Conducta violenta: impacto biopsicosocial

Acoso entre docente y alumno en educación superior

Como se ha mencionado anteriormente, se ha puesto de moda hablar del bullying o acoso escolar de unos alumnos hacia otros, pero poco se ha tocado el tema de ese mismo acoso o de la violencia que algunos profesores ejercen hacia sus alumnos. Si bien la universidad se encarga de formar profesionales con excelencia académica que se desempeñen de manera competente dentro de un marco teórico y humanitario, con amplio espíritu de servicio, con capacidad de autocrítica y continua actualización de sus conocimientos, no está exenta de estos fenómenos de violencia.

Por eso es importante abordar el tema en la educación superior, en su modalidad de acoso docente-alumno, debido a que un clima de armonía o de violencia va a influir en el rendimiento escolar, así como en el perfil profesional que se pretende desarrollar dentro de las universidades (Cervantes et al., 2013).

En estudios de investigación educativa se identificó la asimetría maestro-alumno como un riesgo para generar esta violencia y como recurso del maestro para disciplinar a sus alumnos, lo que provoca un ejercicio de la autoridad o más bien de poder que se expresa al hacer un clima tenso en la clase, al imponer una sobrecarga de trabajo o la amenaza de reprobar, así como la difusión de información, por ejemplo exhibir calificaciones o trabajos de los estudiantes.

El acoso del docente es una expresión más de maltrato verbal y no verbal, que presenta una intencionalidad de hacer daño al blanco al que se le dirige, por ello se define como el maltrato ejercido por profesores contra los alumnos. Este maltrato en cualquiera de sus expresiones se basa en comunicación hostil y deshonesta porque se manipula dolosamente la información, reflejándose en conductas crueles, inhumanas y muchas veces degradantes, que dañan la integridad física y psicológica de los alumnos y dejan huellas muchas veces permanentes y negativas en ellos (Cervantes et al., 2013 y Peña, 2010).

Por ejemplo, en el contexto universitario la violencia verbal se expresa en hechos públicos, como insultos abiertos, descalificaciones sistemáticas, tono de voz implacable y duro al rebatir los argumentos del blanco que se quiere agraviar; en el patrón de rebatirlos sistemáticamente, prácticamente sin excepción; en las intervenciones que siempre tienen como fin boicotear sus propuestas siempre que se pueda, oponiéndose a ellas por el simple hecho de que fue él quien las planteó, afectando deliberadamente sus intereses.

La violencia no verbal es muy sutil y encubierta, aún más difícil de probar, de rastrear y de eliminar. Las muecas y/o miradas continuas de desaprobación, lanzadas al blanco en privado, cada vez que se le encuentra; las muestras obvias y constantes de desagrado; los desdenes, como huir de su presencia o ignorarlo en una conversación; las actitudes de rechazo, como darse la vuelta o callarse en cuanto el blanco aparece, etcétera. En estos casos los acosadores son hábiles para realizar dramatizaciones deshonestas frente a las protestas del agredido, por lo que los agresores terminan por aparecer como las víctimas.

Otra condición de acoso, reportada en universidades de México, tiene que ver con las relaciones internas complejas que imperan en áreas de desarrollo académico de nivel superior (licenciatura y/o posgrado), con alumnos que son acreedores a becas, que si bien no son un salario, sí constituyen percepciones económicas fundamentales para ellos, hecho que los hace muy vulnerables frente a contextos de acoso por el docente (Peña, 2010).

Estudios recientes en varias universidades del mundo certifican además otras modalidades de acoso escolar: el hostigamiento y el acoso sexual del docente al alumno, práctica frecuente en instituciones de educación superior donde se ubica con una prevalencia de entre 20 y 40 por ciento. Pese a ello, no se visibiliza y por el contrario se oculta este problema, que ha sido poco investigado debido a la falta de mecanismos institucionales para prevenir, atender y sancionar su ocurrencia.

