Chile 1984/1994

36 Una mirada general del debate puede encontrarse en Jorge Arrate, Eduardo Rojas. Memorias de la izquierda chilena. Tomo II. Ediciones B, Santiago 2003, pp. 284-295. Un exhaustivo trabajo sobre la renovación socialista del MAPU puede encontrarse en Moyano, Cristina, El MAPU durante la dictadura. Ed. Universidad Alberto Hurtado, Santiago, 2010, pp. 105-145.

37 Resulta interesante el análisis de Fermandois al respecto; la libertad de pensamiento y movimiento al que habían estado acostumbrados los referentes del socialismo y comunismo chileno, distaba mucho de la vida parca y vacua que se daba en Europa Oriental. Joaquín Fermandois, Mundo y fin de mundo… Op. cit., p. 473.

38 ibídem. p. 472-473.

39 Goicovic, Igor “La transición política en Chile. Especificidades nacionales y puntos de referencia con el caso español (1988-1994)“. En: Martín García, Oscar José y Ortiz Heras, Manuel (Coords.); Claves internacionales de la transición española. La Catarata, Madrid, 2010, pp. 297-298.

40 Schnake, Eric, Schnake: un socialista con historia. Memorias. Aguilar, Santiago, 2004, p. 225. Citado en, Igor Goicovic, “La transición política en chile. Especificidades nacionales… Op. cit., p. 301.

41 Luz García, Cristina, “Exportando la democracia: la implicación española en el plebiscito chileno de 1988“. Revista Historia Social y de las Mentalidades, Vol 19, N° 1, enero-junio 2015, pp. 63-83. Universidad de Santiago de Chile, p. 65.; Bastías, Manuel, Sociedad civil en dictadura… Op. Cit., pp. 228-237.

42 Fue la iglesia católica la encargada de suplir la falta de líderes en el sistema político que mediaran entre uno y otro sector, como ocurre en el caso español donde figuras como Juan Carlos I o el propio Adolfo Suárez jugaron un papel relevante como intermediarios políticos. Goicovic, Igor, “La transición política en chile… Op. cit., p. 306.

43 “La oposición chilena logra un amplio acuerdo político para recuperar la democracia“. El País, 27-09-1985.

44 En España, socialistas y comunistas crearon durante el franquismo, plataformas de acción movilización —Plataforma y Convergencia Democrática— las cuales lograron fusionar (Platajunta) la cual resultó vital para la negociación con el gobierno Suárez. En Chile, en tanto, esta convergencia se dio en la base, pero fue incapaz de cristalizar en un acuerdo a nivel de dirigentes como bien señala Alfredo Riquelme; Rojo Atardecer… Op. cit., p. 125.

45 Goicovic, Igor “La transición política en chile… Op. cit., p. 305.

46 El País. Ariel Dorfman, 04 de julio de 1986, p. 11.

47 El País “El grito de Chile“. Editorial, 04 de julio de 1986, p. 10.

48 Juliá, Santos, Transición. Historia de una policía española… Op. cit., p. 15.

49 Soto, Álvaro, Transición y cambio… Op. cit., p. 33.

50 Luz García, Cristina, “Exportando la democracia:...“ Op. cit., pp. 65-66. Aquí se reseña una columna de diario ABC que critica abiertamente la neutralidad de AP, sobre todo porque empataba la democracia con el autoritarismo, cuestión “trasnochada“ para España.

51 La portavoz socialista Rosa Conde, así como el vicepresidente Alfonso Guerra expresaron abiertamente sus deseos para que triunfase el No. Cristina Luz García, ibídem, p. 68.

52 Goicovic, Igor, “La transición política en chile… Op. cit., p. 307.

53 Con su detención, efectivamente, se desactiva el temor a algún retroceso autoritario. Soto Carmona, Álvaro, “La larga sombra del dictador“. Op. cit.

54 El País, “El No se proclama vencedor en Chile y pide al gobierno que no tergiverse los datos“. 06 de octubre de 1988.

55 Suárez, Adolfo, “Preámbulo“ del Informe La transición chilena hacia la democracia: el plebiscito presidencial de 1988. Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales, Washington 1989. Citado en, Cristina Luz García, “Exportando democracia…“ Op. cit., p. 78.

