Historia y nación

La consolidación de una institución: los avatares de las coyunturas

La caída de la hegemonía conservadora en 1930 después de medio siglo de supremacía permitió el acceso al poder y a la vida pública colombiana del Partido Liberal. El nuevo predominio político perduraría durante dieciséis años. En este periodo, la Academia vislumbró con particular claridad la necesidad de fundamentar históricamente al nuevo régimen, del que recibió variados impulsos, y se propuso elaborar una versión liberal de la historia nacional.

El cuadro de la militancia política de los miembros de la entidad se transformó paulatinamente y tuvieron acceso a él prominentes figuras del Partido Liberal como el presidente Eduardo Santos, Luis López de Mesa, Indalecio Liévano Aguirre, Germán Arciniegas, entre otros. Además, en los vaivenes de las disputas políticas, la Academia se apresuró a rescatar con particular avidez la figura del prócer Francisco de Paula Santander, referente mítico de la militancia liberal. Además, Santander se presentaba como una figura muy potable dentro de las coyunturas políticas, porque constituía un importante contrapeso a la figura “extranjera” de Simón Bolívar, bastión legendario de la militancia conservadora.

A partir de 1938 se gestó con apoyo del gobierno de Eduardo Santos un movimiento de reivindicación y exaltación de Francisco de Paula Santander como la “figura patricia de la nacionalidad”. En este momento se establecieron toda clase de calificativos para sintetizar los valores del héroe nacional, entre ellos los que alcanzaron más renombre y que se atribuyeron a la esencialidad de la República fueron Santander: “El hombre de las Leyes”, el “Organizador de la Victoria”, el “Fundador de la República”, el “Forjador de la Conciencia Civil de la República”. Tales epítetos se fraguaron al calor de la conmemoración del primer centenario de la muerte del prócer, en 1940. Para ello, el gobierno a través de la Academia ordenó la erección de estatuas en su honor en varias ciudades del país y la creación de una medalla para los profesores destacados o para los colombianos que hicieran importantes aportes a la cultura nacional.

Pero no solo en estos aspectos inmediatos se concentraron las tareas del rescate de la figura heroica de Santander. La Academia, convertida en bastión de la consagración del gran héroe nacional, además de llevar la batuta en las actividades conmemorativas, se dio a la tarea de estudiar y dar a conocer la vida, la obra y el pensamiento de Santander. Para lograrlo, completó la publicación del

Archivo del general Santander

, que vio la luz entre 1913 y 1932 en 24 tomos, con la publicación de dos libros y varios volúmenes del

Boletín

 en 1940. Después encargó al académico Roberto Cortázar la organización y la publicación de 10 tomos clasificados cronológicamente de las

Cartas y mensajes del general Santander

 y 14 tomos ordenados alfabéticamente con la

Correspondencia dirigida al general Santander

. Después, la Academia conmemoró el sesquicentenario de la muerte del prócer en 1990 y el bicentenario de su nacimiento en 1992 para impulsar la creación de la Fundación Francisco de Paula Santander, por un decreto presidencial en febrero de 1987. La Fundación fue organizada por la Academia e integrada por varios de sus miembros. En su gestión, la Fundación ha publicado hasta el presente más de 87 libros referidos a la vida, obra y la época de Santander.

Si bien el trabajo de la Academia se concentró con todo fervor a consagrar a Santander como el gran héroe nacional, sus gestiones en torno a la consolidación de una herencia hispánica nacional y continental no cedieron terreno en el desenvolvimiento de la Academia. Este afán consagratorio de dicha tradición dentro de la Academia se vislumbra en los fracasados planes de la conmemoración del Quinto Centenario del Descubrimiento de América en 1992, encabezados por el presidente de la Institución, Germán Arciniegas. Pese a los grandes propósitos conmemorativos el gobierno nacional no apoyó los designios de la Academia y todo se concentró en una serie de conferencias y una sesión solemne de la Academia llevada a cabo el 12 de octubre de 1992, en la que dicha institución renovó su homenaje a Cristóbal Colón, la reina Isabel y a España.