En la mayoría de los países latinoamericanos, incluyendo México, constituye un serio problema de salud pública y social. Este tipo de violencia provoca conductas que dañan la autoestima de los alumnos y alumnas con actos discriminatorios, por su sexo o género, condición social y/o edad, desmotivación académica, abandono escolar, afectaciones psicológicas, limitaciones o características físicas que les infringen profesoras o profesores y que tienen que ver con actos de naturaleza emocional, tales como denigraciones, castigos o agresiones físicas o con propuestas de carácter sexual a cambio de calificaciones, o caricias y manoseos sin su consentimiento.

La continuidad de estas conductas provoca en las víctimas efectos negativos como empobrecimiento en la autovaloración, ansiedad, depresión, síndrome de estrés postraumático, irritabilidad crónica, adicción, tendencias suicidas y trastornos de la conducta alimentaria. Además afecta la vida académica, al dejar de participar en clase, cambiar su asiento de lugar, disminuir el aprovechamiento académico y la productividad e incrementar el ausentismo escolar.

En México el acoso sexual es una figura jurídica prevista en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que entró en vigor el 2 de febrero de 2007 y, en el caso de hostigamiento, tipificada como delito en el Código Penal Federal desde principios de 1991, pero hasta el momento no han sido desarrolladas jurisprudencialmente en tesis alguna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de tribunales de circuito, ni es obligatoria su aplicación como programa en escuelas y universidades (Vélez y Munguía, 2013).

Por la forma en que opera, esta violencia puede ser considerada como un mecanismo de poder que promueve relaciones inequitativas entre los seres humanos, encubiertas por instancias de subordinación, sometimiento y colonización. Es el resultado de la autoeficacia del sistema patriarcal que la violencia sexual no sea reconocida como tal, sino como una expresión natural de la masculinidad. Las formas de poder que adopta este patriarcado son en su mayoría ejercidas a través de la violencia simbólica, aunque no podemos ignorar que también existen formas de violencia física y que este no es un problema menor. Dicho problema se agrava cuando esta violencia proviene de alguien que goza de superioridad legal o simbólica, sea maestro, director o administrativo.

Como ya se describió, el hostigamiento y el acoso sexual tienen implicaciones muy negativas y severas para quienes la experimentan, sean hombres o mujeres, y de múltiples maneras siempre afectan la oportunidad de desarrollo personal y social de las personas, por lo que es una realidad que este problema se encuentra de manera latente en el sector estudiantil de la educación superior (Cervantes et al., 2013).

Ciberacoso en educación superior

Las actuales tecnologías de la información y comunicación (TIC) y su acelerado avance han impactado visible e invisiblemente todos los procesos sociales, culturales y económicos. Esto ha generado formas inéditas de convivencia, donde los individuos parecen estar más cerca que nunca, debido a que logran tener acceso directo prácticamente en todo lugar y a cualquier hora, constituyendo esto un proceso de socialización que resulta importante para la contribución al campo de la comunicación y la educación. Esta forma de convivencia e interacción ha generado una cultura de lo virtual, del ciberespacio o cibercultura a la que los jóvenes se incorporan y generan estilos de vida, pues a través de ella se transmiten formas de pensar, de ser, de emocionarse y de comportarse; los jóvenes simultáneamente comparten su vida cotidiana y el entretenimiento. Hoy en día se considera impensable no participar en redes sociales ni enviar mensajes, sobre todo si se trata de jóvenes universitarios.

Asimismo, existe la utopía del uso de los medios cibernéticos para ampliar el conocimiento, donde los individuos podrían aprovechar la oportunidad de generar, dar a conocer y compartir información enriquecedora de todo tipo, fomentando una cultura de equidad y respeto hacia todos los seres humanos; además de la intención de lograr comunicación y vínculos sociales positivos, que coadyuven a la rapidez y practicidad de las interacciones entre los individuos (Sánchez y Moreno, s/f).

