TRAVESTIS, TRANS, NO BINARIES
Organización mata indiferencia
Betiana Cáceres, Vanina Escales, María Hereñú, Cynthia Palacios Reckziegel, Quimey Ramos, Víctor Manuel Rodríguez, Luisa Stegmann
1.
La mañana del 30 de junio de 2020, marcada como los tres meses anteriores por el aislamiento social, preventivo y obligatorio, amaneció con la ciudad más despoblada por la lluvia. Por eso parecía un arcoíris la quincena de paraguas de colores que cubrían a las mujeres trans y travestis en la puerta del Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad de Buenos Aires. Fueron llegando en grupitos desde las 6 de la mañana y algunas entrelazaron los brazos para sentir menos los 9 grados. Habían decidido juntarse todas ahí para pedir, con el respaldo colectivo, el subsidio habitacional que la ciudad les negaba desde hacía dos meses.
Si las biografías fueran tuits, Koral y Daleska fueron detenidas en el contexto de pandemia por ejercer el trabajo sexual. Colombia no puede acceder a ningún programa social porque tiene un pedido de expulsión. Yokary y Ariana vieron que no había ningún lugar para denunciar desalojos, se organizaron y se convirtieron en delegadas de sus hoteles. Luana habla cinco idiomas, pero no consigue trabajo. Mía se quedó en la calle, se acercó a la organización sindical Ammar a gestionar su DNI y empezó a ayudar en la Casa Roja, una de las sedes de la organización. Ellas son algunas de las que llegaron hasta Entre Ríos 1492, en el barrio porteño de Parque Patricios, a gestionar un subsidio habitacional.
Desde el comienzo de la pandemia se habían acumulado 64.530 infectades. Por eso, la amenaza de los desalojos y los desalojos efectivos exponían una vez más a una población ya sobreexpuesta a la intemperie de la carencia.
El trayecto de Mía hasta llegar a esa mañana comenzó en Perú, donde nació en una familia signada por los modales marciales que imponía su papá militar. A los 14 años él le apretó el cuello con las manos para aplastar con violencia lo que veía como una masculinidad aberrante. “Yo en ese tiempo era una mariquita, me asumí trans hace unos años. Mi mamá le dio un palazo y lo desmayó, si no me mataba”. Se fue de la casa familiar, pero no dejó todo. Estudiaba psicología en la universidad y trabajaba, cuando una amiga del colegio la invitó a venir a la Argentina, hace ocho años.
Los primeros días hizo vida de turista pero, como dice el refrán, “la visita, como el muerto, a los tres días huele mal” y la mandaron a dormir al suelo. A cambio de comida y de que no la sacaran a la calle, tenía que hacer la limpieza en la casa de su amiga, en lo de la mamá de la amiga, cuidar a les hijes de esta, prepararles la comida, sin ninguna remuneración y para dormir en el piso sin colchón. Cuando lo planteó, la echaron con mucha violencia. En el tiempo que le quedaba, trabajaba en una peluquería y una señora le ofreció que cuidara una casita en la Villa 31, así que fue para allá.
Al igual que Mía, Daleska sabe que ser mujer trans, trabajadora informal y migrante forma parte de una cláusula que no se redacta en ningún contrato, pero que aumenta, y mucho, el costo del alquiler. Vivía en un hotel, pero su situación económica se fue acomodando y pudo dejar de compartir baño, cocina, lavadero y decirle adiós a la fila para ducharse. El panorama fue lo suficientemente tentador como para aceptar las condiciones abusivas del alquiler: no poder pedir mejoras al inmueble, pagar de más. Aun así sintió que había conquistado un espacio propio, al que llevó a vivir a su mamá. En los primeros meses de la pandemia, con pocos ingresos y sin ahorros, se acercó a la Casa Roja para que la ayudaran a gestionar el subsidio habitacional. Ahora milita en ese espacio y es una de las coordinadoras.