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Una vez apuntaladas las tareas de la Academia y su presencia en el ámbito nacional, los miembros de la institución eran conscientes de su participación en los avatares de la política colombiana. Si bien la consagración de la figura de Santander como el gran héroe nacional en la coyuntura política de los años treinta evidenció este papel, tales designios se hicieron más precisos cuando se apeló a la labor histórica y al trabajo de la Academia en varios momentos críticos durante el siglo XX. El mejor ejemplo de esta reclamación se reafirmó en 1948, unos meses después de los acontecimientos desatados tras el asesinato del líder liberal Jorge Eliécer Gaitán. Tras los sangrientos sucesos y el agitado ambiente social y político, el gobierno nacional publicó el Decreto 2388 del 15 de julio de 1948, donde se ordenó intensificar la enseñanza de la historia patria para “atender mejor a la formación del ciudadano e imprimir en el educando un vigoroso sentimiento colombianista”. Con base en ello, en octubre de ese mismo año formuló el Decreto 3408, en el que implementaban las medidas para vigorizar los estudios de “historia patria” en los planteles de educación pública del país.

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El conocimiento histórico surgió de nuevo como un importante instrumento de la educación y del orden social. La razón de ser de esta apelación radicaba en un viejo prejuicio del desenvolvimiento político republicano latinoamericano: “el temor al pueblo”. En las semanas siguientes al 9 de abril de 1948, los periódicos y los partidos condenaron “al pueblo” como una fuerza infrahumana que se había precipitado contra las instituciones de la nación y se dio una de las paradojas que condujo a las violencias de la segunda mitad del siglo XX: la “caracterización del pueblo como la antitesis de la nación”:

El pueblo del 9 de abril llevó a los convivialistas a una revisión atormentada de la naturaleza misma de su sociedad, y del lugar que ocupaban en ella. Sus ideas se colmaron de fatalismo. La destrucción de Bogotá confirmaba los peores temores de conservadores y liberales. Pese a sus esfuerzos colectivos a partir de los años veinte, y a la paz urbana sobre la que habían presidido, parecía que el pueblo conservaba rasgos primitivos y bárbaros imposibles de superar. La Iglesia legitimó e intensificó el rechazo al pueblo al decretar la excomunión de los que habían profanado las iglesias. Curas acompañaban a los soldados a buscar mercancías en los humildes hogares de sus parroquianos. El ejército llegó hasta a cortarles las corbatas negras que llevaban los gaitanistas en señal de luto Los pobres de la ciudad eran llamados despectivamente los “nueve abrileños”, y la única bebida que podían adquirir fácilmente, la popular y barata chicha, fue prohibida dizque porque llevaba a la desmoralización y a la degeneración física y mental del pueblo. En Bogotá no hay estatua ni monumento alguno que conmemore a los muertos del

bogotazo.

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Los criterios en los que se había fundado la nación colombiana dentro de los discursos que se ocupaban del pasado encontraron en estos acontecimientos una corroboración. La deslegitimación de todo lo que tuviera que ver con “lo popular” llevó a la reconcentración de que los verdaderos valores de la nación descansaban en ciertos grupos dirigentes, blancos, letrados y con reconocidos antepasados. La nación solo podía fundarse en aquellos a los que la Academia consagraba como los fundadores de la República.

La creación de una Historia Nacional

A la par con la alteración del orden atribuido a la “ignorancia del pueblo” y al poco sentido de la nacionalidad que pervivía en la “turba”, la Academia retomó un viejo proyecto formulado en 1929: la elaboración de una historia de Colombia. Para llevar a cabo esta pretensión, el Congreso colombiano expidió la Ley 13 de 1948 en la cual se decretaba que:

Artículo 1°

— La Academia Colombiana de Historia emprenderá, a la mayor brevedad posible, la elaboración de una Historia de la República, desde el descubrimiento del territorio hasta la época presente, en varios volúmenes, y con la colaboración de historiadores especializados en cada uno de los ramos o períodos del pasado colombiano. Esta obra deberá estar terminada dentro del término de tres años, contados a partir de la promulgación de la presente Ley, y se irá editando por volúmenes a medida que el contenido de cada uno de estos esté listo para su publicación.