Sin embargo, se sostiene que dicha socialización a partir de la comunicación cibernética entre estudiantes universitarios dista mucho de ser utilizada para avanzar en la formación de su profesión y crecimiento humano, sino que principalmente lo toman como un pasatiempo y para manifestar actos encubiertos, que en ocasiones propician conductas de violencia simbólica o entornos agresivos y en muchos casos se emplea para espiar, acosar, hostigar y difundir información ofensiva. Estas conductas determinan que la calidad y la profundidad de la comunicación, sobre todo entre jóvenes, esté disminuyendo. Así también, la ética de la comunicación en estos espacios es cada vez más escasa, debido a que proliferan faltas de respeto, ridiculización del otro y robo de claves para invadir la privacidad de las cuentas personales, lo que constituye un escenario donde abundan diversas formas de agresión, las cuales pueden ser sutiles o abiertas, cobijadas bajo un aparente anonimato del que una gran mayoría se aprovecha (Valencia et al., 2012).

El acoso en el ámbito escolar no sólo se presenta en el salón de clases, sino que rápidamente se ubica como parte de la comunicación virtual, fenómeno conocido como ciberbullying o ciberacoso, que es una conducta agresiva repetida mediante el uso de dispositivos electrónicos para generar intimidación. En esencia, esta comunicación permite que los jóvenes den a conocer información personal, lo cual supone el riesgo de que amigos, seguidores y cualquier usuario con acceso a este tipo de sitios se entere de cuestiones personales ajenas y hagan mal uso de ellas, como ocurre con las experiencias de agresión en la red. Por ello, la violencia a través de los medios virtuales puede constituir una prolongación de lo que ocurre en las aulas y pasillos escolares (Ruiz y Serrano-Barquín, 2013 y Sánchez y Moreno, s/f).

Pasar tanto tiempo en la Red, sea mediante un ordenador personal o un teléfono inteligente, supone la presencia de otras personas a las cuales los alumnos ignoran por estar atentos a los contenidos de esos dispositivos. Con ello expresan una nueva forma de maltrato: la negación del otro, ignorar a compañeros y profesores es una manera de negarlos, porque significa que atender el teléfono es más importante, aunque no sea para contestar una llamada, sino para ver y verse, percibidos por otros. Un estudio reportó que la red social más utilizada es Facebook, seguida de Twitter, MySpace y otras (Valencia et al., 2012).

En este sentido, en el ambiente universitario han sido identificados factores potencialmente contribuyentes a la aparición de ciberbullying. Por ejemplo, las diferencias en capacidades académicas, socioeconómicas y culturales hace a algunas personas blanco de intimidación. Así también se considera que los sujetos que han sufrido ciberacoso tienen predisposición a repetir el círculo de la soledad, así como generar temor y desconfianza en los otros (Sánchez y Moreno, s/f).

En cuanto a las formas predominantes de maltrato por medio de la Red se identificaron cinco ámbitos en los que se manifiesta la violencia virtual. En el ámbito del atentado contra el pudor se incluyen las insinuaciones sexuales virtuales, la difusión de videos o imágenes ofensivos para desprestigiar a los compañeros, sin contar con evidencia si son reales o si son producto de fotomontaje, así como enviar mensajes o archivos con contenido pornográfico. En el ámbito del allanamiento de morada virtual (casa virtual como espacio donde se coloca información personal) se constituye por espionaje de cuentas de correo, la difusión y sustracción de fotografías o videos personales sin autorización. En el ámbito de las calumnias e injurias, donde la violencia es más frecuente, hay insultos con fines de ridiculización, difamaciones, intrigas o envío de mensajes hostiles. En el ámbito del daño moral o amenazas está contemplado terminar con la pareja mediante internet sin dar la cara, hacerla sentir poco atractivo (a), amenazar o enviar información amarillista de manera virtual, robar contraseñas con la finalidad de invadir la intimidad de las cuentas personales. En el ámbito de la discriminación se presenta la actitud de rebajar, menospreciar de forma virtual o excluir por condición de género.