De acuerdo al informe “Los derechos humanos de la población travesti y trans en aislamiento obligatorio”, elaborado por el CELS junto con el Bachillerato Popular Travesti Trans Mocha Celis, en la ciudad de Buenos Aires hay alrededor de 180 hoteles familiares declarados, pero muchos más sin declarar, incluidos hoteles de alojamiento que funcionan como vivienda. Unos y otros ofrecen condiciones de habitabilidad precaria: baños sin desagües aptos, goteras en las habitaciones, cocinas comunes sin salubridad ni seguridad. El costo base de un cuarto de hotel, muchas veces compartido, es de 800 pesos diarios. Muches dueñes no dan recibos por los pagos mensuales y eso se tradujo en falta de documentación para acceder a un subsidio habitacional. Un departamento en alquiler para vivienda es mucho más barato, pero se vuelve inaccesible por la exigencia de garantías o porque las inmobiliarias o les propietaries rechazan alquilar a personas travestis y trans.
La investigación “Monitoreo sobre las condiciones de vida de la población trans, travesti y no binarie durante la pandemia del covid-19 y el ASPO”, llevada adelante desde el CELS por Quimey Ramos, Thiago Galván y Sebastián Zocayki, encuestó a activistas trans de todas las provincias del país, con especial cuidado en asegurar la representatividad federal. La situación habitacional fue la problemática más señalada por les activistas entre las tres que más afectaron a las personas trans, travestis y no binaries durante el aislamiento, junto con el acceso a la alimentación y el empleo.
El 48% manifestó que por lo menos una persona trans, travesti y no binarie de su grupo o red fue desalojada o echada de su lugar de residencia durante el ASPO. El 86% respondió que en su región no hay refugios activos y preparados para recibir a personas trans, travestis y no binaries en situación de calle. Los resultados cuantitativos fueron, a su vez, cruzados con entrevistas en las que solo les activistas que residen en la ciudad de Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires dijeron tener conocimiento de refugios para personas en situación de calle en los que en la actualidad haya personas trans y travestis alojadas. Sin embargo, también aclararon que allí padecen mucha violencia ya que no se trata de espacios con personal preparado para un abordaje integral con perspectiva de género en términos no binarios.
La vivienda se convirtió en un eje crítico. A pesar del decreto que los prohíbe, hubo numerosos casos de desalojos efectivos, amenazas y hostigamiento de dueñes de hoteles o violencia física para concretarlos. La situación de emergencia significó para muchas personas travestis, trans y no binarias el imperativo de la organización.
Cuando el gobierno nacional anunció el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), muches compañeres se acercaron a Ammar para que les ayudaran con los requisitos de acceso. Entre el papeleo básico estaban los dos años de residencia en el país y tener documentación. La realidad de muches era que habían perdido el DNI o lo tenían con la dirección de sus provincias, y para ingresar a programas como Potenciar Trabajo, Ticket Social, Ciudadanía Porteña o el subsidio habitacional debían hacer el cambio de domicilio. También un alto porcentaje del colectivo migrante que se acercó a consultar tenía la residencia precaria vencida o el documento de su país, otres habían abandonado su regularización migratoria, producto del temor por el DNU dictado por el expresidente Mauricio Macri, que restringe los derechos de las personas migrantes. Georgina Orellano, desde la conducción de Ammar, buscó articular por medio de la Defensoría LGBT, con el Inadi y la Dirección Nacional de Migraciones para hacer operativos de regularización en la Casa Roja, en el barrio de Constitución. Esos dispositivos estuvieron abiertos no solo para les trabajadores sexuales representades por el sindicato, sino también para toda la comunidad.
2.
En otro punto de la ciudad, Chacarita, les docentes del Bachillerato Popular Travesti Trans Mocha Celis entendieron que sus alumnes estaban en inminente riesgo. En casi diez años de historia, asumieron que amor y militancia tienen que ir juntos. Desde fines de marzo de 2020, cuando comprendieron que no comenzarían las clases como siempre, empezaron a contactar a les estudiantes para ver cómo estaban llevando el aislamiento. Manu Mireles recuerda un intercambio entre docentes por Zoom: “Conocíamos bastante bien la situación de les estudiantes, sabíamos que la mayoría de las personas travestis, trans y no binaries estamos en situación de trabajo no formal, la gran mayoría está ejerciendo la prostitución –lo digo así porque es como se define la mayoría, pero también tenemos estudiantes que se reconocen trabajadoras sexuales–, viviendo en hoteles, en situaciones muy precarias”. Muy pronto, se dieron cuenta de que sin una salida colectiva no era posible sostener mucho tiempo las medidas de cuidado.