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La obra se convirtió en el mejor motivo para celebrar los cincuenta años de existencia de la Academia; sin embargo, el proyecto presentó una irregularidad palpable. Pese a que el plan de la obra contemplaba 21 tomos, la Ley 13 solo avistó tres años para su realización. Debido a esta situación, la Academia nombró una comisión encabezada por los directores de la obra, los académicos Enrique Otero, Daniel Ortega, Horacio Rodríguez y Luis A. Cuervo, para enfrentar estas dificultades y revisar el plan. Solo hasta 1959 se presentó un proyecto definitivo de la llamada

Historia extensa de Colombia.

 La entrega de los primeros volúmenes se concretó en 1965 cuando se le presentaron los libros al presidente de la República, Guillermo León Valencia, casi veinte años después de haber sido aprobada la realización de la obra. Entre 1965 y 1987, la Academia hizo seis entregas que completaban una obra de 24 títulos en 41 volúmenes. Sin embargo, la faena siguió inconclusa debido al incumplimiento de algunos autores contratados o las dificultades en la financiación de los distintos volúmenes. Por esta razón, bajo la presidencia del académico Germán Arciniegas (1980-1994), la Academia tomó algunas medidas complementarias para salvar las dificultades a las que se enfrentaba la realización de este importante proyecto de la institución. Arciniegas consiguió que se publicaran 15 volúmenes más de lo que se llamó: “Complemento de la historia extensa de Colombia”.

Pese a la homogeneidad del proyecto ideológico y metodológico de la Academia, la

Historia extensa

 resultó ser una colección de libros sin uniformidad y con una calidad muy desigual. La elaboración de esta magna obra manifiesta no solo los obstáculos a los que se enfrentaba una institución que paulatinamente fue quedando marginal en el ámbito cultural colombiano, sino que también expresaba otra serie de agrietamientos en la estructura de esta importante corporación.

Las discrepancias en el monolito

Si bien la Academia se entregó a la tarea de consolidar una representación de la nación en el ámbito cultural colombiano, sus orientaciones metodológicas no lograron un consenso absoluto. Dentro de la propia institución se presentaron disidencias y formulaciones novedosas que se expresaron en diversos momentos a través de la polémica y las disensiones. Las primeras fórmulas disidentes las presentaron dos miembros notables de la Academia: Germán Arciniegas e Indalecio Liévano Aguirre. Los trabajos de ambos autores se inscriben en un tipo de corriente de escritura de la historia que será abordada con detalle en el siguiente capítulo. Si bien estos autores produjeron interpretaciones renovadoras del pasado nacional colombiano, no expusieron esos trabajos en contra de los criterios de la Academia. Ni siquiera sus escritos fueron puestos a discusión en el seno de la corporación. A eso se añade que el desenvolvimiento personal dentro de la Academia de ambos personajes indica el respaldo y la conformación que tenían con los criterios defendidos por la institución. Para mantener cierta continuidad con la exposición me parece más adecuado conservar la mirada a la más renombrada de las posturas críticas dentro de la Academia, expuesta en un breve escrito del académico Juan Friede.

El historiador europeo, vinculado a la Academia como miembro de número en 1962, sostuvo que la historia en Colombia se cultivaba por un pequeño número de personas que abordaban el pasado por razones familiares o por conveniencias políticas e ideológicas. Esta forma de trabajar la historia no permitía, según él, una investigación seria y sistemática y más bien promovía la improvisación y la confusión con el género literario:

En ninguna universidad colombiana existe una Facultad de Historia o Institutos de Investigación Histórica como los hay en Chile, Argentina y otros países. La historia la hace cualquiera que tenga suficiente ocio o entradas económicas que se lo permitan. Las Academias de Historia, únicas instituciones que mal o bien se preocupan por la historia de Colombia, no pueden sustituir a los institutos de investigación ni a las facultades universitarias, así como la Academia de la Lengua no sustituye a los estudios lingüísticos. Su objeto natural e inherente es la

regulación

 y no la investigación.