El daño que estos actos causan en los universitarios, considerando tanto el nivel inconsciente (la persona no se da cuenta de que está siendo violentada y los mensajes no le afectan), como el nivel consiente (la persona acepta la agresión y sus efectos psicológicos), destacan: miedo, desconfianza, indignación por no poder hacer nada, impotencia ante un agresor invisible, indignación, estrés, cólera, sensación de haber sufrido violencia física, depresión, paranoia, baja autoestima, problemas de confianza, ausentismo escolar, problemas de aprovechamiento escolar, afectación del rendimiento académico y deserción. En este nivel educativo las manifestaciones de ciberbullying son cambiantes, sofisticadas y acordes con la era tecnológica, por lo que tienden a tornarse más graves y peligrosas (Ruiz y Serrano-Barquín, 2013 y Sánchez y Moreno, s/f).

En cuanto a la participación de los alumnos como agresores (proporción menor en comparación con las víctimas) resulta alta en términos de conductas que trasgreden los límites sociales permitidos, con el que se denigra la integridad del receptor de dicha violencia y se manifiesta como insultos o contenidos en la Red con la intención de ridiculizar a otro u otros. Esta situación permite apreciar cómo los canales de comunicación pueden ser empleados para agredir, con bastante rapidez. Lo anterior pone de manifiesto el riesgo al que se exponen quienes participan en ella (Sánchez y Moreno, s/f).

El ciberbullying o ciberacoso se ha extendido a los contextos universitarios entre sujetos incluso con mayor nivel educativo, quienes podrían contar con mejores estrategias para relacionarse con los pares, por lo que parece que este tipo de violencia puede llegar a ser más pronunciada en los niveles universitarios, obstaculizando con esto una adecuada integración entre los estudiantes al interior de sus ambientes escolares (Prieto et al., 2015 y Sánchez y Moreno, s/f).

La extensión de este tipo de violencia es facilitada por la personificación que la comunicación virtual le confiere al individuo, ya que le permite desinhibirse y proporcionar una sensación de libertad, que puede manifestarse en comportamientos permisivos, donde el anonimato permite surgir personalidades contrarias al comportamiento cotidiano del individuo. El anonimato desvanece la censura y se da vida a lo que está oculto, a lo que se aspira o se quiere ser; es decir, a eso que se encuentra en el imaginario fantástico del colectivo. Tener posibilidad de representar distintas personalidades es algo muy común en la actualidad, cambiando cuantas veces se quiera los nombres de acceso y seudónimos como el de los chat, que permite recrear y dar vida a otros, que están ocultos, que asfixia a quien quiere liberar ese algo que trae escondido y que por medio de esta vía permite aflorar.

Por ello es necesario implementar medidas al interior de los espacios educativos con la finalidad de establecer una fuerte reeducación, para que los estudiantes eviten perder el tiempo y puedan resistir la violencia en un país donde el respeto por el otro se pierde cada vez más y en el que hay muy poca preparación para el diálogo y la comunicación respetuosa entre iguales. Así también se debe denunciar a quienes utilicen medios electrónicos como forma de acoso, para violación de derechos y violencia de cualquier índole, comenzando por la incursión en investigaciones que puedan analizar el comportamiento virtual y su impacto en el ámbito psicológico (Prieto et al., 2015, Ruiz y Serrano-Barquín, 2013 y Valencia et al., 2012).

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Juventud, homicidio y esperanza de vida en México

Guillermo Julián González Pérez

María Guadalupe Vega López

Armando Muñoz de la Torre

Introducción

La violencia ha acompañado el devenir de la humanidad y ha estado asociada a una serie de factores sociales, políticos, económicos y culturales presentes en la vida cotidiana de cualquier comunidad, sin embargo no debe entenderse la violencia como una parte inevitable de la condición humana. En la práctica se han creado a lo largo de la historia distintos sistemas e instituciones dirigidos a prevenirla o limitarla, con mayor o menor éxito (Dahlberg y Krug, 2006). A pesar de ello, la violencia cobra anualmente millones de víctimas a nivel mundial y deja incontables daños psicológicos, económicos, físicos y sociales, aun en aquellos casos en los que no provoca la muerte.

