muy especialmente en el ámbito de la política lingüística (defensa de las tesis de la unidad de la lengua catalano-valenciana frente a las tesis del secesionismo lingüístico). Por el contrario el Partido Popular, que entre 1991 y 1995 compartió gobierno autonómico con Unió Valenciana (partido que encarnaba los ideales del anticatalanismo y antifusterianismo cultural y del regionalismo valenciano, contrario a la unidad de la lengua y partidario del secesionismo lingüístico –el valenciano como lengua independiente del catalán–) se habría situado en la otra orilla, la de la defensa de la españolidad de Valencia y de sus especificidades culturales locales o regionales, opuestas a las catalanas y con un especial énfasis en la defensa de los elementos más folklorizantes de la cultura. Con todo, estas diferencias de fondo parece ser que no habrían sido decisivas a la hora de optar por determinados modelos de políticas culturales que significaran una apuesta por la modernidad y por la globalidad, si bien el elemento de conflictividad identitaria se mantiene como un telón de fondo que no debe ser pasado por alto, en la medida que está siempre presente en los debates sobre la política cultural valenciana.

Dadas las circunstancias de creciente endeudamiento de la administración pública autonómica –a finales de 2013 la deuda pública de la Generalitat Valenciana ascendía a 29.643 millones de euros, que suponía el 29,8% del PIB regional, la más alta de España (El País, 13 de diciembre de 2013)– la Generalitat Valenciana procedió en 2012 a remodelar toda el área de Cultura, y lo hizo creando una entidad denominada Culturarts, todo ello en el marco del Decreto-ley 7/2012 de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector Público Empresarial y Fundacional de la Generalitat. Se trataba de crear un consorcio cultural que ahorrara dinero a las arcas públicas, que fusionaba organismos tan dispersos como los vinculados a la música, la restauración, las artes escénicas o el audiovisual, y que en principio suponía la extinción de la Fundación Palau de les Arts, el Proyecto Cultural Castellón S.A. y la Fundación La Llum de les Imatges. También se incorporaban al consorcio tres institutos: el de Cinematografía Muñoz Suay (IVAC), conocido como la Filmoteca; el de la Música (IVM) y el Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. El IVAM, que en principio parecía destinado a formar parte del consorcio, mantenía su identidad como entidad de derecho público. Quedaban excluidos los museos y el propio Consorcio de Museos. Teatres de la Generalitat también se incorporó a Culturarts, la nueva entidad instaurada sin ningún tipo de diálogo previo con los sectores afectados, que aglutinaba a todos los demás organismos. Todo ello provocó mucho malestar en los sectores afectados, especialmente en el ámbito de las artes escénicas, por las consecuencias que la reestructuración podía tener para los trabajadores del sector (despidos a través de diversos ERE) y la propia gestión de la política cultural valenciana, que podría implicar la progresiva desnaturalización de los distintos proyectos culturales ya consolidados.¹⁰

Pero mucho mayor impacto político, social, cultural e informativo tuvo el anuncio y posterior ejecución, por parte del Gobierno valenciano, del cierre de RTVV, que desde 1989 constituía el medio público por excelencia en valenciano, con la misión añadida de estimular y desarrollar el sector audiovisual propio. El 5 de noviembre de 2013 el Gobierno valenciano anunció en un comunicado su decisión de cerrar RTVV, siete horas después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana declarara nulo el expediente de regulación de empleo (ERE) que afectaba a un millar de empleados, al estimar que los gastos de la readmisión lo hacían «inviable». Un día después el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que ostentaba el cargo al haber dimitido Francisco Camps en verano de 2011 debido al escándalo Gürtel, comparecía ante los medios de comunicación para afirmar que el cierre era «innegociable», con el argumento de que no iba cerrar colegios u hospitales por mantener la radiotelevisión pública. Y ello pese a que los trabajadores aseguraban que la empresa era viable. Como respuesta estos pidieron negociar y se hicieron cargo de una programación especial en la que reivindicaban su continuidad, admitían errores del pasado, especialmente la manipulación informativa por parte del Gobierno valenciano, y recababan apoyos con el lema «RTVV no es tanca» («RTVV no se cierra»). Acto seguido dimitió la directora de RTVV, Rosa Vidal, alegando por falta de confianza en el Consell y también lo hicieron los otros cuatro miembros del Consejo de administración propuestos por el PP, con lo que ese órgano quedaba en manos de los cuatro consejeros de la oposición.