56 El País, “Y ya cayó“. 07 de octubre de 1988.

57 El País, “El gobierno español reforzará las relaciones cuando llegue la democracia“. 08 de octubre de 1988.

58 El País, “Transición a la democracia con Pinochet aún en el poder“. El País, 07 de octubre de1988.

59 El País, “Chile a las puertas de la democracia“. 14 de diciembre de 1989.

60 Huneeus, Carlos, El régimen de Pinochet, Op. cit., pp. 334-335.

61 Otano, Rafael, Crónicas de la transición, Op. cit., pp. 82-83

62 El País, “Patricio Aylwin, asume hoy la presidencia de Chile“. 11 de marzo de1990.

63 El País, “Ayuda española para Aylwin“. 12 de marzo de 1990.

64 Henríquez, María José, “Una historia cruzada…“ Op. Cit., p. 262.

65 El País, “Chile a las puertas de la democracia“. 14 de diciembre de 1989.

66 El País, “Aylwin sucederá a Pinochet al conseguir la mayoría absoluta“. 15 de diciembre 1989.

67 Los eventos de provocación y sorna fueron constantes y Aylwin debió manejar de manera combinada la crítica ácida con el silencio a objeto de sortear exitosamente cualquier atisbo de retroceso autoritario. Para una crónica ver, Otano, Rafael, Crónicas de la transición, Op. cit., pp. 148-160. Para la mirada desde España, El País, “Aylwin advierte a Pinochet por las críticas del ejército al gobierno de Chile“. 29 de mayo de 1990.

68 El País, “Ego sum Pinochet“. 15 de diciembre de 1989.

69 Martínez, Lillo Pedro A.; Rubio, Pablo, “Del neoliberalismo conservador al giro a la izquierda: el discurso político latinoamericano en la era global (1990-2010)“. En Martínez Lillo, Pedro A; Estefanía, Joaquín (coords.), América Latina: un nuevo contrato social. Marcial Pons, Madrid, 2016, pp. 59-60. También, Garreton, Manuel Antonio, Neoliberalismo corregido y progresismo limitado. Los gobiernos de la Concertación en Chile (1990-2010). Arcis-Clacso, Santiago de Chile, 2013, p. 102.

70 El País, “Asesinos sin nombre“. 06 de marzo de 1991.

71 El País, “Nunca más“. Editorial. 07 de marzo de 1991.

72 ibídem.

73 Juan Carlos I respaldó la “doctrina Aylwin“, al señalar que la investigación realizada por el gobierno chileno ayudaría a los chilenos a reconciliarse. El País, “Espaldarazo del Rey a la política de Derechos Humanos de Aylwin, criticada por Pinochet“. 09 de mayo de-1991. Citada en Henríquez, María José, “Una historia cruzada…“ Op. cit., p. 265.

74 El País, “Ego sum Pinochet“. 15 de diciembre de 1989.

75 Henríquez, María José, “Una historia cruzada…“ Op. cit.

Democracia y neoliberalismo sin Pinochet. Estados Unidos y su influencia en la transición chilena, 1984-19941

Pablo Rubio Apiolaza2

La influencia de los Estados Unidos en la política chilena desde el siglo XIX hasta la actualidad, ha sido objeto de importantes contribuciones historiográficas3. Sin perjuicio de ello, el surgimiento de nuevas fuentes y perspectivas de análisis en los últimos años, ha enriquecido el examen de los procesos históricos de ambos países, sus vinculaciones, redes y diálogos, complementando de esta forma un amplio panorama que la historia como disciplina debiera aportar a su profundización4.

En este sentido, el argumento que se quiere sostener en este capítulo es el siguiente. Durante las administraciones de los presidentes republicanos Ronald Reagan (1981-1989) y George H. W. Bush (1989-1993), el gobierno estadounidense implementó una estrategia que movilizó redes y recursos de influencias políticas, económicas y diplomáticas de distinta naturaleza, para presionar a la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), abandonar y quitar su respaldo, promoviendo así un cambio democrático en Chile. Las razones de los Estados Unidos para esta orientación de su política fueron de diversa naturaleza: asegurar la seguridad hemisférica y la estabilidad política interna de Chile, el temor a la acción revolucionaria de la izquierda radical chilena representada por Partido Comunista (PC) y sus fuerzas asociadas, y la necesidad de promocionar con mayor fuerza el modelo económico neoliberal, entre otras, todo esto en un marco de fines de la Guerra Fría y por una lógica de negociación entre los gobiernos de Estados Unidos y la Unión Soviética5.