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Para Friede la tarea de los académicos solo se limitaba a una “

interpretación

 de los hechos —a veces incluso insuficientemente estudiados— con el fin de confirmar tal o cual postura ideológica”. La mayoría de las publicaciones de la Academia no representaban una “severa y reposada investigación”, sino que eran la manifestación más concreta de la improvisación y la generación de “obras que por su estilo y planteamiento pertenecen más bien al género literario que al histórico”. Concluía el importante historiador que:

tal situación produce en los pueblos que ignoran su trayectoria histórica o solo la conocen superficialmente, una especie de “complejo de inferioridad” ante las influencias o las acciones del exterior o ante los graves problemas que se presentan en su vida nacional. Creo que cualquier observador desapasionado puede fácilmente constatar que Colombia está en esta situación y lo estuvo no pocas veces en el pasado.

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Las aseveraciones de Juan Friede, en particular el señalamiento acusador del papel regulador de la Academia, pusieron en claro el carácter con el cual se desarrollaban las actividades de la Academia. Por supuesto, el texto promovió una respuesta redactada por el académico Rafael Gómez Hoyos, que expresaba el sentir de la institución y que se publicó inmediatamente después de que apareció la muy breve síntesis de la posición de Friede.

A pesar de que el artículo de Gómez Hoyos se estructuró como una serie de réplicas esbozadas en el interior de la Academia, se publicó en el

Boletín Cultural y Bibliográfico

 como un informe aprobado por unanimidad para cerrar el debate, al que no se le dio mayor publicidad por petición del propio Juan Friede, y el que se expresa como “ una proposición en la cual la Academia, reafirmando su criterio tradicional, rechace los principios expuestos por el académico Friede, y manifieste por lo menos su extrañeza ante los ataques injustificados de que ha sido objeto por parte de uno de sus miembros de número”.

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Debido a este contexto donde no se evidencian de manera más amplia las posturas de las partes, la contestación de Gómez Hoyos se presenta como un escrito muy etéreo. Gómez Hoyos responde de acuerdo con esas discusiones pero no es un texto que tenga referencias detalladas al artículo publicado por Friede. El escrito de Gómez Hoyos se limitó a tomar una serie de puntos muy generales con base en las citas de los argumentos más variados, desde aquellos que van de la obra Menéndez y Pelayo pasando por Rickert y concluyendo en Toynbee. Una marea de autores de muy difícil conciliación entre sí.

El artículo del académico Rafael Gómez Hoyos trataba de reafirmar los puntos básicos sobre los que descansaba la actividad de la Academia: la defensa a ultranza de los héroes, de las grandes personalidades y el reconocimiento de que “El hecho innegable de que el factor económico y el hombre medio, el hombre común, hayan adquirido en nuestros tiempos una notoria preponderancia, no autoriza a mirar el pasado histórico bajo este solo prisma y con este criterio esencial y casi excluyente”.

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 La Academia no aceptaba una disidencia en su interior y trató, por los medios a su alcance, de conservar sus “criterios”.

Juan Friede, a pesar de sus diferencias, aceptó las directrices de la Academia al mantener en privado las consideraciones que hizo y sobre todo, al colaborar con la máxima empresa de la institución: la

Historia extensa de Colombia

. Friede publicó allí algunas de sus contribuciones más importantes en torno a las sociedades indígenas colombianas, campo en el que fue un pionero y en las que mantuvo una postura distinta a la pregonada por la Academia. En el libro que hizo parte de la

Historia extensa

 manifestó su oposición al cultivo de “la historia heroica” que consideraba a los individuos como los genuinos promotores de la historia. Para Friede:

La investigación del pasado enseña que ningún individuo, se trate de un jefe militar, legislador, filósofo o artista, actúa en el vacío y sin el concurso —positivo, restrictivo o negativo— de grupos sociales a cuya estructura material y espiritual pertenece. Es la sociedad la que, en último término, acepta o rechaza su intervención: unas veces pasivamente; otras, por el contrario, precediendo una lucha entre los diferentes grupos de intereses.

