Defender la vida e imaginar el futuro

Pese a los aparentes éxitos del Plan Pacífico, la realidad es que lo que ha primado son los intentos institucionales de potencialización de la inversión a través de proyectos modernizantes, cuyos “efectos deseados” no se hicieron efectivos. Con esto se indica que el programa no tuvo los resultados que buscaba con su idea de convertir el Pacífico en un escenario de desarrollo. Es importante mencionar esto, dado que, si bien el territorio se reconoció como espacio desarrollable, la idea misma de desarrollo no se asoció a una garantía de derechos básicos, servicios públicos, educación, vivienda, vías de comunicación o salud, infraestructura comunitaria, sino que se vinculó directamente al hecho mismo de la privatización del puerto. Al respecto, la prensa, y de manera particular el periódico El País, tituló para la época una de sus noticias como “Plan Pacífico, se va Gaviria y aún no zarpa” y en ella se afirma que “el Plan Pacífico, como en su momento fue Plaidecop, es una formulación que enriquece las expectativas de los habitantes del litoral. Pero realmente no está ofreciendo soluciones concretas a las necesidades que vivimos los habitantes de la costa Pacífica” (El País, 1994).

La privatización del puerto se convirtió en un hito determinante dentro de la configuración de estas geografías violentadas, en cuanto ha representado la materialización del proyecto capitalista neoliberal, de la mano de un desarrollo sin las comunidades. El mes de marzo de 1994 fue el inicio del proceso de entrega del puerto a la Sociedad Portuaria (El Espectador, 17 de marzo de 1994) y hasta el día de hoy sigue en manos de ella. La pregunta hoy es, ¿de qué modelo de desarrollo estamos hablando? La privatización implicó privilegiar la inversión privada, la acumulación y la desposesión. La ciudad-puerto¹² pensada como foco de inversión, proyección inmobiliaria y despegue económico, fue y sigue siendo el arquetipo de ciudad que estructura las posibilidades territoriales,¹³ pero con un desdibujamiento de las comunidades locales. Dado que las lógicas de violencia y explotación se nutren de dinámicas de racialización y segregación, sumado a la depredación, ocupación y extracción (Mbembe, 2011) lo que ha ocurrido en Buenaventura y, en general, en el Pacífico colombiano, es el posicionamiento de una economía política que se fundamenta en una especie de “capitalismo racial en el que la necropolítica es fundamental” (Mbembe, 2011, p. 7).

Expresiones de estas dinámicas de segregación las encontramos presentes en el paro portuario y administrativo que tuvo lugar en 1997¹⁴ y que devino en la suspensión del alcalde José Félix Ocoró y luego en un conjunto de demandas por parte de trabajadores, gremios, sindicatos, educadores y de la comunidad, que configuró lo que para 1998 sería uno de los más importantes paros cívicos de la ciudad (Jaramillo, Parrado y Mosquera, 2020). Este paro fue visto en la prensa de la época como una “toma de las principales rutas de acceso y salida a la ciudad” y no como una “expresión de resistencia ante el desprecio institucional”. De hecho, el periódico El País habló del tema de la siguiente manera:

Los sindicalistas, líderes cívicos y voceros de la zona rural, que venían programando el paro desde hace 20 días, se congregaron en la plazoleta del Centro Administrativo, CAM, y desde allí decidieron tomarse los puentes de El Pailón y El Piñal que le dan la entrada a la ciudad y al sector del terminal marítimo, respectivamente. (El País, 1998)

Estos elementos dan cuenta de los altos costos que ha tenido la inserción geoestratégica de Buenaventura dentro del mercado global y evidencian las prácticas de desterritorialización y desarraigo asociadas a un modelo de desarrollo caracterizado por la consolidación de circuitos económicos sin la gente, ajenos a ella.