El 7 de noviembre el Gobierno valenciano, reunido de urgencia, modificó por decreto la ley de RTVV para poder nombrar, sin esperar a su elección parlamentaria, al nuevo director general –Ernesto Moreno, a la sazón director de Culturarts– y a cuatro nuevos consejeros, con el fin de hacer frente a la «ingobernabilidad» en la empresa. Un día más tarde el RTVV presentó en las Cortes Valencianas una proposición de ley para la disolución y liquidación de RTVV. Sin embargo el 9 noviembre miles de ciudadanos salieron a la calle en diversas ciudades valencianas, convocados por el comité de empresa de RTVV, para reclamar que no se cerrara RTVV, contando con el apoyo de cientos de entidades, sindicatos y partidos políticos. Pese al clamor popular, que también se evidenció en las redes sociales, el 12 noviembre la Mesa de les Corts tramitó, solo con los votos del PP, la proposición de ley para liquidar RTVV y pone en marcha el proceso para la elección del director general y los cuatro consejeros. El 15 noviembre el Consell aprobó el criterio favorable a la proposición de ley para liquidar RTVV. Seis días después, el 21 noviembre, el pleno de las Cortes Valencianas eligió en segunda vuelta, gracias a los votos del PP, a Ernesto Moreno, como director general de RTVV y a los cuatro consejeros nombrados por el partido del Gobierno.

Los acontecimientos se precipitaron y el 25 noviembre el comité de empresa entregó al Consell su propuesta para garantizar la viabilidad de RTVV durante dos años a un coste inferior al del cierre, mediante la reestructuración de la plantilla, sacrificios salariales y suspensiones temporales de empleo. Tan solo un día después el Gobierno valenciano rechazó la propuesta del comité de empresa. El 27 noviembre el pleno de las Cortes Valencianas aprobó, solo con los votos del PP, la ley de liquidación de RTVV, que la oposición ya anunciaba que llevaría a los tribunales. El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana publicaba en una edición vespertina la ley.

El 28 noviembre entró en vigor la ley de liquidación de RTVV. Mientras, el Gobierno valenciano se reunía de urgencia y nombraba a los liquidadores de RTVV. Una edición nocturna del DOCV dictaba el cese de las emisiones de RTVV por cualquier medio o canal de difusión. Poco antes de la medianoche, Ràdio Nou dejaba de emitir. El 29 noviembre, ya pasada la medianoche, el informativo de TVV, que seguía emitiendo autogestionadamente, informaba del corte de las emisiones radiofónicas y explicaba que la policía había rodeado las instalaciones de RTVV en Burjassot. Aunque hubo resistencia de los trabajadores, que emitían un programa en directo, con asistencia de los líderes de la oposición progresista, finalmente acudió la policía con una orden judicial y procedió al cierre de las emisiones de RTVV, que fue retransmitido en directo hacia el mediodía del 29 de noviembre. Rápidamente se convocó una multitudinaria manifestación en Valencia en contra del cierre, que tuvo sus réplicas a menor escala en otras ciudades valencianas, y en la cual se pedía la convocatoria de elecciones anticipadas. Las repercusiones del cierre de RTVV eran realmente graves, con especial incidencia en el sector audiovisual valenciano, así como en el sector de las artes escénicas, además de limitar enormemente a promoción y difusión del valenciano y de la cultura propia, que de esta manera desaparecía prácticamente de los medios de comunicación.

Unos días antes un informe del Consell Valencià de Cultura (CVC) hablaba de «una situación crítica de los sectores profesionales de la Cultura» y de un «descenso de la demanda cultural que está llevando al hecho cultural a una situación de difícil subsistencia» y de que «los recortes públicos en inversiones culturales, unidos al aumento del IVA, amenazan la capacidad de creación y de expresión, así como el uso y disfrute por parte de los ciudadanos». El estudio recogía que

el descenso de la renta de los ciudadanos, producido por la falta de empleo, sumado a la subida de los precios de los bienes y servicios culturales, junto con los recortes de presupuestos públicos y el aumento del IVA al 21%, son las causas de un descenso de la demanda cultural.