De esa forma nació el Teje Solidario, con la idea de crear una red que, en sus intersecciones, uniera a personas necesitadas de ayuda y personas dispuestas a brindarla –les xadrines–, con el propósito de ofrecer no solo abrigo o comida, sino también conexiones de afecto y cercanía. El Teje fue impulsado por la Mocha, y además sostiene una búsqueda pedagógica, al poner en el centro una comunidad de cuidado y la ayuda mutua entre vecines. A Alicia le llegó la información del Teje a fines de marzo, a través del Whatsapp de su grupo de militancia, y se contactó de inmediato. Es docente jubilada y vive en Balvanera, es “madrina” de dos compañeras trans del barrio, que viven en dos hoteles distintos. Se conocieron cuando aún el barbijo no era obligatorio y se fue generando un vínculo muy cercano mediante el teléfono. Cada diez días Alicia sale de su casa a hacer las compras y les lleva a Mica y a Stefi alimentos, artículos de limpieza y algún dulce casero. Para Alicia esta experiencia implicó “tejer solidaridad, tejer relaciones, incluso con una comunidad con la que no tenía hasta ese momento mucha relación”.
En las primeras semanas del Teje diseñaron un mapeo para geolocalizar a les destinataries de ayuda y comenzaron a buscar xadrines. En dos semanas tenían ciento cincuenta personas registradas y treinta y cinco voluntaries. En octubre se multiplicaron por siete las personas que reciben cuidados en la red, lo que habla tanto de la red como de la situación de emergencia. El equipo que coordina y piensa el Teje está integrado por personas trans, personas no binaries, disidencias. “Somos nosotras acompañándonos a nosotras, hartas de que no estén garantizados nuestros derechos y con la seguridad de que si nosotras no hacíamos algo, no había forma de acceder a ellos”, dice Manu.
El aislamiento no fue soledad, pero los problemas estallaron –y estallan– igual: desalojos, abuso policial, exclusión de los centros de salud, violencia en el hogar. De a poco, en la Mocha relevaron la situación de precariedad en que viven las compañeras travestis, trans y no binaries que cursan el bachillerato, con sus doscientos treinta alumnes, y del Teje con sus más de mil. Confirmaron un patrón de exclusión sistemática. Si algune sufre hostigamiento por parte de la policía –como pasa en el cotidiano–, se activa un circuito: avisa a su xadrine o a une coordinadore de la red, de ahí se enlaza con el equipo que trabaja en prevención de la violencia, que cuenta con voluntaries abogades.
Alba Rueda, como subsecretaria de Políticas de Diversidad del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, vio crecer las demandas de intervención en los centros urbanos a partir de la pandemia en tres ejes: comida, vivienda y violencia institucional. Si se pone en juego un enfoque integral y transversal, se puede ver la estructura de la desigualdad que condiciona el acceso a derechos de les trans. Carencias alimentarias, temor a los desalojos y “la mirada sesgada de la policía durante los controles del ASPO, que siempre fue una mirada dirigida especialmente a las personas travestis y trans”.
“Otra de las cuestiones que llegaron como demandas concretas –dice Alba Rueda– fue que las políticas alimentarias tengan representaciones de las personas trans. En la Argentina hay una representación de la pobreza de manera binaria, de manera cis, de manera heterosexual, no de manera diversa. Entonces, hay provincias que jamás habían entregado módulos alimentarios a personas trans y que jamás habían considerado entregar nada a las personas trans. Esto fue un dato brutal, para nosotras fue muy duro. Y otro dato vinculado a ese tema es que esas demandas alimentarias no solo no tenían representación de las personas trans en términos de pobreza, sino que la respuesta era a pedido, nunca una iniciativa. Lo que sí veo como positivo en esto es que, en términos de políticas públicas, se generó una rápida respuesta vinculada a la inclusión de cinco mil personas trans dentro de la economía social y del programa Potenciar Trabajo”.