A modo de precisión metodológica y antes de entrar en materia, se debe afirmar que la transición a la democracia en Chile, entre 1984 y 1994, como todo proceso de transformación compleja, fue concebido y protagonizado por múltiples actores políticos dentro de Chile, siendo en ningún caso una “intervención“ o “manipulación“ desde el exterior, sino que basado en una influencia sofisticada en este caso de los Estados Unidos hacia Chile6. Las miradas analíticas deben ser matizadas respecto a un fenómeno complejo y difícil de medir.

Para lograr los objetivos propuestos en este trabajo, se examinaron y analizaron documentos desclasificados de distintos organismos y agencias estatales estadounidenses, así como documentos personales y oficiales de embajadores y de la Embajada estadounidense en Santiago, además de bibliografía secundaria, para de esta manera comprender un proceso que se caracterizó en parte por la incertidumbre de sus resultados, pero también por el predominio de una estrategia concreta concebida por la administración estadounidense hacia Chile.

1. La administración Reagan y el cambio estratégico de los Estados Unidos hacia Chile, 1984-1987

Desde 1984 y a más de diez años de ocupar el poder, el régimen militar de Pinochet atravesaba una de sus crisis más profundas: La radicalización de las protestas sociales, la reaparición de los partidos políticos de oposición, el resurgimiento de la violencia política y una crisis económica y financiera que no se superaba del todo, fueron elementos que afectaron la estabilidad del propio gobierno y del país en su conjunto.

Hacia ese año, si bien el apoyo a Pinochet por parte del Presidente Ronald Reagan continuaba casi sin cuestionamientos —pues lo creía un leal amigo anticomunista dentro de la Guerra Fría— indudablemente las condiciones cambiaron. Sectores del propio gobierno de Pinochet comenzaron a intuir un cambio de estrategia de los Estados Unidos incluso a fines del año anterior7. Ante este escenario, gradualmente se suscitaron distintas posturas en altas autoridades del gobierno y en el Departamento de Estado respecto al caso chileno8. Como resultado de ese primer debate, se destacó la posición de Elliott Abrams, quien entre el 12 de diciembre de 1981 y el 17 de julio de 1985 se desempeñó como Secretario de Estado adjunto para los Derechos Humanos y Asuntos Humanitarios9.

De acuerdo a la posición de Abrams, la política “amistosa“ —en el marco de la denominada “diplomacia silenciosa“— seguida por el gobierno norteamericano de respaldo y de influencia limitada con las dictaduras militares de derecha en América del Sur, debilitaba su credibilidad respecto a su patrocinio al cambio democrático en otros lugares del globo, como también en los países comunistas de Europa del Este10. Mientras tanto, políticamente en Chile, los acontecimientos tomaban un giro preocupante para los Estados Unidos, lo que fue advertido por sucesivos reportes de la CIA11. Durante noviembre de 1984, y en medio de las intensas protestas sociales contra la crisis económica y contra el propio régimen, el General Augusto Pinochet restableció el Estado de Sitio por primera vez en Chile desde la década anterior, produciendo un punto de interrogación respecto a la apertura iniciada solo hace algunos meses, liderada por el Ministro del Interior Sergio Onofre Jarpa (agosto de 1983-febrero de 1985)12. De acuerdo a algunos análisis, esta coyuntura aceleró el viraje de la política exterior estadounidense, en orden a enviar “fuertes señales de desaprobación“ al régimen militar en un escenario de evidente tensión política y social13.

Recordando esta coyuntura, el Secretario de Estado del gobierno de Reagan, George P. Shultz, refuerza este giro en el contexto regional y global que afectaba al régimen pinochetista señalando que “el gobierno de Pinochet estaba aislado dentro de América Latina, aislado de Europa, y aislado en el resto del mundo. La crítica de los Estados Unidos a Chile reforzaba esa sensación de aislamiento“14. Adicionalmente, hay que recordar la llegada al poder de Mijail Gorbachov en la Unión Soviética en marzo de 1985 que, coincidente con el inicio del segundo período de Reagan, repercutió en una mejoría de relaciones entre Estados Unidos y ese país. Hay que señalar a su vez que la Unión Soviética estaba dejando de respaldar los intentos más insurreccionales como los promovidos por el Partido Comunista chileno (PC) y otros en la región latinoamericana, lo que significó una transformación en la orientación de una de las principales potencias mundiales15.