El informe, no obstante, hizo suyos datos ofrecidos por el Anuario de la SGAE, como que las artes escénicas sufren un «varapalo» con la caída de espectadores de cerca del 30% entre el 2008 y 2012 o como que la danza «se encuentra en trance de desaparición» con una caída del 43% de representaciones (Las Provincias, 21 de noviembre de 2013).

Con todo, el Gobierno valenciano ya estaba intentando, en paralelo, el recorte de personal y funciones de otras instituciones emblemáticas de la cultura valenciana, siempre amparándose en la necesidad de reducir el déficit de las arcas públicas autonómicas. Así, ya en octubre de 2013 el PP había rechazado las enmiendas a la totalidad presentadas por Compromís y EUPV –el PSPV había retirado la suya antes del debate– para pedir la devolución al Consell del proyecto de ley de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) con la que se pretendía reducir a la mitad –de 21 a 11– sus miembros y cambiar a sus académicos. Desde la oposición se había advertido de que se trataba de una modificación que podía resultar inconstitucional porque la actual ley prevé la «inamovilidad» de los académicos. Ante las críticas el conseller de Justicia y Gobernación, Serafín Castellano, había explicado que la sustitución de la ley de creación de la AVL –como la de las otras instituciones consultivas de la Generalitat– «nace como respuesta del Consell de adecuarlas a criterios de austeridad por la crisis» (El Mundo, 20 de octubre de 2013).

Pero el afán de recortes no se detenía, y a finales de ese mismo mes de noviembre de 2013 se debatían en comisión parlamentaria los proyectos de ley para reducir el número de miembros de la AVL, el Comité Económico y Social (CES), el Consell Jurídic Consultiu (CJC) y el CVC. (Levante-EMV, 26 noviembre 2013). Concretamente, y respecto a este último, el 26 de noviembre el Butlletí Oficial de la Comunitat Valenciana publicaba el Projecte de Llei de Reforma del CVC, y en él se indicaba que:

En la actual situación de prolongada crisis económica, cuando se está pidiendo a la ciudadanía que realice importantes sacrificios para lograr una significativa reducción del déficit público que permita a España afianzar su credibilidad en los mercados internacionales y retomar la senda del crecimiento y la creación de empleo, las administraciones públicas han de ser parte activa a la hora de alcanzar tales logros y deben contribuir, cada una en la medida de sus posibilidades, a la consecución de los objetivos marcados.

En realidad, tras todas estas medidas del Gobierno autonómico valenciano se ocultaban algunas importantes cuestiones de fondo, como la puesta en marcha de todo un proceso, a escala española, de recentralización estatal y de devolución de competencias autonómicas, también en materia cultural, ligado a la aplicación de la agenda política neoliberal de reducción y privatización del sector público, especialmente con la excusa del impacto de la crisis en el incremento de la deuda pública de las comunidades autónomas, especialmente en el caso del País Valenciano.

A todo ello debe añadirse que la antes mencionada crisis presupuestaria de la Generalitat Valenciana se ha llevado por delante los «sueños rotos de grandeza de la cultura valenciana» (El País, 8 de enero de 2014). Lo que ha supuesto la paralización del proyecto de la Ciudad de la Luz (del cine) en Alicante, el progresivo deterioro del Palau de les Arts (con amenaza de ERE incluida a sus empleados), el abandono de la Ciutat de les Arts Escèniques a construir en Sagunt, la reducción a la mitad del presupuesto de un cada vez más desprestigiado IVAM, la no implementación del plan de promoción de la lectura o las dificultades para llevar a cabo la ampliación del Museo San Pío V. Como ha señalado acertadamente algún autor (Castillo, 2013), esta situación de desmoronamiento no se puede entender sin considerar el hecho del despilfarro de recursos públicos que la Generalitat Valenciana ha cometido en los últimos veinte años, que podría ascender a una cifra aproximada, debido a las dificultades para obtener datos fiables dados el secretismo y ocultismo practicados por la administración autonómica, de 12.500 millones de euros (el presupuesto de la Generalitat Valenciana para 2013 era de 13.940 millones de euros). Unas cifras del despilfarro absolutamente inseparables, por otra parte, de los grandes casos de corrupción que han salpicado a las administraciones públicas valencianas (casos Gürtel, Brugal, Emarsa, Cooperación, Bankia, Nóos, Fabra, CAM…) (Castillo, 2013).