“Un puerto en la encrucijada”, 1998-200515

El 4 de agosto un grupo de 300 hombres de las FARC-EP ingresó a Buenaventura (El País, 5 de agosto de 1998). Este ataque trajo consigo el despliegue efectivo y contundente de estrategias de control territorial del puerto por parte del Frente Urbano Manuel Cepeda. Buenaventura resultó clave para la presencia de actores armados ilegales por la movilidad estratégica que permite, debido a la confluencia de ríos y la salida al océano Pacífico para el mercado ilegal. El aumento en el número de hombres del Bloque Occidental trajo consigo su presencia en “barrios y comunas pobres de la ciudad, que comenzaron a [desarrollar] una estrategia encaminada al control de las carreteras que unen a Buenaventura con el interior de país, además de zonas como el Darién y el Urabá chocoano” (Parrado, 2016, p. 31).

La presencia de la guerrilla de las FARC-EP desencadenó también en la llegada de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) procedentes del Chocó; en el marco de un Consejo de Gobierno, las autoridades locales reconocieron la situación, argumentando que

la presencia de paramilitares constituye un nuevo ingrediente al problema de orden público en la zona de influencia de Buenaventura, donde se reconoce la presencia del frente 30 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Farc, y de la columna José María Becerra del Ejército de Liberación Nacional (ELN). (El País, 1998)

Los bloqueos, cobros de fletes, amenazas y extorsiones fueron los repertorios empleados por las FARC-EP, previo a la expansión paramilitar en la década del 2000; la llegada del Bloque Calima con el aparente pretexto de una guerra contrainsurgente tuvo sus primeros impactos en la población civil con la masacre de Zabaletas el 12 de mayo del 2000, en la que fueron asesinadas doce personas , y donde se capturó a Milton Sierra Gómez, comandante del frente Manuel Cepeda Vargas de las FARC-EP (El Espectador, 2000).

La encrucijada a la que se enfrentó Buenaventura a partir del 2000 fue un reflejo de la yuxtaposición de hechos violentos como asesinatos, masacres, torturas y desapariciones, además de una dificultad en la administración local a manos del alcalde del momento (Saulo Quiñones). Esto también fue producto del “acorralamiento” al que los grupos armados tenían sometida a la población. De hecho, para el momento se dijo que “en 9 de 12 comunas en que se divide la ciudad de 450 000 habitantes hay tensión y a varias solo se puede entrar si hay un guiño de algunos de los grupos dominantes” (El Tiempo, 2005). El control territorial, el control de los cuerpos, los relatos, las prácticas cotidianas y los imaginarios impusieron durante toda la década un régimen violento que buscaba cercenar la esperanza.

Una de las zonas con mayor presencia de ambos grupos fue la comuna 12¹⁶ y posteriormente la isla Cascajal. Esto se debió a que las primeras acciones de esa disputa territorial entre guerrillas y grupos paramilitares se llevaron a cabo en zona rural, en las que “las poblaciones que habitaban dichos territorios [fueron] las primeras víctimas del conflicto” (Agudelo, 2001, p. 17). Esto fue alimentado por factores externos entrelazados como las perspectivas de desarrollo, la explotación de recursos naturales y las acciones de los actores armados. El nuevo escenario de la guerra comenzó a fracturar la idea del Pacífico como “remanso de paz”¹⁷ y a mostrarlo como el lugar de desplazamientos, como los sucedidos en el río Anchicayá¹⁸ (El Espectador, 2000, p. B6), Zabaletas (El Espectador, 2000), Yurumanguí (El País, 2000, p. B6), El Dagua, y posteriormente masacres que empezaron a vivirse en la zona urbana del municipio, como las ocurridas en los barrios Muro Yusti y Punta del Este. En este sentido, se puede considerar que

si al principio se [asesinaba] a los presumidos integrantes y colaboradores del bando contrario, luego se [pasó] a eliminar a los abiertamente neutrales pues la lógica de la polarización de los bandos enfrentados no da lugar a terceras alternativas neutrales, o se está con un sector o se está con el otro. (Agudelo, 2001, p. 18)

La colonialidad del poder y el ejercicio del control sobre los cuerpos y los espacios a través de la violencia adquiere, en ese orden de cosas, todo el sentido en el marco del conflicto armado, porque se realizan acciones cuya finalidad es la desterritorialización y el desarraigo de las poblaciones negras, mediante el terror, en un contexto en el que destruir los proyectos comunitarios, amedrentarlos e imposibilitar cualquier tipo de acción de resistencia garantiza la imposición de un “régimen de miedo”. Al respecto, en la figura 1 se presenta el histórico de acciones violentas (1990-2016): en ella es evidente un incremento sustancial en el año 2000 y en el 2004, lo que permite a su vez comprender cómo la arremetida paramilitar incidió directamente en ello.