Con todo, tomando en cuenta esos elementos de política internacional y regional, desde 1984 pero con mayor definición desde 1985, Estados Unidos comenzó a matizar su postura de apoyo irrestricto al régimen militar chileno, dentro de una estrategia más amplia que buscaba “recalibrar“ y “adaptar“ la Guerra Fría a nivel global16. En Chile, el propio Elliott Abrams —junto al Secretario Shultz— comenzó a tomar una posición de “gran distancia“ frente a Pinochet17, hecho al que se agregó una sesión en la Cámara de Representantes de ese país titulada “Derechos Humanos en Chile“, dirigida por el congresista demócrata Bill Richardson, representante del estado de Nuevo México, que emitió una fuerte crítica al régimen chileno18.

Las cosas fueron más lejos, existiendo una segunda modificación efectuada por el gobierno de Ronald Reagan en su relación con Chile y que consolidó un giro significativo. En noviembre de 1985— y a solicitud del Secretario de Estado— se nombró a un nuevo embajador en Santiago, Harry G. Barnes, que a la postre se transformó en un personaje central. Barnes ocupó el cargo de embajador de Estados Unidos en Chile entre el 18 de noviembre de 1985 y el 26 de noviembre de 1988, un período fundamental en la historia política de la dictadura militar chilena, siendo uno de los principales protagonistas de la aplicación de la estrategia estadounidense.

En su primer discurso de presentación de credenciales, el nuevo embajador afirmó que uno de los desafíos de su mandato era incentivar el “crecimiento económico“, y que la posición del gobierno norteamericano era de oposición a los que predican la “violencia como única solución a los problemas políticos y económicos de las sociedades“. Este primer pronunciamiento de Harry G. Barnes fue sorpresivo para el régimen militar y el propio Pinochet, presente en el lugar. En una de sus partes fundamentales, el entrante embajador argumentó que: “Ambos países sabemos que la práctica de la democracia no es fácil. No puede la democracia permitirse ser nunca complaciente acerca de sus libertades e independencia. Pero en nuestros países, como algunas de nuestras grandes declaraciones han dicho, tenemos que concluir que los males de la democracia pueden curarse mejor con más democracia“19. En esa intervención, Barnes terminó su alocución sosteniendo que: “Tendré la oportunidad de observar, de primera mano, los procesos de estabilización de las instituciones democráticas permanentes en Chile, que la gente de mi país aprueba y apoya calurosamente“20.

De esta forma comenzaba su gestión el embajador Barnes, generando instantáneamente un significativo descontento en altas esferas del régimen militar. Durante su estadía de tres años en Chile, el embajador realizó un intenso trabajo diplomático: reuniones con líderes políticos, empresariales, movimientos de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil y charlas en universidades, fueron parte constante de su agenda pública, además de gestiones más reservadas con sectores del propio gobierno, que se transformaron en relevantes proviniendo de un embajador extranjero en una situación nacional tan delicada. Detrás de toda esta estrategia estaba el Secretario de Estado Shultz, quien, al mes siguiente de llegado Barnes, marcó la pauta que debía seguir21. En todo caso, meses antes de esto, el gobierno de Reagan ya propuso el acercamiento con la “oposición democrática“ a Pinochet, que incluía principalmente al Partido Demócrata Cristiano (PDC) y sectores del Partido Socialista (PS)22.

A lo largo de 1986, tres acontecimientos puntuales hicieron que la postura de la administración de Ronald Reagan adquiriera una crítica mayor al régimen militar, además de un mayor convencimiento de abandonar un respaldo que parecía incuestionable: Los efectos de la protesta nacional del 2 y 3 de julio de 1986; el descubrimiento por parte de agentes del gobierno chileno de un arsenal de armas ingresado por miembros del izquierdista Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), evento suscitado al mes siguiente; y el frustrado intento de asesinato al General Augusto Pinochet, el 7 de septiembre de ese mismo año, y ejecutado por el mismo grupo insurgente.