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Juan Friede apuntó al núcleo que sostenía el desenvolvimiento de la Academia y advertía allí los elementos que darían pie al desplazamiento del monopolio del conocimiento histórico ejercido por la corporación. Pero las dificultades de la institución no eran solo epistemológicas.

La marginación de una institución

La homogeneidad ideológica y metodológica de la Academia no impidió que se presentaran una serie de dificultades propias de un organismo que precisaba que sus miembros tuvieran la voluntad de participar y responder a las actividades de la institución. La pertenencia a la Academia se basaba en un carácter honorario. Desde su fundación, el Estado reconocía los salarios de ciertos miembros, pero no de todos. Posteriormente, la pérdida de carácter oficial agravó las posibilidades de exigencia de la Academia con respecto a las responsabilidades adquiridas por sus miembros. La expedición de la Ley 49 de 1958 decretaba que:

Artículo 1°

. — La Academia Colombiana de Historia es entidad cultural autónoma de derecho privado, sin carácter oficial, aunque continuará siendo cuerpo consultivo del Gobierno Nacional, de los Departamentos y de los Municipios en materia de historia.

Artículo 6°

. — Derogase el Decreto Legislativo número 2834 de 8 de noviembre de 1952 por medio del cual se creó el Instituto de Estudios Históricos

Artículo 7°.

 — A partir del 1° de diciembre de 1958, créase la Sección de Coordinación de Estudios Históricos en el Ministerio de Educación Nacional.

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En los años sesenta se hicieron claras las dificultades que la decisión gubernamental implicaba para la Academia. Por ejemplo, padeció los problemas del ausentismo, poca rotación en sus directivas, limitación en los recursos.

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 Para varios miembros de la institución de esta época eran claros los alcances que tenían las vicisitudes externas e internas en el paulatino aislamiento de la corporación.

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 Desde esta época en adelante, la Academia tuvo que apelar a los buenos oficios de figuras con importante presencia en la esfera pública para allegarse recursos. No es fortuita la aclamación del expresidente de la República Eduardo Santos, como presidente honorario vitalicio de la Academia, desde 1962 o la presidencia de la Academia durante catorce años de Germán Arciniegas, cuando el promedio del periodo de la presidencia corporativa era de tres años.

La Academia empezó a ser marginal en el ámbito nacional después de 1958, cuando se iniciaba el periodo del Frente Nacional (1958-1974). En principio, se expresó esta marginalidad en la ineficacia de la Academia para sostener una hegemonía en el ámbito escolar. Después de la coyuntura de 1948 se dio la disminución paulatina de la presencia de las clases de historia patria en los programas escolares. La debilidad de la Academia en este aspecto se manifestó en la poca atención que pudo captar acerca de la recuperación del espacio de la historia patria, tal como lo entendía la Academia, dentro de los programas oficiales de enseñanza. Esta ha sido una de las banderas de la institución desde los años setenta. La Academia no pudo suscitar apoyo a la perspectiva interpretativa que sostiene el horizonte de sus producciones, ya que desde 1984 no se impartió más la asignatura de Historia Patria en los planteles de educación colombiana. Esta marginalidad se evidenciaría con toda plenitud a raíz de la publicación de textos escolares a mediados de los años ochenta, como se verá más adelante.

En este contexto, adquiere significación uno de los señalamientos más interesantes hechos por Juan Friede. El historiador europeo apuntaba al descuido de la institución con respecto a la tarea de formar profesores. A raíz de las críticas llevadas a cabo por Friede, la corporación convocó a reuniones sobre métodos de investigación y enseñanza de la historia.