Figura 1. Acciones violentas en Buenaventura 1990-2016.

Fuente: elaboración propia a partir de información de la Base de Datos Noche y Niebla, banco de datos de DDHH del CINEP.

Ahora bien, este momento se caracterizó por diversos elementos: el primero de ellos, y el más evidente, la disputa por los territorios en el municipio, seguido de las líneas divisorias existentes entre los barrios y las comunas, además de los múltiples efectos que tuvo ello sobre el tejido comunitario. Siguiendo a Mbembe, lo ocurrido va a ser expresión de una política de muerte donde los sacrificados van a ser “aquellos a quienes se les ha negado el derecho a tener derechos; aquellos que, se estima, no deben moverse de su lugar y están condenados a vivir en encierros de todo tipo” (2011, p. 17).

La convergencia de los diversos grupos armados, con las dinámicas económicas de privatización y control territorial, terminarán por consolidar un escenario caracterizado por paisajes del despojo y del miedo (Ojeda, 2016), es decir, acciones perpetradas por actores armados o privados, cuya finalidad es el uso, acceso y control territorial y de los imaginarios. Allí, el terror ejercido hacia los cuerpos, los espacios y las prácticas culturales, a través de la violencia, terminará por configurar circuitos del terror o prácticas de pacificación territorial (Jaramillo, Berón y Victoria, 2020) asociados a los asesinatos, los despojos y las desapariciones. En la configuración de unas geografías violentadas por parte de algunos empresarios, las FARC-EP y los paramilitares, una variable fundamental es, y sigue siendo, la acumulación de capital y el control de las rutas de comercio legal e ilegal.

Escenario de reconfiguración y efervescencia, 2005-2017

El último periodo coincide con dos hitos fundamentales: el primero de ellos es la desmovilización paramilitar en el marco de la Ley de Justicia y Paz (975 de 2005) y el segundo es el Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP, iniciado en 2012 y firmado a finales de 2016. Iniciar este apartado con estos dos precedentes resulta prudente, porque permitirá comprender los efectos de los discursos y prácticas transicionales en Buenaventura.¹⁹

El primer elemento que compone esta compleja realidad es la desmovilización paramilitar,²⁰ que trajo consigo una reconfiguración de los grupos en el territorio; incluso, el 2005, según la prensa, “será recordado como uno de los años más violentos en la historia de Buenaventura. En tres meses y medio se reportan, de hecho, 116 asesinatos, 13 de ellos de desmovilizados de las autodefensas” (El Tiempo, 2005, pp. 1). La entrega de armas del Bloque Pacífico no representó un cese en las operaciones ni en las acciones, incluso este periodo es uno de los momentos con más acciones violentas, derivadas de la reconfiguración de control territorial y el reacomodamiento de fuerzas por parte de desmovilizados de las AUC y de las FARC-EP, que también tenían presencia en la ciudad (Barrio Juan XXIII, Santa Cruz y la Inmaculada). En ese escenario, según lo han matizado algunos analistas,

las dificultades inminentes dentro del proceso de tránsito de la vida civil llevaron a la reincidencia y reagrupación de ambos bandos, haciendo uso de la extorsión y el asesinato como modus operandi. La transformación de las formas de organización se hizo visible, pasando de tener estructuras sólidas y militares a actuar como redes criminales, con el interés tanto de control territorial como la desarticulación de los tejidos comunitarios. (Parrado, 2016, p. 34)