En ese contexto la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha reconocido (Krug et al., 2003) –ya desde finales del siglo pasado– que la violencia es no sólo un grave problema social, sino también uno de los más acuciantes problemas de salud pública, una epidemia desatendida que se ha convertido en una de las principales causas de morbilidad y mortalidad prematura, y que tiene su mayor impacto en los países en desarrollo. A principios de siglo, la OMS estimaba que 90% de las muertes relacionadas con la violencia interpersonal ocurría en dichos países (Rosenberg et al., 2006).

Si bien el homicidio no es el único tipo de crimen violento, es sin duda un caso extremo de violencia interpersonal, que refleja los graves problemas sociales que están presentes en los distintos sectores sociales así como en las relaciones propias del espacio privado (Short Jr., 1997 y Souza, 1995). Cuando los homicidios o los intentos de homicidio implican a jóvenes —ya sea como víctimas o agresores— su impacto social es mayor, pues la juventud de las víctimas contribuye en mayor grado al incremento de la carga global de muerte prematura, lesiones y discapacidad que soporta la sociedad en su conjunto (Haagsma et al., 2015). Además, este fenómeno evidencia las fallas sociales que lo provocan: disrupción familiar, problemas comunitarios, falta de empleo, carencias del sistema educativo o disponibilidad de armas de fuego, entre otras.

Asimismo, como señala la OMS, la violencia que afecta a los jóvenes incrementa enormemente los costos de los servicios de salud y asistencia social, reduce la productividad, disminuye el valor de la propiedad, desorganiza una serie de servicios esenciales y en general socava la estructura de la sociedad (Dahlberg y Krug, 2006).

Aun cuando diversos estudios señalan que en general, los homicidios a nivel global han disminuido, la OMS (Dahlberg y Krug, 2006) y la UNODOC (2011) han señalado que en particular en América Latina y en el África subsahariana los niveles de homicidios han permanecido elevados o incluso se han incrementado en algunos países, provocando un aumento de los años de vida ajustados por discapacidad en ellos. En particular, diversos autores (Acero et al., 2007 y Alvarado et al., 2015) han documentado las altas tasas de homicidio juvenil prevalecientes en América Latina en años recientes, lo que ha ocasionado que este fenómeno se encuentre entre las primeras causas de muerte entre los 15 y 29 años en la mayoría de los países latinoamericanos, como es el caso de México.

En tal sentido, el presente trabajo pretende analizar el comportamiento del homicidio juvenil –considerado en este estudio como aquel que ocurre entre los 15 y 29 años– en México en los últimos 35 años (de 1980 a 2014) y su repercusión en la esperanza de vida del país.

En primer término, se evalúa la posición que ocupan los homicidios entre las principales causas de mortalidad en el grupo de 15 a 29 años, por sexo, en los trienios 1992-1994, 2002-2004 y 2012-2014.

A continuación, a partir de los datos oficiales sobre mortalidad que proporciona la Dirección General de Información en Salud de la Secretaría de Salud (DGIS, 2014) se analizan las tendencias de las tasas de homicidio juvenil a nivel nacional, calculando las tasas tanto con los datos de mortalidad antes señalados como con las estimaciones anuales de población, actualizada en 2015, que de México tiene el Consejo Económico para América Latina (CEPAL, 2015). Esta es, por cierto, la única institución que posee una serie confiable que permite trabajar con datos de población desde las últimas décadas del siglo XX. Esta información se compara con las tasas calculadas para el grupo conformado por el resto de las edades (<15, 30 y más).