Pese a los golpes que propinó a la Academia la Ley 49 de 1958, esta misma ley le reconoció a la institución un carácter docente. A partir de este acto jurídico la Academia se concentró en abrir el Instituto Superior de Historia de Colombia, lo cual se logró en 1963. El Instituto retomó la cátedra de Historia de Colombia, que se ofreció con mucha irregularidad desde 1939. La Cátedra se reabrió en 1948 con el nombre de Curso Superior de Historia. Sin embargo, ambos esfuerzos no eran sino la compilación de ciclos de conferencias que fueron publicadas como

Curso superior de historia de Colombia

, pero que no eran empeños en el sentido pedagógico de una institución educativa. La Academia abrió también un Instituto de Estudios Históricos en 1952, pero su misión era coordinar las relaciones de la Academia con el Ministerio de Educación Nacional. El Instituto fue cerrado en 1958.

El Instituto Superior de Historia de Colombia se presentó como el espacio educativo abierto por la Academia. Al principio se denominó como Curso Superior de Historia de Colombia. Después se le cambió el nombre por el de Seminario Superior de Historia de Colombia. Desde 1965, el seminario tuvo un plan de estudios aprobado por el Ministerio de Educación Nacional que autorizaba a la Academia para la expedición del título de Profesor de Historia de Colombia. En 1967 se cambió de nuevo el nombre de este centro docente, imponiéndole el de Instituto Superior de Historia de Colombia y desde 1969 otorgó el título de Experto en la Enseñanza de la Historia de Colombia. Así se mantuvo esta institución de enseñanza dependiente de la Academia hasta que en 1985, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (Icfes) autorizó el funcionamiento de la Fundación Instituto Universitario de Historia de Colombia y la entrega del título de Licenciado en Historia de Colombia.

Las actividades de enseñanza de la Academia proyectadas hacia la comunidad y como un sustento importante de los programas oficiales de educación secundaria tuvieron una característica coyuntural. Todos los reconocimientos como institución docente a estos esfuerzos continuados de la Academia contrastaban con la poca importancia de la historia patria en los programas escolares. Los impulsos de fomento de la enseñanza de la historia, encabezados por la corporación se dieron a raíz del desamparo estatal que significaba la Ley 49 de 1958. Esa misma ley le daba una herramienta de supervivencia, así que el ámbito de la docencia fue una posibilidad de conservación para la institución, que vio en la enseñanza un modo de allegarse recursos y justificar su presencia en el ámbito nacional.

El peso de la Academia en los planes oficiales, por ejemplo, disminuyó desde los años veinte, debido a la ínfima intensidad horaria de la historia patria en los programas oficiales de enseñanza, reducida a dos horas semanales, ampliadas en la coyuntura de 1948, pero hechas a un lado con la pérdida del carácter oficial de la Academia en 1958. Poco tiempo después, el gobierno nacional adoptó una revisión de la enseñanza de la historia que se plasmó en la guía curricular de 1974-1975. Allí se abandonó la glorificación del pasado y se le dio mayor peso al tratamiento de los problemas y los procesos socioeconómicos. Era, pues, clara la presencia de nuevas formas de abordar el pasado y que esos nuevos modos habían alcanzado un lugar importante en el ámbito cultural colombiano, en particular desde fines de los años sesenta en las universidades públicas de las principales ciudades del país. Ante este desplazamiento de los espacios educativos, la Academia incrementó sus esfuerzos por entregar títulos universitarios, pero ellos fueron tardíos con respecto al desenvolvimiento de las universidades públicas, como se verá en otro capítulo, y respondía inadecuadamente a otra coyuntura. Desde 1984, el Decreto 1002 eliminó de los programas oficiales de enseñanza las clases de historia patria, lo cual restó toda legitimidad al esfuerzo para llevar a cabo la formación de licenciados en historia, especialmente si se tiene en cuenta el tipo de orientación interpretativa y metodológica defendida por la Academia.