La importancia de las zonas de bajamar, o mejor, los terrenos ganados al mar, como directamente la comunidad nombra a este proceso de posicionamiento territorial, se convirtieron en los espacios-foco de control y de disputa. Lo anterior se dio debido a que constituían los embarcaderos desde los cuales salían las rutas de armas y de cocaína. Todo esto ocurrió en un escenario en donde nombres como Los Rastrojos y Los Urabeños empezaron a sonar y terminaron por convertirse en los nuevos actores que detentan el control del territorio y del comercio legal e ilegal. Entre 2007 y 2010, Buenaventura vivirá disputas entre los dos grupos antes mencionados, por el control de zonas estratégicas, operarán alianzas entre actores como la que operó entre La Empresa y Los Rastrojos, en su momento (2012), y posteriormente entre La Empresa²¹ y Los Urabeños. Empero, como lo afirma la Fundación Ideas para la Paz (2014), “[aunque] cambian las denominaciones, [los] integrantes de las estructuras [serán] en buena parte los mismos que rotan de unas a otras estructuras” (p. 4).

Las alianzas propiciadas por motivos e intereses de los integrantes tendrán efectos determinantes en los nuevos controles que emergen. Ejemplo de eso es el caso de Los Machos (rivales de Los Rastrojos) que posibilitaron el ingreso y consolidación en el territorio de Los Urabeños. Este ingreso y consolidación se vio confrontado, a su vez, por La Empresa, en cuanto esta era la que controlaba todas las rutas de salida de droga, además era la encargada de las extorsiones en los diversos barrios. Al respecto, la FIP dice que

no hubo comuna en donde la presencia de La Empresa no se haya manifestado de alguna manera. Los desplazamientos entre barrios se generalizaron debido al terror sembrado entre los residentes del municipio. Según los pobladores, las represalias contra los que no estuvieran alineados a la organización eran una réplica de las acciones que emprendió el Bloque Calima en el pasado: masacres, torturas, desapariciones y desmembramientos. (2014, p. 12)

El enfrentamiento entre Los Urabeños y La Empresa (2013) terminó con disputas urbanas a sangre y fuego, y en términos territoriales implicó un movimiento semejante al realizado por las AUC:

En una primera fase la disputa se centró en los barrios de Bajamar (comunas 3, 4 y 2) y una vez establecidas, las confrontaciones pasaron a las comunas 5, 6, 7, 8 y 11, las tres últimas con barrios de Bajamar. Finalmente, estas se centraron en la comuna 12, en la zona continental. (FIP, 2014, p. 13)

El control de las extorsiones, sumado al asesinato de tenderos, jóvenes y comerciantes desde el año 2012, inició con un aumento en el número de acciones violentas; el 2015 fue el año con mayor número, como se observa en la figura 1.

A lo anterior habría que sumar “las casas de pique”²² o de desaparición, ubicadas en calles de barrios y utilizadas a plena luz del día. Denunciadas por monseñor Héctor Epalza en junio de 2013 —aunque es probable que existieran mucho antes—, aparecían como “circuitos de muerte” en barrios de bajamar mayoritariamente (La Inmaculada, el Barrio Lleras, Muro Yusti, entre otros) y como formas de gubernamentalización y administración del terror (Castillejo, 2018).

El dominio de Los Urabeños terminó posteriormente con una reconfiguración de Los Rastrojos y los apoyos que estos le dieron a La Empresa (que venía en un proceso de fortalecimiento) para detentar el control sobre el territorio. Esto implicó un nuevo pacto firmado en 2017 que legitimó a este grupo nuevamente en las esferas del tráfico. No obstante, las fronteras invisibles y los focos de confrontación aparecieron nuevamente a finales de 2018, de manera particular, en las comunas 3, 4, 10 y 12. La transición posdesmovilización paramilitar generó un proceso de reconfiguración del escenario violento, lo que a su vez implicó nuevamente una distribución y disputa del territorio, ya no tanto entre los “grandes” actores que hacían presencia en él, sino entre las diversas redes de organizaciones.

