Salud del Anciano

1. Seguridad económica

La seguridad económica de los ancianos se define como la capacidad de disponer y usar de forma independiente una cierta cantidad de recursos económicos regulares y en montos suficientes para asegurar una buena calidad de vida. El goce de la seguridad económica permite satisfacer las necesidades objetivas y ser independiente en la toma de decisiones. Además, mejora la autoestima, al propiciar el desempeño de roles significativos y la participación en la vida cotidiana como ciudadanos con plenos derechos. Así, la seguridad económica es la cara opuesta de la pobreza, puesto que permite generar las condiciones para un envejecimiento con dignidad y seguridad.

El estudio de la seguridad económica de los ancianos comprende dos aspectos: 1) situación económica y 2) posición económica. La situación económica está determinada por el poder adquisitivo, que puede provenir de diversas fuentes: trabajo, ahorros, jubilaciones o pensiones, rentas, entre otros. Obedece directamente al nivel y tipo de consumo, el cual depende de la edad, el estado de salud, de los arreglos de residencia y de cuántos servicios corran por cuenta del Estado a través de servicios gratuitos o subsidios.

La particularidad del estudio de la situación económica en la vejez es la necesidad de incluir la trayectoria de vida como un elemento subyacente, debido a que el poder adquisitivo tiene que ver con la posición económica anterior y con las decisiones y circunstancias a las que se vieron sometidas las personas en otras etapas o momentos del curso de vida. Se plantea que la etapa más importante en la determinación de la situación económica en la vejez es la inmediatamente anterior a la jubilación. Sin embargo, las evidencias niegan esta posición ya que, por una parte, en las etapas previas igualmente se definen factores relevantes tales como el nivel educativo, la elección de determinada carrera y el número de hijos y, por otra parte, la jubilación no es un hecho universal, menos aún para las mujeres.

La posición económica en la vejez se evalúa a partir de los ingresos o los bienes de los individuos que componen el grupo de ancianos en relación con otros grupos de edad o con la población total. Sin embargo, también es importante estudiar las diferencias al interior de la misma generación, básicamente porque en la vejez son más evidentes las desventajas que se acumulan a lo largo de toda la vida. Esto implica identificar aquellas variables estratificadoras de mayor importancia, en las cuales el género se puede traducir en mejor o peor posición económica de acuerdo con la trayectoria de vida de las personas. La posición económica de los ancianos en un momento determinado depende de una compleja combinación de cuatro factores que interactúan entre sí:

1. Factores relacionados con el curso de vida: se refieren al momento del curso de vida en que se encuentran los ancianos y las personas que los rodean. Aluden directamente a los familiares, puesto que la interrelación de los cursos de vida de los diferentes miembros de la familia determina, por una parte, las cargas que deben sobrellevar los ancianos y, por otra, las posibilidades de ayuda a las que podrían optar.

2. Factores derivados de las biografías individuales: aluden directamente a las trayectorias laborales de los ancianos. Esto para efectos de las cotizaciones que puedan lograr al momento de la jubilación como también en términos de la capacidad de conseguir un empleo remunerado una vez llegada la vejez. De este modo, las biografías individuales de los ancianos influyen en su empleabilidad en la vejez.

3. Elementos que derivan de las biografías generacionales: se refieren al entorno en que han ido envejeciendo las generaciones, en el cual se hallan factores propios de la historia social, económica y política de las sociedades de las cuales forman parte.

4. Características de los sistemas de protección social: se reflejan en oportunidades o amenazas para lograr un ingreso digno en la edad avanzada y, consecuentemente, en la posibilidad o no de acceder a atención en salud.

En cuanto a la posición económica de los ancianos, los factores que influyen son de orden individual y generacional. El grado de seguridad económica alcanzado por ellos es producto del diseño de los sistemas de protección social de hace tres o cuatro décadas y de las características de los mercados de trabajo en dicho período.

2. Participación económica y laboral

Según la CEPAL (2011), una suposición errónea es que el envejecimiento de la población se deriva principalmente del aumento en la esperanza de vida. La prolongación de la esperanza de vida tiene su importancia, pero el principal factor que contribuye al envejecimiento de la población es la baja tasa de fecundidad. Este malentendido conduce, inevitablemente, a que se insista en políticas orientadas a buscar soluciones frente el aumento de la población de edad avanzada y la carga que supone para otros grupos de edad. La solución más debatida ante el envejecimiento de la población es que, dado que los ancianos viven más años, también deberían trabajar más años.