Uno de sus primeros contactos como subsecretaria fue con la Mocha. Desde el bachillerato y el Teje Solidario lograron articular apoyos diversos con el Fondo de Población de Naciones Unidas, el Ministerio de Desarrollo Social, el de Mujeres, Géneros y Diversidad y la Cruz Roja –entre muchas organizaciones que acercan su colaboración–, para responder a la urgencia alimentaria y convertir esa experiencia en un hecho político. Es decir que en el vínculo tenso con el Estado por definir una agenda de políticas públicas, las organizaciones marcan las carencias y las tareas pendientes, y ponen en valor su recorrido. Y en distintos escenarios críticos signados por la pandemia, el Estado y las instituciones supranacionales se apoyaron en las organizaciones sociales para poder llegar a quienes necesitaban asistencia.
3.
Alix y Emma salieron de su casa como todos los meses para realizar un control hormonal en el Hospital Celestino de Ensenada. Viajaban en el colectivo 275, cuando fueron interceptados por inspectores de tránsito en la ciudad de La Plata. Los inspectores los hicieron bajar del colectivo y regresar a sus casas, incluso cuando contaban con un turno médico, un certificado de usuarios crónicos, un permiso para circular.
Los jóvenes perdieron el turno y fueron tratados sin respeto por su identidad de género. La situación les generó mucha ansiedad e incertidumbre sobre el control médico al que no podían acceder.
El 73% de les activistas trans y travestis encuestades dentro del monitoreo antes mencionado indicaron que en sus comunidades hubo personas trans y travestis en situaciones de urgencia de salud. Más del 60% respondió también que la atención, al menos en una primera instancia, fue brindada por redes de activistas y organizaciones y que luego se accedió a un centro de salud; mientras que casi el 10% sostuvo estar en conocimiento de casos en los que no se recibió asistencia alguna.
Alix y Emma se comunicaron con su doctora y reprogramaron la cita. Sucedió que al desplazarse de una jurisdicción a otra para cumplir con su tratamiento, las divisiones políticas entre municipios funcionaron como fronteras infranqueables, algo que tiene impacto cotidiano para usuaries y profesionales de la salud.
La emergencia desatada por el covid-19 pareció opacar otras emergencias y relegar los tratamientos prolongados. Desde noviembre de 2019, distintas organizaciones y referentes comenzaron a advertir sobre el desabastecimiento nacional de testosterona inyectable, que en los centros de salud se compensó con reemplazos para no interrumpir los tratamientos. En julio de 2020, el Ministerio de Salud comenzó a distribuirla a los ministerios provinciales y de la ciudad de Buenos Aires. Al mismo tiempo, al comienzo de la pandemia no estuvieron garantizados los controles de laboratorio ni el acceso a las consultas periódicas que requiere un tratamiento hormonal en términos integrales. Por eso, a excepción de aquellas personas trans, travestis y no binarias que contaron con la posibilidad de realizarse estudios en laboratorios privados –un porcentaje muy pequeño–, el monitoreo mostró que la mayoría siguió adelante sin los chequeos médicos ni el control de laboratorio que estas prácticas requieren. El 80% de les activistas manifestaron que tampoco se comenzaron nuevos tratamientos, estuvieran pautados o no.
En la mayoría de las provincias, los centros de salud públicos que ofrecen tratamientos hormonales están ubicados en las capitales. Provincias como Misiones y Salta disponen de un solo centro de salud público que hace terapias de reemplazo hormonal (TRH). Por eso, como pasó con Alix y Emma, los impedimentos a la libre circulación, progresivamente modificados, constituyeron un obstáculo para la población travesti, trans y no binaria del interior de las provincias. En muchos casos, les activistas contaron que se experimentaron situaciones de violencia al sortear controles de circulación, aunque tuvieran los permisos.
Respecto del acceso a la salud en general, alrededor de un 37% de les activistas entrevistades afirmó que a muchas personas travestis, trans y no binarias se les negó la atención clínica, de seguimiento de terapia de reemplazo hormonal o de urgencia en centros de salud. Muchas llevan adelante denuncias públicas sobre fallecimientos a causa de abandono estatal, desatención, enfermedades sin tratamiento. En términos generales, la situación de atención específica para tratamientos hormonales e intervenciones quirúrgicas se vio suspendida, precarizada o agravada.
4.
En una escena más cercana en el tiempo, el jueves 3 de septiembre, cerca de la medianoche las notificaciones de los grupos de Whatsapp de activistas no paraban de sonar. La incredulidad se mezclaba con la emoción, la emoción con la esperanza y la súbita esperanza con llanto. Mientras tanto, y en simultáneo, se sumaban visitas a la web del Boletín Oficial. El cupo laboral travesti-trans acababa de ser sancionado por el Decreto 721/20. Era real. Era una conquista. Y eso no le quitó a la celebración cierto estupor porque saliera por decreto presidencial.