El segundo elemento está relacionado con los megaproyectos implementados desde el 2010 de la mano de los Planes de Desarrollo Locales, Departamentales y Nacional, los cuales irrumpieron y desestructuraron formas de producción, sistemas alimentarios y lógicas de existencia asociadas a formas de ser, estar y entender el mundo. Ejemplo de esto ha sido el proceso de expansión del malecón Bahía de la Cruz y el Máster Plan Buenaventura 2050,²³ impulsado por el Gobierno Nacional. La configuración de nuevos circuitos turísticos, comerciales y portuarios también implicó la imposición de un modelo de ciudad-puerto que da la espalda a las comunidades, a través de prácticas de negación y exclusión que no incorporan en sus procesos a quienes allí habitan. Al respecto, uno de los líderes del Proceso de Comunidades Negras (PCN) afirmó:

Buenaventura en los últimos 20 años ha sido presa de intereses macroeconómicos, que se dan en contra de los derechos de la comunidad. Esto porque se ha priorizado un modelo económico que tiene al desarrollo como eje central, a través de la privatización, el racismo, la exclusión y la mercantilización que dejan profundas brechas de pobreza. Nosotros no estamos en contra de las lógicas de desarrollo, sino a los pensamientos que se imponen a los pueblos que los privan de pensarse a sí mismos sobre qué formas de vida quieren. (2016)

Un proyecto de ciudad cuya vocación es convertir a sus habitantes en servidores para el público extranjero. Esta dicotomía ha estado presente desde hace décadas, fluctuando entre los intereses económicos que ofrece el puerto como estructura, y las cifras de pobreza, desempleo y falta de salud que viven sus habitantes. La yuxtaposición de dos modelos de ciudad ha sido parte de la confrontación en el Paro Cívico del 2017, en el cual la población civil hizo exigencias respecto a lo que considera necesario y prioritario (Jaramillo, Parrado y Mosquera, 2020).

Este acontecimiento no es menor en la historia de la ciudad. El 16 de mayo de 2017, el Comité de Paro Cívico (compuesto por 89 organizaciones sociales, que luego se ampliaría a más de 100) estableció un listado de peticiones acerca de la salud, la educación, el acceso al empleo, la declaratoria de crisis económica, ecológica y social e inició una serie de protestas que terminaron con el bloqueo de todas las actividades del puerto durante veintidós días. Al respecto, la prensa nacional presentó las noticias mostrando los efectos económicos del paro para el país, además de las graves repercusiones que esto tendría en las exportaciones. De nuevo, se repetía lo que había sucedido con el paro de 1998. Una de estas noticias afirmaba en su momento: “la deuda con Buenaventura es histórica, el 50 % del comercio exterior se realiza por estos lados, entran 2600 tractomulas, pero pese a eso no hay agua, un hospital o condiciones de vida dignas” (El País, 2017). No obstante, la visibilidad que tuvieron los habitantes de Buenaventura, con este paro, demostró décadas de indiferencia de un centro-institucional que muchas veces mira de reojo a los habitantes del Pacífico, y la respuesta apresurada de este dado que sus intereses estaban siendo afectados.

Proyectos como el puerto de aguadulce o la consolidación de la terminal TCBUEN (desde el 2013) hacen evidente que los intereses económicos nacionales son más fuertes que los intereses locales de las comunidades, por lo menos para el gobierno. De hecho, la construcción del TCBUEN ha implicado una disputa con la comunidad del barrio Isla de la Paz, comuna 6, que se asentó allí desde los años sesenta,

cuando era una zona selvática […] una década después el barrio fue legalizado, aunque siempre fue una zona muy marginal. En 1999, ante la falta de vías apropiadas para el transporte de mercancías, se planteó la construcción de la Alterna Interna que pasa por el barrio y en 2002 se inició su construcción. (El Espectador, 2013, 25 de febrero de 2013, pp. 26-27)

Hoy la comunidad se encuentra amenazada y ya perdió a uno de los líderes del barrio en enero de 2018, don Temístocles Machado, quien fue determinante en el proceso de defensa del territorio frente a las ampliaciones portuarias.

Otro caso similar fue el del barrio Santa Fe, que en el 2014 tras un incendio fue reubicado, y que se presume fue a causa de intereses económicos que promovieron esta acción para amedrentar a los ciudadanos que habían venido resistiendo al desalojo por parte de la administración portuaria. Al respecto, el Proceso de Comunidades Negras ha venido denunciado desde “el 2011 la presión que han ejercido bandas criminales como Los Urabeños y La Empresa para que los habitantes desalojen la comuna 5, integrada por los barrios Nueva Estación, La Palera, Punta del Este, Santa Cruz, Inmaculada, Santa Fe, Mira Mar y Kennedy” (El Espectador, 6 de abril de 2014, p. 20).

Reflexiones finales

Este texto ha querido destacar tres periodos claves para comprender las dinámicas de configuración de las violencias en Buenaventura: el primero de ellos, de 1990 a 1998, caracterizado por el proceso de privatización del puerto; el segundo, de 1998 al 2005, como el momento en el que el puerto se enfrenta a una encrucijada derivada de las violencias asociadas al conflicto armado y, finalmente, uno que ocurre entre 2005 y 2017 relacionado con la configuración y reconfiguración de actores armados, violencias y resistencias. La mirada sobre las violencias en plural posibilita comprender cómo la colonialidad del poder tiene efectos no solo en el orden político y económico, sino también en el simbólico, imponiendo enclaves culturales que sumen a la población bonaverense a una serie de estructuras colonizadas, de encierro en su propio territorio. Esto es evidente en la configuración de un escenario de geografías violentadas, en donde las poblaciones negras comienzan a no tener cabida, para un mercado que los percibe solamente como mano de obra, cuando se requieren, pero definitivamente como un problema cuando se oponen a la idea de desarrollo.

La diversidad de proyectos que se efectúan hoy en el territorio en nombre del desarrollo sigue acrecentando esas líneas abismales entre un nosotros, desarrollado y con una clara visión de progreso y un otros asociado al atraso, la pobreza y la barbarie. Esto también se hace evidente entre dos propuestas de paz en la coyuntura actual, una por un lado marcadamente neoliberal y otra comunitaria y asociada a la defensa del territorio y de la vida. La visión de paz neoliberal, la del Gobierno nacional, “reconoce en el desarrollo económico la garantía de la estabilidad democrática, posicionando lecturas que claramente desconocen o van en contravía de las expectativas y experiencias previas que se gestan desde las comunidades como forma de resistencia frente a la violencia” (Parrado, 2017); la otra, la de sus habitantes, se opone a un modelo patriarcal y capitalista y demanda el reconocimiento y participación de los pobladores, anclada en la idea del valor que revisten todos los seres vivos que cohabitan en Buenaventura, desde el respeto y el reconocimiento a sus formas de ser, habitar y estar en el territorio.

Los retos a los que se enfrenta hoy el municipio son múltiples y requieren miradas analíticas, que no solo centren los análisis en las coyunturas críticas o en el conflicto armado, sino que profundicen en las “violencias y daños históricos” con un enfoque de justicia histórica (Arboleda, 2019). Uno que reconozca las fracturas en el territorio, las demandas, y experiencias de resistencias y reexistencia que las comunidades han realizado, desde las cuales construyen día a día visiones de paces étnicas y territoriales. Actualmente, Buenaventura se enfrenta de nuevo a un proceso de reconfiguración de las violencias y a la construcción de un nuevo modelo de ciudad-puerto (por lo menos desde la idea estética y de turismo) asociado a la venta de servicios, en donde su nuevo malecón sobresale a simple vista, caracterizado por ser un espacio de sustitución de las economías locales, por mercados estandarizados de comida, licor y hoteles. Otro elemento determinante ha sido toda la propuesta de expansión portuaria y los megaproyectos que hasta la fecha permanecen inconclusos como el colegio de la ciudadela de San Antonio, el hospital municipal y el Acuaparque.²⁴ (Notas de diario de campo, noviembre 2017).

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