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Pero el aislamiento de la Academia no solo se enfocó en el marco de la enseñanza. El desplazamiento de la Academia también se dio en el ámbito cultural colombiano. Si se retoma la Resolución 115 del 9 de mayo de 1902 del Ministerio de Instrucción Pública que dio origen a la Academia,

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 se le asignaban allí ciertas funciones como la de fundar museos; arreglar, conservar y formar archivos públicos; cuidar y conservar monumentos históricos y artísticos; estudiar los idiomas, tradiciones, usos y costumbres de las tribus indígenas del territorio colombiano. Estas tareas, en el marco de las transformaciones del Estado, llevada a cabo desde los años treinta, condujo a que varias de las funciones asignadas a la Academia fueran tomadas paulatinamente por organismos especializados. Un ejemplo de ello fue la creación de la Escuela Normal Superior en 1936, de donde surgirían los impulsores de la institucionalización de las diferentes ciencias sociales en el país. Dentro de la Escuela se fundó el Instituto Etnológico Nacional, entidad que se adscribió después al Ministerio de Educación Nacional. Esta institución se encargó de “estudiar los idiomas, tradiciones, usos y costumbres de las tribus indígenas del territorio colombiano”, que se la había asignado inicialmente a la Academia Colombiana de Historia.

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Por su parte, el Museo Nacional, fundado en 1824, que se había puesto a cargo de la Academia para que la corporación lo enriqueciera y fundara otros, desde 1939 pasó a llamarse Museo Arqueológico y Etnográfico, como parte de la fuerza que habían tomado los estudios antropológicos dentro de la sociedad colombiana de la época. La Academia perdió otra de sus funciones. También es notable el modo en el que la Academia fue desplazada en la función archivística, ya que desde 1938 el Estado colombiano incluyó los archivos nacionales como parte de la Biblioteca Nacional de Colombia. A partir de 1989, el gobierno central le dio un importante impulso a la labor archivística y consolidó el actual Archivo General de la Nación.

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 La Academia consideró en 1995 que, debido a las instalaciones anticuadas y la ausencia de los elementos técnicos para conservar su archivo, autorizó su traslado a las instalaciones del Archivo General de la Nación.

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Casi todos los rubros concernientes a las tareas culturales encargadas a la Academia obtuvieron un desplazamiento definitivo cuando en 1958 el mismo decreto que dio fin al carácter oficial de la Academia y creó la Sección de Coordinación de Estudios Históricos en el Ministerio de Educación Nacional. Paulatinamente, el Ministerio de Educación se apropió de las tareas encomendadas a la Academia. El golpe decisivo, en este sentido, se dio en 1968 cuando se creó el Instituto Colombiano de Cultura (Colcultura). El decreto que fundó dicho instituto indicó que era una entidad adscrita al Ministerio de Educación Nacional y debía hacerse cargo de la elaboración, desarrollo y ejecución de los planes de estudio y fomento de las artes y las letras, así como el cultivo del folclor nacional y el establecimiento de bibliotecas, museos y centros culturales. Al instituto se le encargó el cuidado del patrimonio cultural del país, representado por la Biblioteca Nacional, la División de Museos, el Archivo Nacional, el Centro de Restauración, el Instituto Colombiano de Antropología, la División de Inventario del Patrimonio Cultural y el Centro Colombiano de Documentación, Información e Investigación del Patrimonio Musical.

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 Colcultura desplazó de las responsabilidades que se le habían asignado a la Academia en su fundación.

Otro hecho relevante en el desplazamiento de la Academia Colombiana de Historia en el panorama cultural colombiano corresponde a la poca convocatoria y la renuncia de la corporación a organizar congresos nacionales de historia. Los congresos constituyen un instrumento muy importante para reunir a la comunidad de hombres y mujeres que se dedican a estudiar el pasado nacional. Es un marco adecuado para intercambiar y discutir informaciones a escala nacional. Sin embargo, la Academia solo organizó siete congresos en el transcurso de un siglo. La mayoría de estos se convocaron para conmemorar alguna efeméride, como ocurrió con el primero realizado en 1930, en homenaje al centenario de la muerte de Simón Bolívar, y el último en 1974, convocado a raíz de los 70 años de la Academia Antioqueña de Historia. Esta última reunión fue muy cercana a la organización del Primer Congreso Nacional de Historia, organizado por los primeros historiadores profesionales, lo cual demuestra nuevamente la irrupción de nuevos modos de escribir la historia, que desplazaron paulatinamente y de manera clara la presencia de la Ac