La protesta nacional, convocada para los días 2 y 3 de julio de 1986 por la “Asamblea de la Civilidad“ —agrupación multigremial de la sociedad civil— fue muy masiva en su participación, lo que hizo recordar a algunos las primeras Jornadas de Protesta de tres años antes23. En el contexto de esa protesta, y en las cercanías de la Universidad de Santiago de Chile —cerca de la Estación Central, en Santiago— fueron detenidos y quemados vivos por una patrulla militar, Rodrigo Rojas De Negri y Carmen Gloria Quintana, en lo que se denominó el “Caso quemados“. Este hecho conmovió profundamente al país, pues mientras Rojas De Negri —de 19 años— resultó fallecido, Quintana quedó con secuelas irreparables. El acontecimiento provocó consecuencias notables para el régimen chileno, pues en una acción sin precedentes, el embajador Harry G. Barnes asistió —con su esposa— al funeral de Rojas De Negri, en una emotiva ceremonia cargada de emoción y tensión en las calles de Santiago24.

En su enojo, Pinochet denominó a la autoridad diplomática como “Dirty Harry“ y estuvo a poco de declararlo “persona non grata“, en agosto de ese mismo año. El incidente generó además acusaciones del gobierno de que Estados Unidos estaría “espiando“ a las Fuerzas Armadas para involucrarlas en el caso, que incluso llegó a ser investigada por el FBI25, en la que estuvo envuelto Jesse Helms, senador republicano por Carolina del Norte, gran simpatizante del régimen de Pinochet y que incluso viajó a Chile provocando cierta incomodidad en Barnes26. Los informes a Washington demostraron una cierta “penetración“ de la inteligencia militar y de la CIA en sectores uniformados de Chile27.

El 6 de agosto de ese año, efectivos militares del régimen descubrieron un arsenal de miles de armas en la zona de Carrizal Bajo, una caleta de pescadores ubicada en la región de Atacama, norte del país. Esas armas habrían sido ingresadas por miembros del FPMR y el PC, con el fin de crear una guerrilla paramilitar que se enfrentara de forma directa a las Fuerzas Armadas chilenas. El decomiso se transformó en una derrota para las tesis más radicales, y además echó por tierra sus intenciones de derrotar al dictador —que tenía el control absoluto de las Fuerzas Armadas— por la vía militar. A pesar de ello, los Estados Unidos manifestaron preocupación por el alto riesgo que involucraba una situación como esta28.

El tercer momento de 1986 dice relación con el intento de asesinato a Augusto Pinochet ejecutado por el mismo FPMR —el 7 de septiembre— ocurrido en las afueras de Santiago y que terminó con cinco escoltas uniformados muertos y doce heridos, y con Pinochet salvado ileso de milagro29. Estados Unidos había condenado inmediatamente lo sucedido, aunque expresaron su inquietud a través del vocero del Departamento de Estado, aclarando que “la re-imposición del Estado de Sitio proveerá al gobierno atribuciones de gran alcance en torno a la censura, represión y confinamientos forzados, sin ningún recurso de revisión judicial“30. El 10 de septiembre de 1986 el propio Presidente Ronald Reagan remitió una nota personal a Augusto Pinochet, donde junto con rechazar el ataque “terrorista“ contra su vida, se manifestó preocupado por las “nuevas restricciones de las libertades que no favorecerán el desarrollo del diálogo y la construcción de los consensos, esencial para una exitosa transición democrática“31.

La diplomacia norteamericana temía un descontrol generalizado en la sociedad chilena. El Departamento de Estado, a fines de 1986, visualizó una “declinación del apoyo a Pinochet“, lo que de acuerdo a su análisis desestabilizaba al país en cierto sentido. En un documento preparado por Nicholas Platt —asistente especial del Secretario de Estado y Secretario Ejecutivo del Departamento de Estado— y remitido al Secretario de Estado George P. Shultz, se advertía que: “Desde la imposición del Estado de Sitio en 1984-1985 es posible situar un colapso de la breve apertura política en Chile… los Estados Unidos han intensificado sus esfuerzos diplomáticos en orden a animar un movimiento hacia la transición democrática, por los medios más rápidos y efectivos… La política de los Estados Unidos está obteniendo resultados, y fortaleciendo el poder de negociación de los moderados en el gobierno y en la oposición“32.