Finalmente, se construyeron tablas de vida trienales (1990-92, 2000-2002 y 2010-2012) que permitieron calcular –mediante el método desarrollado por Arriaga (1996)– los años de esperanza de vida perdidos (AEVP) por homicidio y por otras causas seleccionadas entre cero y 85 años de edad, y en particular, determinar el grado de participación del grupo de 15 a 29 años en la pérdida de años de esperanza de vida por homicidio. Para ello se empleó el programa EPIDAT, desarrollado por la Xunta de Galicia en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud (Xunta de Galicia y OPS, 2006).

El peso del homicidio como causa de muerte juvenil en México

De acuerdo con la literatura, son las causas externas de mortalidad las que provocan un mayor número de defunciones entre los jóvenes a nivel internacional (Dahlberg y Krug, 2006, Rosenberg et al., 2006 y Alvarado et al., 2015) y México no es la excepción: la gran mayoría de las principales causas de mortalidad entre 15 y 29 años encajan en dicho perfil epidemiológico (tabla 1).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la DGIS y la CEPAL.

Figura 1. Tasa de homicidios (por 100 mil habitantes) para los grupos de edad 15 a 29 años y resto de edades (0 a 14, 30 y +), línea de tendencia /modelo lineal) y valor de R2. México, 1980-1993, 1994-92006 y 2007-2014.

Sin embargo, lo que llama la atención es que los homicidios sean –con mucho– la principal causa de muerte en años recientes para ambos sexos: casi una de cada cuatro defunciones de jóvenes de 15 a 29 años en el trienio 2012-2014 ha sido producto de un homicidio. De hecho, las muertes por homicidio en hombres más que duplican el número de fallecidos por accidentes de tráfico de vehículo de motor y casi cuadruplican las muertes por suicidio en este grupo de edades. Aún más, si a los homicidios se sumaran las muertes por eventos de intención no determinada –las que mayoritariamente podrían ser consideradas como homicidio pero no son registradas como tales dado que no se conoce la intencionalidad– casi una de cada tres defunciones juveniles masculinas estaría relacionada con la violencia interpersonal.

Para los hombres jóvenes, los homicidios siempre han sido la principal causa de defunción en los últimos 25 años. No así para las jóvenes, para quienes –a comienzos del presente siglo– los accidentes de tráfico de vehículo de motor eran la primera causa de muerte; no obstante, en el trienio 2012-2014 una de cada 10 defunciones era por homicidio, una proporción que duplica la existente en el periodo 2002-2004, cuando las agresiones ocuparon el segundo lugar entre las principales causas, y 77% mayor que la observada en el trienio 1992-1994.

Para contextualizar estas cifras, se puede señalar que en Estados Unidos, el país del mundo desarrollado con más altas tasas de homicidio, las agresiones serían la cuarta causa de mortalidad entre los jóvenes de ambos sexos de 15 a 29 años (detrás de los accidentes de tráfico de vehículo de motor, los otros accidentes y los suicidios) y serían responsables de alrededor del 13% de las defunciones en este grupo de edad en el año 2013 (Xu et al., 2016).

La evolución del homicidio juvenil en México, 1980-2014

Entre 1980 y 2014, se han registrado en México 425 mil 271 homicidios, de los cuales 206 mil 521 (esto es, casi 49%) son de jóvenes entre 15 y 29 años (DGIS, 2014). En términos generales, el homicidio juvenil en México durante los 35 años analizados ha seguido el mismo patrón del homicidio en el resto de las edades (figura 1): tasas elevadas y estables entre 1980 y 1993 (R2 cercano a cero en ambos casos), un acentuado descenso (R2 cercano a 1 en ambos casos) entre 1994 y 2007 –año que refleja la tasa más baja del lapso estudiado– y un notable incremento a partir de esta fecha (atenuado por el descenso observado a partir de 2013). Eso sí, la tasa de homicidio en el grupo de 15 a 29 años siempre ha sido mayor –al menos en un 33%– a la tasa del resto de las edades en su conjunto.