La participación laboral de los ancianos se encuentra relacionada directamente con la deficiente cobertura del sistema de seguridad social, que obliga a continuar trabajando para subsistir. Como resultado de la baja cobertura de los sistemas de pensiones, junto con el aumento de la esperanza de vida, en América Latina se prevé un incremento del número de años de vida económicamente activa. En consecuencia, el tiempo de permanencia en la actividad, medido en años brutos de vida activa, aumentará en 2030 un promedio de casi ocho años con respecto a los 35 estimados en 1990 para ambos sexos. Estos cambios no son homogéneos, existen grandes diferencias entre hombres y mujeres. Entre 1990 y 2030, los años de vida activa se mantendrán en 50 para los hombres y aumentarán de 21 a 37 en las mujeres. La principal causa de esta diferencia es el crecimiento de la población femenina económicamente activa desde 1990, producto, entre otros factores, de la baja de la fecundidad, del crecimiento del sector terciario y del proceso de migración del campo a la ciudad.

La comparación entre los ancianos y el resto de la población activa tiende a confirmar que los países de la región presentan crecientes tasas de participación económica en la vejez. Este hecho podría vincularse con las reformas introducidas en los sistemas de pensiones durante los años noventa, que “endurecieron” las condiciones de acceso a las prestaciones. Por tanto, el acceso a estos beneficios se produce a edades más tardías o con un nivel deficiente de tasa de reemplazo, lo que incentiva a jubilados y pensionados a mantenerse ocupados el mayor tiempo posible.

En América Latina, el incremento en la participación económica de los ancianos se ha producido en un contexto caracterizado por la desregulación del mercado del trabajo y por la introducción de nuevas formas contractuales como la subcontratación de servicios y los contratos a plazo fijo. Estas prácticas han tendido a reducir los costos laborales y han precarizado el empleo para toda la población y con ello se han alcanzado elevados niveles de empleo informal en todas las edades.

En América Latina desde 2005 se ha observado un crecimiento sostenido de la tasa de participación de los mayores de 60 años en la fuerza laboral ya que un poco más de tres de cada diez ancianos están trabajando o buscando empleo de manera activa. Otro aspecto que llama la atención en relación con la participación económica en la vejez es que el aumento de los mayores de 60 años en la fuerza laboral está constituido especialmente por mujeres. En Argentina, Brasil y Paraguay, por ejemplo, se ha duplicado la fuerza laboral femenina mayor de 65 años desde la década de 1990. Este fenómeno puede estar relacionado con la incapacidad de los sistemas de seguridad social de brindar protección de ingresos a las mujeres de edad avanzada, quienes, aunque cuenten con beneficios previsionales adquiridos por viudez, obtienen menos recursos económicos que los hombres.

Por otra parte, dada la escasez de puestos de trabajo en el mercado laboral, tradicionalmente se espera que los ancianos dejen su sitio a los jóvenes. A partir de este supuesto, se han elaborado las políticas laborales de la mayoría de los países en desarrollo, donde el empleo formal es poco frecuente y es difícil para los numerosos jóvenes desempleados encontrar un puesto de trabajo en el sector formal. De ahí el temor de que la situación empeore si los trabajadores de edad siguen prolongando su vida activa.

Entre los hombres la participación laboral alcanza su máximo (97%) entre los 30 y los 49 años. Hacia los 50-59 años sigue siendo del 86%. Después de los 60, es decir, después de la edad teórica de jubilación, la participación laboral masculina cae progresivamente, pero sigue siendo elevada: 54,4% a los 65 años; 42,4% a los 70 años; 26,1% a los 75; entre 10 y 11% después de los 80 años. Es evidente que después de los 60 años, la tasa de participación laboral masculina comienza a descender. Sin embargo, la disminución es menos pronunciada en los estratos sociales más pobres. Los viejos y pobres carecen casi siempre de pensiones o de ingresos de capital y se ven obligados a laborar (o a buscar empleo) hasta edades muy elevadas.

La participación laboral de las mujeres alcanza su máximo (60%) entre los 30 y los 39 años. Ese pico es mucho más bajo que el masculino. Luego comienza a caer: 49% entre los 40 y los 49 años; 32% entre los 50 y los 59; entre los 65 y los 70 es apenas del 10%, y entre los 80 y los 84 es del 4%. Después se desvanece. De la misma manera, se evidencia que la tasa de inactividad femenina duplica la de los hombres, lo cual se suma al panorama desfavorable de las mujeres para participar de los amparos derivados de la actividad laboral. El incremento de la informalidad de los ocupados es ostensiblemente notorio para el grupo de los mayores de 60 años y afecta más drásticamente a las mujeres, lo cual, asociado a las condiciones de precariedad de estos empleos, permite inferir que su situación en términos de protección es aún más precaria, principalmente en lo que respecta al amparo por pérdida o disminución de los ingresos en la vejez.

Este panorama obedece, entre otras razones, a los bajos niveles de calificaciones básicas y fundamentales que tiene la población de edad avanzada como, por ejemplo, los escasos niveles de alfabetización y capacidad de cálculo. De este modo, la demanda por nuevas calificaciones y conocimientos pone a muchos trabajadores ancianos en situación de desventaja, ya que es probable que su formación anterior haya quedado obsoleta. Es probable que este panorama se modifique en el futuro dado el incremento del nivel de formación de la población general. Como parte del abanico de intervenciones para mejorar la empleabilidad de los ancianos se encuentran la oferta de educación permanente, el conocimiento y manejo de las nuevas tecnologías de información y comunicación, y la creación de condiciones de trabajo seguras y adecuadas.

El alto nivel de participación económica de los ancianos no corresponde necesariamente a una elección voluntaria, más bien es resultado de la escasez de opciones con las que cuenta para enfrentar sus necesidades económicas, que pueden ser muchas, especialmente debido a los altos costos de la atención en salud. Además, con frecuencia es una inserción precaria. No es de extrañar, entonces, la presencia de una relación directa entre la cobertura del sistema previsional y las tasas de participación de los ancianos en la actividad económica.

3. Ingresos y pensiones

Las bases demográficas, sociales y económicas a partir de las cuales se diseñaron los dispositivos de protección social en Latinoamérica, se han modificado. Con excepción de un número limitado de países, el principal dilema es la baja cobertura de las prestaciones. En el caso específico de las transferencias del sistema de seguridad social, las estadísticas muestran que cerca de la mitad de la población anciana no accede a una jubilación o pensión para enfrentar los riesgos derivados de la pérdida de ingresos en la vejez. Esto se debe, principalmente, a la fuerte orientación de tipo contributivo que han tenido los sistemas de seguridad social y que deja fuera a un importante segmento de la población, compuesto, entre otros, por mujeres, campesinos, trabajadores informales y migrantes quienes, pese a la contribución social que hayan realizado durante su vida, no cuentan con una garantía suficiente de recursos económicos en la vejez.

La participación económica, la seguridad social y los apoyos familiares son las principales fuentes de ingreso en la vejez. La importancia relativa de cada mecanismo cambia de un país a otro según el grado de desarrollo económico e institucional, las características del mercado laboral y la etapa de transición demográfica. En los países desarrollados, con sistemas de seguridad social más evolucionados, una amplia proporción de ancianos depende únicamente de los ingresos obtenidos por concepto de jubilación o pensión y el ingreso por remuneraciones laborales va perdiendo importancia a medida que la edad avanza. En América Latina y el Caribe, en cambio, las estrategias económicas de la actual generación de ancianos son diferentes. A causa de vivir en contextos con una baja cobertura de jubilaciones y pensiones, la participación laboral de las personas de edad en la región aumenta y la ayuda familiar se vuelve vital cuando no se perciben ingresos de ninguna especie.

En Colombia, los ingresos de las personas están estrechamente vinculados al comportamiento del mercado laboral, dado que para la gran mayoría de los colombianos sus ingresos provienen de su trabajo. Por consiguiente, una adecuada protección de los ancianos ante la reducción o pérdida de recursos económicos para satisfacer sus necesidades está relacionada íntimamente con el comportamiento de sus ingresos, más cuando se considera que los principales mecanismos de protección para la vejez dependen de su capacidad para construir y aportar, durante su etapa laboral, el capital necesario para una pensión que le permita vivir cuando llegue el cese de su vida productiva.

En el país, la fragilidad de la protección del anciano es, fundamentalmente, el resultado de las tendencias del mercado laboral y de la íntima vinculación de este con el sistema de seguridad social. En la práctica, el sistema de aseguramiento social está fundado en la contribución que hacen empleadores y trabajadores en el marco de una relación laboral, de manera que su cobertura real se limita al sector formal de la economía, el único cuyas condiciones permiten la protección del trabajador y su familia. Por otra parte, quienes se ocupan en el sector informal en condiciones precarias, y aquellos con un empleo y unas condiciones de retribución inestables se encuentran efectivamente excluidos del sistema, pues les es imposible generar de manera consistente los aportes necesarios para acumular beneficios pensionales en la vejez. Es de anotar que el país presenta una de las peores distribuciones del ingreso de la región.

Se ha documentado que la participación económica disminuye con la edad, especialmente después de los 50 años; sin embargo, los patrones de trabajo de la población en edades avanzadas varían por edad, sexo, escolaridad, lugar de residencia y posición en el trabajo. La población que vive en áreas rurales, por lo general, trabaja por necesidad, el retiro de la actividad económica no es una opción, por lo que alrededor de 50% permanece económicamente activa. Un gran porcentaje de ancianos se encuentra inserto en el mercado informal. En Colombia, la mayoría de los ancianos tiene un trabajo considerado como informal, caracterizado por bajos niveles de productividad e ingresos y por la ausencia de prestaciones sociales esenciales. Las principales características económicas de la población de ancianos en Colombia según el estudio SABE Colombia (2016) son:

• La tasa de ocupación de las personas con 60 años y más es 51,3% para los hombres y 27,3% para las mujeres, mayor en el área urbana.

• En todas las categorías de actividad económica la participación de los hombres es mayor, con excepción del empleado doméstico en el que las mujeres superan ampliamente a los hombres.

• Los ancianos que trabajan pertenecen más a la zona rural, en tanto que los jubilados o pensionados están más en la zona urbana.

• En cuanto a la posición ocupacional de los hombres que trabajan se tiene que 57,4% son trabajadores por cuenta propia, 16,1% son peones o jornaleros y 14,3% son obreros o empleados de empresas particulares o públicas. Los jornaleros son residentes rurales más que urbanos (33,3% versus 3,2%).

• Las mujeres ancianas se encuentran en una situación de mayor desventaja que los hombres: 1) un porcentaje más alto de mujeres no percibe ingresos propios, 2) un porcentaje más alto de mujeres no cuenta con pensión ni jubilación y 3) los ingresos de las mujeres percibidos por concepto de jubilación o pensión son más bajos. Además, el 60% de las mujeres que trabajan lo hacen por cuenta propia, 10% son empleadas domésticas y 7% obreras o empleadas de empresa pública o particular, 3,5% trabajan en el campo. De otro lado, las personas que pertenecen a un hogar cuyo jefe es una mujer presentan mayores niveles de pobreza monetaria que los hogares donde el jefe de hogar es un hombre.

Al analizar las formas de pago y el salario promedio mínimo mensual, se encontró que:

• Casi la mitad (46%) de los ancianos trabajan a destajo, a 27% les pagan por comisión o porcentaje y 14% reciben salario fijo. Al 3% no le pagan por su trabajo y 2% recibe pago en especie.

• El número de salarios mínimos promedio que reciben es de 1,3. El número promedio disminuye con la edad y es menor en la zona rural y, en general, los hombres reciben más pago que las mujeres.

• Las personas que tienen índices de riqueza alto y muy alto tienen los mayores salarios fijos o ganan por comisión o por honorarios, en tanto que los de los niveles más bajos de riqueza trabajan por horas, por días o a destajo.

• Del total de ancianos que trabajan, el 55,6% tiene ingresos inferiores a un salario mínimo mensual legal vigente (S.M.M.L.V.), 19,7% recibe uno; 13,6% recibe entre uno y dos S.M.M.L.V.; 4,9% más de dos a tres S.M.M.L.V. y 4,5% tienen tres o más S.M.M.L.V.

• El 30,4% recibe ingresos que provienen de actividades laborales; alrededor de 36,8% reportó recibir aportes de familiares en el país o en el exterior o de alguna otra institución o persona. 28,5% del sistema pensional. 18% reportó recibir subsidios estatales (programa Colombia Mayor), y 12% recibió ingresos de rentas e inversiones. Entre 25% y 30% no recibió dinero en último mes.

• Las ayudas familiares, los subsidios y las pensiones de jubilación sirven para cubrir los gastos de más personas de la familia. Es importante recalcar que, en América Latina, en promedio, en uno de cada tres hogares, los recursos aportados por los ancianos por concepto de jubilaciones o pensiones representa más de la mitad del ingreso familiar. Así, la participación de los adultos mayores en la actividad económica constituye una posibilidad efectiva de salir de la pobreza para un grupo importante de la población.

• 67% de las personas dependen económicamente de sí mismas, tienen en promedio 1,5 personas a cargo y 72,5% consideran que sus ingresos son insuficientes o muy insuficientes para satisfacer las necesidades básicas.

• 59% responde por los gastos de la casa (servicios, impuestos) en forma total o parcial, 64,7% por los gastos de comida, 62% gastos de ropa y la misma proporción cubre gastos de transporte. 47,1% corre con los gastos de visitas al médico, 33,4% con gastos de hospitalizaciones, 55% de prótesis y 40% sufraga los gastos de medicamentos.

En cuanto a los ingresos no salariales de quienes no trabajan, se evidencia lo siguiente:

• Las personas que no trabajan y que no tienen ninguna clase de ingresos son especialmente mujeres de las áreas rurales mayores de 89 años. Los que reciben subsidio son en mayor proporción los mayores de 74 años de las zonas rurales.

• Los ancianos que se encuentran en hogares con los mayores índices de riqueza son los pensionados, los que tienen otros ingresos bancarios o viven de los alquileres y los que reciben ayuda de familiares desde el exterior, en tanto que los de los niveles más bajos reciben ayuda de familiares dentro del país o tienen subsidios del Estado.

Las edades para la jubilación actualmente en Colombia son 55 años para las mujeres que están en el régimen de transición o 57 años según las nuevas normas, y 60 y 62 años, respectivamente, para los hombres; reciben pago las personas que tienen pensión directamente por haber trabajado y cotizado para ello durante cierto número de semanas, o por substitución pensional (especialmente por viudez, en cuyo caso, son más las viudas que los viudos). También existen las pensiones para personas discapacitadas, quienes tienen un régimen diferente en tiempo y en edad.

No obstante, solo el 22,9% de la población que cumple con estas condiciones se encuentra pensionada, 33,2% corresponde al área urbana y 11,7% en las zonas rurales. Hay más hombres que mujeres afiliados al sistema general de pensiones. La distribución de las pensiones por rangos de salarios mínimos indica que algo más de las dos terceras partes de las pensiones se concentran en el rango de menos de dos salarios mínimos, un poco menos de una quinta parte del total obtienen una mesada pensional entre los dos y cuatro salarios mínimos y solo una décima parte está por encima de ese rango, lo cual refleja la estructura de la distribución de ingresos.

Es en la vejez en donde la mayoría de las legislaciones han tomado en cuenta la perspectiva de género. La regla general se tradujo en edades diferenciales y menores para las mujeres, en cierta forma un reflejo de un modelo en el cual la participación de las mujeres en la fuerza laboral se consideraba secundaria. El bajo porcentaje de pensionadas es una expresión significativa de las diferencias en el mercado laboral entre hombres y mujeres, de la ocupación de estas en empleos precarios y de los más bajos niveles de remuneración para ellas. A medida que un mayor número de mujeres se ha ido incorporando a la fuerza de trabajo remunerado, la perspectiva de género ha ido evolucionando y los regímenes de seguridad social están siendo reformados gradualmente. Aun así, las normas no consiguen la equidad necesaria, pues dejan de lado un gran número de factores, por ejemplo, las labores de cuidado y el trabajo doméstico. Cuando las pensionadas son mujeres, su monto de pensión es menor que el de los hombres, dadas las diferencias mencionadas. Por el contrario, ellas son mayoritariamente las beneficiarias de la pensión de sobrevivencia, como consecuencia de la expectativa de edad mayor para la mujer que para el hombre.

De acuerdo con la CEPAL (2016), a pesar de los crecientes avances del nivel educativo de las mujeres, su participación en actividades remuneradas formales continúa siendo más precaria y en muchos casos suele verse truncada por largos e intermitentes períodos dedicados a actividades domésticas y de cuidado, dada la oferta insuficiente de servicios de cuidado y la baja participación masculina en dichas labores. Esto conduce a una menor participación de las mujeres en actividades remuneradas formales a lo largo del tiempo. En consecuencia, las probabilidades de muchas mujeres de contar con una pensión contributiva al alcanzar una edad avanzada también son menores que las de los hombres, lo que genera un “diferencial sistemáticamente desfavorable” para las mujeres en materia de acceso a pensiones. Por esas mismas razones, incluso entre aquellas que se benefician de una pensión por su trayectoria laboral, el monto recibido tiende a ser menor que el obtenido por los hombres. Así, ellas sufren el doble efecto de tener una creciente esperanza de vida mayor que la de los hombres y, a la vez, una menor cobertura de pensiones y jubilaciones.