Debido a todas estas circunstancias, el caso chileno se trató al más alto nivel del gobierno estadounidense. El 18 de noviembre de 1986 se reunió el National Security Council en Washington D.C, asistiendo el Presidente Ronald Reagan, el Secretario George P. Shultz, el Subdirector de la CIA Robert Gates y el embajador Harry G. Barnes, entre otros funcionarios del gobierno y asesores de la Casa Blanca33. En la introducción a la reunión y dirigiéndose al Presidente Reagan, John Poindexter, Consejero de Seguridad Nacional, señaló que “La decisión clave no es si queremos o no democracia en Chile. La queremos. La cuestión para nosotros es cómo efectivamente podemos contribuir a una salida democrática en Chile“34. Durante el diálogo de la reunión, se definió como “estratégico“ la defensa del sistema económico que había implementado el régimen de Pinochet, y la necesidad de dejar atrás los efectos de la crisis económica de 1982. Esto lo destacó en ese encuentro el propio Shultz cuando afirmó que:

“El programa económico chileno es excepcional... Heredaron la situación de la deuda que también afectó a México. Sin embargo, han logrado poner en práctica las mejores políticas económicas que se pueden encontrar en cualquier lugar. Son imaginativas y creativas. Participé fuertemente en esto en la Universidad de Chicago. Su programa de seguridad social está entre los más imaginativos del mundo…como sea, tendrán un crecimiento del 5 por ciento… Veo como un objetivo importante de nosotros mantener esta joya…“35.

En Chile, a comienzos de 1987 pareció evidente que el camino institucional de la transición había comenzado, aunque en medio de fuertes desconfianzas y en un contexto de incertidumbre generalizada. En un documento confidencial, el embajador Barnes reforzó su desconfianza en Pinochet, que “creía estar inspirado en una misión histórica y probablemente divina“36. A lo largo de la segunda mitad de 1987, con el proceso de liberalización avanzando en Chile en un cuadro de incertidumbre, Estados Unidos optaba por hacer más intensa la presión política, a la vez de denunciar el apoyo soviético y cubano al PC, y lo inconveniente de su influencia en el país37. En ese escenario, la declaración titulada “U.S. Statement on Support for Democracy in Chile“, datada el 17 de diciembre de 1987, se considera como uno de los pasos fundamentales para explicar el apoyo del gobierno de Reagan a un hipotético retorno a la democracia en Chile38.

En primer lugar, la declaración era muy explícita al constatar “la larga y profunda tradición democrática chilena“, elemento que se reconocía una fuente sobre la cual los chilenos diseñarían supuestamente su propio gobierno democrático. Luego, señaló que: “Los Estados Unidos creen que si damos la posibilidad de elegir a sus líderes bajo condiciones marcadas por el respeto a las garantías básicas y a las libertades, los chilenos pronto tomarán nuevamente su camino correcto dentro de la comunidad de naciones democráticas“39. En su frase final, resulta pertinente citar la totalidad del planteamiento:

“Para que las ideas de soberanía popular lleguen a hacerse realidad en Chile, los Estados Unidos creen que un clima apropiado de libertad y de justa competencia electoral deben ser restablecidas varios meses antes que se realicen las actuales votaciones. Esta atmósfera estaría marcada por un acceso fácil y equitativo a los medios de comunicación, en especial de la televisión, por un irrestricto respeto a la libertad de expresión de los problemas políticos, amplia libertad de reunión, anticipado anunciamiento de las reglas del juego electoral, y libertad para los ciudadanos y los grupos políticos de hacer campañas pacíficamente en favor de sus ideas. Los Estados de Excepción, que limitan la libertad de reunión, asociación y expresión, no son compatibles con un procedimiento electoral legítimo“40.

Lo novedoso de esta declaración, si se lee con detalle, no fue tanto la voluntad de los Estados Unidos de hacer un llamado a iniciar la transición democrática en Chile; sino que la solicitud de poner fin a los estados de excepción y la restricción de las libertades, a la vez de restaurar los derechos civiles, desafiando abiertamente al régimen. No habría acto electoral legítimo, de acuerdo a la Casa Blanca y el Departamento de Estado, si no se resguardaban estas libertades.

De esta manera, el gobierno republicano de Reagan aparecía promocionando una transición democrática gradual —de contención ante el comunismo— en contraste con la postura mantenida anteriormente, de respaldo irrestricto a Pinochet, lo que fue denunciado por el gobierno chileno como una “interferencia“41. El “fantasma“ de la revolución nicaragüense de 1979, lo precario de las frágiles democracias sudamericanas, la inestabilidad socio-política provocada por las protestas nacionales en Chile, las acciones de la izquierda armada, fueron peligros latentes para impulsar la creación de un cuadro de mayor estabilidad política, social y económica, conceptos preponderantes para la política norteamericana en la región sudamericana. Esto tuvo su punto más claro en el plebiscito de 1988, que definió el destino del régimen de Pinochet y donde la influencia de los Estados Unidos fue clave.