Es que desde hacía años, en las comisiones Mujeres y Diversidad y Legislación del Trabajo, de la Cámara de Diputades de la Nación, se venían sumando doce proyectos para la inclusión laboral de las personas travestis, trans y no binarias en el Estado, y de reconocimiento de sus aportes a la vida institucional. El plenario de comisiones había escuchado de activistas y referentes de todo el país un pedido de transformación. Como el de Say Sacayán, quien dijo: “Necesitamos personas travesti trans trabajando en el Estado porque, parafraseando a Lohana Berkins, quien se refirió a la universidad, pero acá vale lo mismo: cuando una travesti entra al Estado, le cambia la vida a esa travesti, cuando muchas travestis y trans entran al Estado, cambia el Estado”.
El 3 de septiembre se dio un paso clave para una transformación urgente y necesaria, que repare la exclusión laboral de travestis, trans y no binaries. Ahora bien, también nos preguntamos qué va a hacer el Estado para alojar identidades diversas y cómo va a transformar lógicas burocráticas binarias.
Para Alba Rueda, el Estado tiene que cambiar. En su aporte a la constitución de las subjetividades, en los sentidos culturales del Estado, pero también en la lógica registral administrativa binaria, que incluye tanto el CUIL y el CUIT como otros registros de trabajadores. Además de eso, dice Rueda, “se deben modificar las prácticas con nuestra presencia. En relación con el tema del cuerpo y de las identidades trans, nos parece que con la aplicación del cupo se abre un gran desafío, que permite pensar no en las excepciones sino más bien en todo el conjunto poblacional, a partir de nuestra participación como trabajadoras y trabajadores dentro de la administración pública”.
El decreto establece un cupo laboral para el sector público nacional. Esta norma indica que los cargos deberán ser ocupados en una proporción no inferior al 1% por personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo, hayan hecho o no el cambio en el DNI. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad debe crear un registro de aspirantes a ingresar en el sector público nacional y otros dispositivos que garanticen formación educativa y capacitación, además de una coordinación interministerial. El decreto no propone estímulos –exenciones impositivas o prioridad en licitaciones– para que el sector privado tenga políticas laborales similares.
El cupo laboral travesti trans es un triunfo de las organizaciones y activistas, y en este contexto tiene una especial relevancia. Sin embargo, también quedan muchas incertidumbres: respecto de los tiempos para la implementación de la norma, sobre la inclusión de las personas no binarias en las políticas de cupo, sobre quiénes van a acceder y cómo van a definirse los criterios de admisibilidad. Qué burocracia se pondrá en marcha para que el binarismo plasmado en los sistemas registrales no vulnere la identidad de género de les aspirantes. Qué distribución geográfica federal tendrá el acceso y qué políticas públicas estimularán la adhesión al decreto por parte de las provincias.
La pandemia agudizó la discriminación estructural, las exclusiones simbólicas y materiales que enfrentan las personas travestis, trans y no binarias. El Estado debe reparar las vulneraciones que existían antes de que empiece la crisis sanitaria y que seguirán allí, entre los parches de creatividad y fortaleza que las organizaciones consiguen hilvanar. El derecho a la identidad no puede ejercerse sin la articulación con el goce y el acceso al resto de los derechos: además de un nombre, portamos cuerpos que se resisten a seguir desplazados. Cuando comenzamos a pensar estos problemas, nos preguntamos cómo se expresa un régimen simbólico y político que estructura las relaciones sociales y, por lo tanto, el Estado, en términos de marginación o inclusión de sectores; cómo la democracia avanza para instituir derechos o, por el contrario, recortarlos. Tenemos las leyes, pero tenemos también un sistema binario rígido que atraviesa las instituciones y que es indispensable transformar. Las leyes no tienen efectos automáticos ni performáticos –de ahí tanta necesaria organización y militancia–: para que tengamos todes el mismo derecho a vivir vidas deseables y plenas necesitamos mayor empatía, compromiso con la democratización y que la diversidad sea bandera, experiencia cotidiana y transformación real de las políticas y las instituciones.