2. El plebiscito de 1988 y el rol de los Estados Unidos.

De acuerdo al análisis de la masa documental proveniente de distinto origen del gobierno de Ronald Reagan, se puede afirmar que la administración de Reagan fue firme partidaria de la fórmula del plebiscito como salida política institucional al régimen de Pinochet. Bajo esta línea, desde comienzos de ese año 1988 el embajador Barnes movilizó y alertó las agencias de seguridad y al gobierno norteamericano al más alto nivel. En uno de sus documentos internos se reconocieron nuevamente los temores del aumento de la violencia en Chile, aunque existía una certeza de que el camino político e institucional promovido por los Estados Unidos era la vía correcta:

“1988 será un año dramático en Chile. La polarización es probable que aumente en forma de cualquier violencia; pero todavía hay personas comprometidas a buscar el acuerdo y el diálogo; el crecimiento económico agregará un factor de estabilización si sus resultados son más amplios, pero es probable que el tiempo sea demasiado corto; y las inquietudes y alianzas de los amigos de Chile en el resto del mundo esperamos que sean de ayuda y no compliquen las cosas“42.

Pero hay una materia en la cual el rol de Estados Unidos fue primordial. Y es que desde principios de 1988, el apoyo de los Estados Unidos para coordinar los esfuerzos internacionales con el fin de garantizar un plebiscito transparente y que se evitara por cualquier vía, todo intento de fraude o desconocimiento de los resultados por parte del régimen de Pinochet fue decisivo, incluyendo aquí la presencia de observadores extranjeros en el proceso electoral. Al mismo tiempo de esto, la embajada profundizaba sus vínculos con la oposición política interna, en especial con los moderados —incluso de izquierda— a través de distintos encuentros privados, todo lo cual le permitió monitorear la situación de los actores políticos chilenos43.

En el mes de marzo, un cable del embajador —comentando la decisión de la Asamblea Parlamentaria Internacional de invitar a 300 observadores a Chile— reconoció que “los observadores serán una parte fundamental de la campaña para asegurar un plebiscito justo, desde que su sola presencia frenaría a quienes estarían tentados a cometer fraude“44. Para lo mismo, se exploró el respaldo del gobierno de Holanda, entre otros países45. Esta relevancia que iba adquiriendo la presencia de observadores internacionales también fue resaltada por Patricio Aylwin Azócar, uno de los principales líderes de la oposición moderada46.

El 4 de febrero de 1988, en un reporte enviado por la embajada estadounidense al Departamento de Estado titulado “Coordinating support for democracy in Chile“, se abordó una reunión sostenida por el embajador Barnes con Josef Thesing, director de la Fundación Konrad Adenauer, perteneciente a la entonces República Federal de Alemania. La reunión demostró la enorme capacidad de Barnes para movilizar redes de influencia con distintos actores sociales y políticos, tanto en la esfera nacional como internacional. En esa cita, Thesing se refirió a la formación de líderes políticos especialistas en políticas públicas, más al importante respaldo de la Konrad Adenauer al PDC y principalmente al entonces presidente del partido, Patricio Aylwin Azócar, que comenzaba a perfilarse como uno de los dirigentes más destacados de la oposición moderada al régimen.

En el informe es relevante lo que mencionó Thesing, en el sentido de que él veía una “posición fuerte“ de Pinochet de cara al plebiscito —“probablemente podía ganar“— y una oposición “desafortunadamente dividida“47. Los esfuerzos por articular el patrocinio externo traspasaron las fronteras, pues desde la embajada de Estados Unidos en Londres se informaba respecto al respaldo brindado por la Internacional Socialista y por los sindicatos británicos a la causa democrática chilena48. En un largo cable dirigido por la embajada estadounidense al Secretario de Estado George P. Shultz, redactado por el propio embajador Barnes, se realizaba un largo análisis sobre el patrocinio económico dirigido a la oposición más moderada. En las partes más destacadas de ese documento, fechado en marzo de 1988, se declaraba que: